Para este "avance", no haber roto la negociación en julio

Después del episodio de la moción de censura parece que el espacio para la negociación entre el PP y el PSOE sobre la renovación de los órganos constitucionales, especialmente el CGPJ y el tercio saliente del Tribunal Constitucional se ha vuelto a abrir y que, según cuenta en estas mismas páginas Carmen Lucas-Torres, se retoman las conversaciones a partir de las posiciones del mes de julio cuando estuvieron a punto de cerrarse los acuerdos.

Todo se torció a partir de la intervención de Podemos a propósito de la salida de España del viejo rey Juan Carlos de Borbón, algo que los de Pablo Iglesias, incluido él mismo, aprovecharon para organizar una arremetida feroz contra la Monarquía española que es la forma política del Estado que la Constitución consagra.

Si ese ataque furibundo y continuado en el tiempo hubiera corrido a cargo de dirigentes menores de Podemos - líderes territoriales, concejales o simples militantes-, la cosa habría podido pasar porque no hubiera sido la primera vez que el partido morado atacara a la institución. Pero el problema es que el líder del partido morado es vicepresidente del Gobierno y que los ataques a la Monarquía constitucional se estaban produciendo, por lo tanto, desde el propio Gobierno, lo cual resulta absolutamente intolerable.

El PP tiene la sartén por el mango ahora que en Europa se han encendido todas las alarmas

Y no sólo eso. Una vez perpetradas las agresiones también al Rey Felipe y hechas por el señor Iglesias aquellas declaraciones ante el sanedrín de su partido, según las cuales “en el momento de crisis de la Corona, una de las tareas fundamentales de Podemos” en el Gobierno será “avanzar hacia un horizonte republicano” para lo cual pedía “valentía” a sus dirigentes y militantes, declaraciones que deberían incapacitarle de entrada para formar parte del Ejecutivo, el señor Iglesias se lanzó de lleno a atacar al Poder Judicial español.

Aquella partida de insultos y descalificaciones tenía su origen en los problemas judiciales que el señor Iglesias y su partido tenían con la justicia pero, naturalmente, eso no le autorizaba de ninguna manera a atacar con esa ferocidad a uno de los tres Poderes de nuestro Estado de Derecho.

En esas condiciones no tiene nada de sorprendente que el Partido Popular se negara a negociar la renovación del CGPJ  y del Tribunal Constitucional con quienes se declaraban abiertamente sus enemigos, a pesar de lo cual mantenían un extraordinario interés en participar en esas negociaciones para introducir a al menos dos de los suyos en el órgano de gobierno de los jueces.

El pensar que Podemos pretende colar en el interior del CGPJ a unos cuantos vocales próximos al partido morado para empezar a minar la institución desde dentro no es ninguna locura toda vez que sus líderes han explicitado cientos de veces su intención de derribar la Constitución vigente en España desde 1978. Y eso no se puede conseguir si no se ha desacreditado y debilitado previamente los pilares jurídicos y políticos que constituyen los cimientos de nuestro sistema democrático.

Por lo tanto, y aunque es verdad que los órganos constitucionales deben ser renovados en tiempo y forma, el PP se resistía a dar entrada a Podemos en una negociación que se hace entre grupos parlamentarios, no entre el Gobierno y el primer partido de la oposición, con lo cual el que el señor Iglesias forme parte del Ejecutivo no le acredita para sentarse en esa mesa en la que ha demostrado un desmedido interés por formar parte.

Las advertencias de unas instituciones y organismos europeos alarmados ante el propósito de PSOE y Podemos de nombrar con una simple mayoría absoluta el nuevo gobierno de los jueces, con lo cual el Ejecutivo de turno controlaría directamente al CGPJ, ha forzado a Pedro Sánchez a guardar en un cajón esa propuesta tan desvergonzada y tan profundamente antidemocrática.

Lo sucedido durante la moción de censura proporcionó al presidente el pretexto para disfrazar lo que era una retirada en toda regla de gesto de buena voluntad por su parte en vista de la posición de un Pablo Casado que rompió todas las amarras con Vox. Y las negociaciones se han reanudado.

Hay que decir que en este momento el PP tiene la sartén por el mango en el sentido de que sus reclamaciones tienen más fuerza ahora que en Europa se han encendido todas las alarmas sobre las intenciones del Gobierno en este punto. Por lo tanto, el Partido Socialista tendrá que aceptar que Podemos no satisfaga su pretensión de sentare a la mesa negociadora.

Será el PSOE el que proponga a sus candidatos y el que introduzca los nombres que puedan satisfacer a Podemos siempre que también resulten mínimamente aceptables para el PP. Esta de los nombres es una cuestión esencial porque no es lo mismo tener un vocal de izquierdas que tener un fanático dispuesto a cumplir una misión de zapa en el seno del CGPJ.

Hasta que no se anuncie el acuerdo no veremos el sentido jurídico pero también político -dado que la elección del nuevo órgano de los jueces por los propios jueces que es lo que, dígase lo que se diga, daba por hecho el legislador constituyente no es todavía una realidad- de la nueva composición del CGPJ y el tercio saliente del Tribunal Constitucional.

Pero insisto: con el importantísimo y determinante respaldo de las advertencias provenientes de Europa a la espalda, lo que sabemos hasta ahora de la posición del PP realmente parece muy escaso, sabe a muy poco. Por ejemplo, ¿qué ha sido de su reclamación del compromiso por escrito para que en la siguiente renovación del CGPJ se vuelva a la elección de los jueces por parte de los jueces?

El retomar las negociaciones de renovación en el punto en el que quedaron suspendidas en julio pasado y admitir que, de alguna manera, Podemos encuentre satisfacción en uno o dos nombres de vocales que les resulten al menos aceptables resulta tan sorprendente como decepcionante. Es decir, que aquí no ha pasado nada y volvemos por donde solíamos. Para ese viaje, mejor no haber roto el inminente acuerdo de este verano.

El haber conquistado el liderazgo del centro político y haberse zafado del cepo que el líder de Vox le tenía preparado en esa moción de censura de la que Pablo Casado salió victorioso, exige dar la talla en asuntos tan decisivos para el sistema democrático como la elección del órgano de gobierno de los jueces.

Por lo sabido hasta hoy, el PP sigue sin dar la talla. Habrá que esperar al acuerdo final  y a los compromisos que ese acuerdo incorpore para ver si Pablo Casado se ha creído verdaderamente su papel o si, por el contrario, todo ha sido flor de un día.