Me parece el camino correcto. El 8 de octubre, Mike Pompeo ha anunciado el nombre de otro sancionado. Se trata de José López Bello. Otro de los venezolanos encartados. Pompeo es el secretario de Estado de Estados Unidos. Antes estuvo al frente de la CIA.

El departamento que hoy dirige Pompeo ofrece cinco millones de dólares como recompensa a cualquier persona o grupo que coloque a López Bello en el banquillo de los acusados ante la justicia americana. En el Oeste, donde merodeaban los bandidos y los cazarrecompensas, dio resultado y acabaron con esa plaga. En esos tiempos eran operaciones más crudas: "Se busca, vivo o muerto".

De que el asunto va en serio puede dar fe el presunto ladrón colombiano-venezolano Alexis Saab. Está detenido en Cabo Verde a la espera de su extradición a Nueva York o a Miami para ser juzgado. Le imputan haberse robado en contubernio con las autoridades de Venezuela cientos de millones de dólares relacionados con la comida que importa la dictadura para "el pueblo".

En definitiva, lo acusan de formar parte de la trama internacional del crimen organizado que se ha cebado en Venezuela. Donde están, todos revolcados, Irán, las FARC, el ELN y otros impresentables delincuentes.

La percepción de que Venezuela es una pocilga infecta cuyo gobierno forma parte del crimen organizado transnacional es muy importante

La percepción de que Venezuela es una pocilga infecta cuyo gobierno forma parte del crimen organizado transnacional es muy importante. Recientemente, esto se hizo patente en la ONU. Se sacó a votación si durante dos años más permanecía una comisión que velara sobre la violación de los Derechos Humanos en Venezuela. La misma comisión, presidida por Michelle Bachelet, que había publicado un penetrante análisis de los crímenes cometidos por los esbirros de Nicolás Maduro. Cuba y Venezuela, como es lógico, batallaron tras bambalinas para que no se aprobara. 

¿Resultado? Veintidós países votaron a favor de que se mantuviera esa espada de Damocles sobre el cuello de Maduro, 22 se abstuvieron (que era una forma vergonzante de aprobar la resolución) y sólo tres naciones se atrevieron a votar a favor de Caracas. 

¿Qué naciones fueron capaces de respaldar al dictador Maduro? El propio gobierno de Venezuela, Eritrea, que vota lo que le sugiere Cuba, y Filipinas, dirigida por el abogado Rodrigo Duterte, una especie de vigilante loco, que ha hecho asesinar a miles de personas extrajudicialmente, acusadas de consumo o tráfico de drogas.

La composición de los tres grupos es muy interesante. En el que aprobó la resolución abundan las democracias establecidas, incluida Argentina, donde el propio presidente Alberto Fernández dio instrucciones a la cancillería para que se opusiera al régimen de Maduro, contradiciendo las instrucciones de su vicepresidente, Cristina F. Kirchner.

En el que se abstuvo están casi todos los estados islámicos y algunas satrapías africanas que forman parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. No obstante, comparece el México de López Obrador, un personaje pintoresco que tiene graves problemas con las violaciones cometidas en su país a las que no desea enfrentarse. Entre ellos, los atroces 41 asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa.

Como ha subrayado en repetidas ocasiones el politólogo Sánchez Berzaín, la cuestión de los regímenes como Cuba, Venezuela y Nicaragua –Bolivia y Ecuador se han escapado provisionalmente de esa caracterización- no debe verse dentro del esquema ideológico, sino bajo la óptica del crimen transnacional organizado, para la que existe un antídoto: la Convención de Palermo, organizada con los auspicios de la ONU con el objeto de enfrentarse a las mafias.

Al mismo tiempo, el especialista Sánchez Berzaín ha advertido contra el inmovilismo de los organismos internacionales. ¿Para qué sirve la condena de la OEA, el Grupo de Lima o la ONU, si los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua continúan ejerciendo el poder aunque violen los Derechos Humanos y empobrezcan a sus pueblos insensiblemente?  

Es ridículo esperar que el programa de sanciones y recompensas no seguirá sea quien sea quien ocupe la Casa Blanca

Es cierto, aun cuando al menos quedan los castigos con nombre y apellidos. El programa de las sanciones y recompensas no comenzó con el presidente Donald Trump, sino en 1986 con Ronald Reagan, pero ha sido enriquecido y utilizado por las administraciones demócratas de Bill Clinton y Barack Obama, de manera que es ridículo esperar que quien ocupe la Casa Blanca lo liquide. 

A lo largo de los años el Departamento de Estado ha repartido 130 millones de dólares y continuará "honrando sus compromisos". Hasta ahora 75 importantes delincuentes han acabado tras las rejaa. Eso seguirá, no importa lo que suceda en las elecciones del 3 de noviembre. Seguro.

@CarlosAMontaner. El último libro de CAM es Sin ir más lejos (Memorias). La obra fue publicada por Debate, un sello de Penguin-Random House. Se puede obtener por medio de Amazon Books.