La reforma aboca a un Poder Judicial "comprometido con el programa del Gobierno"

Pues lo han hecho, y de la peor manera además: escurriéndose de someterse a los obligados informes, no vinculantes pero si extraordinariamente influyentes, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, algo básico.

Y es por eso, porque se quieren escapar de los controles legales y morales que supondrían los informes de esas instituciones, por lo que no ha presentado un proyecto de ley el propio Gobierno sino que han sido el PSOE y Unidas Podemos los que lo han registrado como una proposición del ley. Así eluden pasar la ITV jurídica exigible para reformas de este calado. Un movimiento propio de tahúres.

Estamos hablando de la reforma de una Ley Orgánica y del modo en que deben ser elegidos los 20 vocales que componen el CGPJ, el órgano de Gobierno de los propios jueces. Estamos hablando, pues, de un procedimiento capital para la salud de nuestro Estado de Derecho.

Lo que busca Pablo Iglesias es facilitar la puesta en marcha de su proyecto que no es otro que acabar con la Monarquía e instaurar en España una "república plurinacional"

Y estos señores han decidido -sobre todo los de Podemos, que son quienes más han empujado para cometer la barbaridad que se proponen perpetrar- que, como no les es posible pactar en estos momentos con el PP, el principal partido de la oposición, los nuevos vocales que sustituyan a los actuales miembros de un CGPJ que hace dos años que ha cumplido su mandato, van simple y llanamente a reducir por ley el porcentaje de votos actualmente requerido para el nombramiento de los vocales.

Por eso y nada más que por eso, porque eso es lo que les conviene y porque les da la real gana, se saltan la Constitución, se saltan la sentencia de 1986 del Tribunal Constitucional y se disponen a establecer la medida que a ellos más les encaja. ¿Que tienen garantizada la mayoría absoluta en la votación en el Congreso? Pues ponen mayoría absoluta. Pero si no tuvieran garantizados los 176 votos, habrían establecido la mayoría simple y se hubieran quedados tan tranquilos. Porque -sería risible si no fuera trágico- dice el señor Echenique con toda la cara que lo que pretenden ambos, el PSOE y Podemos, es "proteger al poder judicial".

No señores de Podemos, lo que pretenden ustedes no es proteger al Poder Judicial, al que atacan, desacreditan, intentan coaccionar y hasta amenazan cada vez que un juez toma una decisión que les molesta o les perjudica a ustedes, sino controlarlo. Lo que busca desesperadamente Pablo Iglesias en este momento es meter a dos de los suyos en el órgano de gobierno de los jueces para determinar los nombramientos en los más altos niveles de la administración de justicia que les faciliten la puesta en marcha de su proyecto que no es otro que acabar con la Monarquía e instaurar en España una "república plurinacional". Esto es lo que explicó muy claramente Iglesias el 19 de septiembre de este año a los asistentes al Consejo Ciudadano Estatal de su organización, algo que calificó de "tarea fundamental" de su partido "para los próximos tiempos". No hace ni un mes de esto.

Y, claro, para culminar ese proyecto es necesario cargarse antes la Constitución y eso no se puede ni siquiera intentar si no se han tomado previamente posiciones en el CGPJ desde las que influir en los puestos que se puedan conseguir en las cúpulas de los Tribunales Superiores. Y de ahí para arriba. Tampoco se puede intentar si no se ha debilitado gravemente antes la jefatura del Estado encarnada hoy por el Rey Felipe. Y en eso están.

No se trata aquí de hacer ninguna especulación ni elaborar hipótesis de alarma para asustar a los ciudadanos. Lo que estoy explicando se basa en los hechos que todos hemos contemplado y seguimos contemplando cada día.

Y la conclusión es diáfana: Podemos está desesperado por meter una cuña en el CGPJ y el PP, que es consciente de ello y que ha visto y escuchado, como hemos escuchado todos, los ataques furibundos de los miembros más relevantes de ese partido al Rey; sus posiciones beligerantes contra su impecable papel constitucional; sus acusaciones falsarias de que ha roto la neutralidad que la Constitución le impone; su propósito "fundamental" de lograr la república plurinacional; las embestidas a los jueces que les resultan molestos y su propósito formulado también públicamente en febrero de 2016 de tener los puestos clave del Poder Judicial "comprometidos con el programa del Gobierno", todo eso es lo que les ha llevado a no seguir adelante con las negociaciones con el PSOE.

Si siguen adelante con su pretensión preveo un escándalo de dimensiones internacionales porque supone la invasión definitiva del poder político en el ámbito de la justicia

Ésa y no otra es la razón de la negativa del PP a pactar los nuevos vocales del CGPJ: la resistencia numantina a que un partido con semejantes propósitos pueda sentar sus reales en el órgano de gobierno de los jueces gracias a su pacto con el PSOE. En definitiva, gracias a su ayuda.

La respuesta del PSOE no ha sido, sin embargo, negociar un puesto simbólico para Podemos con un juez de su cuerda pero un jurista al fin y al cabo, sino alterar gravísimamente la Constitución, la sentencia del Tribunal Constitucional -que no dice lo que ellos dicen que dice- y el mínimo decoro democrático.

Porque, para empezar, esa mayoría absoluta que quieren imponer para elegir a los jueces del CGPJ la van a obtener con el apoyo de los partidos abiertamente contrarios a la Constitución y a la nación española y que, naturalmente, están más que dispuestos a constituir un Poder Judicial acorde con esa mayoría política que el PSOE -hay que ver lo que han sido y para lo que han quedado- está hoy dispuesto a conformar sin poner un solo reparo político.

Pero es que además es un sinsentido pretender que la Constitución se plantea exigir una mayoría de 3/5 para elegir entre el Congreso y el Senado a los ocho juristas de reconocido prestigio y acepte ni siquiera remotamente que a los 12 jueces del Consejo se les pueda elegir con una mera mayoría absoluta.

Lo que sucede, y hoy se ve con especial claridad habida cuenta de hasta qué extremos han llegado las cosas, es que el legislador constituyente no estableció porcentaje ninguno para elegir a esos 12 jueces ¡porque nunca pensó que fueran a ser seleccionados por las Cortes, como sí lo pensó de los ocho juristas, sino por los propios jueces!

Por esa razón no establece porcentaje alguno, porque esa idea no está en el ánimo del constituyente. Y, desde luego, si lo hubiera estado, es evidente hasta para el más ciego que hubiera tenido buen cuidado en dejar claras las condiciones en que deberían ser elegidos los vocales jueces del Poder Judicial, condiciones que tendrían que garantizar el equilibrio entre las distintas fuerzas políticas con más cuidado aún que la ya cuidadosa elección de los juristas. ¿Por mayoría absoluta, con lo que se aparta de la elección al primer partido de la oposición? Eso ni pensarlo. Pretender tal cosa es retorcer la ley y la Constitución en su letra y en su espíritu hasta límites intolerables.

Pero además hay otro aspecto: no es verdad que el Tribunal Constitucional acepte sin más la elección parlamentaria sin matices de los 20 vocales del CGPJ. La sentencia de 1986 del TC- en pleno apogeo de poder del Partido Socialista- precisamente acepta la nueva fórmula defendida por el Gobierno de entonces porque dice que para que la "composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial", existe la garantía de que la elección se vaya a producir por los 3/5 de cada Cámara. Por eso, y con esa condición, admite la fórmula que modifica la elección que se había venido aplicando hasta aquél momento, de todos los vocales del CGPJ votados únicamente por jueces y magistrados.

Pero esa mayoría de 3/5 es justamente lo que ahora PSOE y Podemos se disponen a eliminar. Esta fórmula que proponen conformará un Consejo del Poder Judicial ahormado a las ideologías de la izquierda del PSOE, la ultraizquierda de Podemos, los nacionalistas del PNV, los separatistas de ERC y de JxCat y los proetarras de Bildu.

Esa será la consecuencia práctica de esta ley infumable que constituye en sí misma un ataque frontal a la independencia del Poder Judicial en España, uno de los tres poderes sobre los que se asienta nuestro Estado democrático.

De esta manera, quedaría conformado lo que Pablo Iglesias defendió ya en 2016: la elección de los vocales del CGPJ teniendo en cuenta su adhesión al proyecto político del gobierno de turno. Claro que también quería, y así consta por escrito en el documento que Podemos envió entonces al PSOE para negociar un gobierno de coalición, que se hicieran con el mismo criterio de proximidad ideológica al poder en ejercicio los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, del Fiscal General del Estado, del Fiscal Anticorrupción, del Fiscal del Tribunal de Cuentas y de el Abogado General del Estado. Totalitarismo puro.

Si siguen adelante con su pretensión preveo un escándalo de dimensiones internacionales porque supone la invasión definitiva del poder político en el ámbito de la justicia. El problema, señores socialistas del Gobierno, es que con su acuerdo de coalición han aceptado unas exigencias y unos métodos de sus socios que no respetan los principios y las normas de las democracias y eso es tanto como intentar poner al zorro a cuidar de las gallinas. Todo lo cual no se puede admitir porque es abiertamente inconstitucional y además porque sabemos bien cuales serían las consecuencias.