La Guardia Civil aleja el indulto a los condenados por el "procés"

La operación llevada a cabo en Cataluña por la Guardia Civil, que aún deberá ser ratificada en todo o en parte por una sentencia judicial, nos abre una perspectiva hasta ahora desconocida por la opinión pública y que es de la máxima gravedad.

Resulta que hay un grupo de empresarios y antiguos altos cargos de la Generalitat que han estado actuando durante años como el cerebro en la sombra de todo el proceso independentista que culminó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, no sólo en su dimensión política sino también económica, además de financiar, sospecha la Guardia Civil, el movimiento de violencia extrema llamado Tsunami Democràtic que destrozó las calles de Barcelona y de otras ciudades catalanas durante los disturbios a raíz de las condenas por el Tribunal Supremo de los dirigentes secesionistas responsables del llamado procés.

No se podría justificar el que los dirigentes políticos salieran en libertad y quienes les proporcionaron los apoyos se quedaran en la cárcel

Lo que la Guardia Civil ha desvelado es una trama oculta de financiación del proceso independentista basada en detraer fraudulentamente de los fondos públicos grandes cantidades de dinero que se destinaban a poner en marcha la operativa del intento de independencia al que los detenidos ayer prestaban toda su colaboración no solo económica sino también propagandística y de relaciones internacionales. Una red que preparaba además una plataforma de criptomonedas con la que el todavía presidente Puigdemont pretendía evitar el control del Estado sobre los movimientos de capital que se llevaran a cabo para garantizar al movimiento independentista la estabilidad financiera.

Impresionante la grabación de la conversación telefónica entre dos de los implicados en el proyecto, Xavier Vendrell y Victor Terradellas, en la que el segundo explica al primero como la Rusia de Putin estaba dispuesta a aportar entre 100 y 300 millones de dólares a la causa independentista con el propósito de incidir en su  objetivo de desestabilizar y debilitar institucional y políticamente la Unión Europea. Incluso, le dice Vendrell a su interlocutor, Moscú llegó a poner a disposición del ahora fugado Carles Puigdemont nada menos que 10.000 soldados para apoyar con las armas la declaración de independencia de Cataluña respecto de España. El fugado no se atrevió a tanto. Pero la oferta presuntamente existió.

Que tal cosa no se haya consumado no rebaja ni un ápice la gravísima dimensión de los movimientos de estos “promotores”que lo intentaron todo para alcanzar sus objetivos, incluida por supuesto la campaña de desinformación con la ayuda de Julian Assange a quien uno de los ahora detenidos, Oriol Soler, visitó en su refugio de la embajada de Ecuador en Londres, donde estaba asilado.

Y, sin embargo, hasta ayer todos estos responsables del mayor asalto a la legalidad constitucional no habían sido involucrados en él y campaban libremente por la calle libres de toda culpa. Ahora, y a partir de una investigación que en principio no buscaba lo que ha acabado encontrándose, sale a la luz el entramado en la sombra intelectual, político y financiero del proceso independentista.

Carlos Carrizosa, portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en el parlamento catalán, lo explicó con claridad ayer cuando desmintió que las contribuciones económicas al independentismo procedan de las donaciones de los ciudadanos de a pie: “¿Quién está sosteniendo este movimiento independentista? La vieja trama del 3%. Se han montado esta trama, que siempre existió, para favorecer ese movimiento independentista que funciona con aportaciones de empresarios, a los que se les dan contratos, y a cambio de ello financian todo el movimiento”.

El golpe asestado por la Guardia Civil puede ser enormemente importante si el juez establece finalmente que las investigaciones de los agentes responden a la realidad. La investigación no ha terminado porque aún queda por comprobar si los circuitos económicos fraudulentos descubiertos hasta el momento eran también los que financiaban al grupo violento Tsunami Democràtic y la vida y andanzas en Waterloo del fugado Puigdemont.

En cualquier caso, todo esto supone una bofetada de realidad a los movimientos políticos que se están produciendo desde los círculos próximos al Gobierno. Me refiero, por ejemplo, a la decisión de la Fiscalía de no recurrir la absolución por parte del tribunal de la Audiencia Nacional del ex mayor de los Mossos José Luis Trapero –toda España vio que desobedeció las órdenes de impedir el referéndum ilegal del 1-O- , una decisión que sugiere la intención de facilitar lo que el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos dijo hace unos días a propósito de un posible indulto a los condenados por el procés: que era partidario de “generar un marco de normalización, de tranquilidad para Cataluña”. “Todo gesto de normalización es positivo” declaró en una entrevista a un periódico catalán el ministro que se mostraba dispuesto a “apostar por el diálogo y la convivencia, a diferencia de la judicialización, que es la vía por la que otros optan”.

Hay que suponer , por lo tanto, que a este Gobierno –el señor Ábalos no dice lo que dijo sin tener el apoyo de Pedro Sánchez- le parecerá también estupendo que a los recién detenidos por la Guardia Civil se les aplique la “normalización” que consiste al parecer, en no castigar los delitos dependiendo de quién los cometa.

Pero la operación puesta en marcha por los agentes del Instituto Armado pone en aprietos al Gobierno en su intención evidente, aunque nunca confirmada a cara descubierta, de indultar a los dirigentes independentistas condenados por el Supremo porque eso obligaría también a indultar a todos los detenidos ayer que acaben siendo juzgados y condenados por los tribunales. No se podría justificar el que los dirigentes políticos salieran en libertad y quienes les proporcionaron los apoyos financieros, logísticos, propagandísticos e internacionales acabaran en la cárcel y se quedaran en ella cumpliendo su condena. Nada, nada, todos a la calle.

Pero, claro, para rematar una operación semejante tendrían que explicarles a los españoles que en nuestro país los hay que pueden delinquir gravísimamente y atentar contra el ordenamiento constitucional sin que sean sancionados por ello porque al Gobierno le interesa políticamente y para conseguirlo está dispuesto a saltarse la ley y mandarlos a todos a su casa. En definitiva, que  este Gobierno “progresista” se dispone a actuar al margen y por encima de la ley y de los tribunales de Justicia.  No es probable que los ciudadanos lo comprendan y mucho menos que lo toleren.

Por eso insisto en que con la operación puesta en marcha por la Guardia Civil se le han complicado mucho las cosas al señor Sánchez.