O torpeza infinita o indisimulada tentación totalitaria

Johannes Bahrke , portavoz de la Comisión Europea, dice, candoroso y diplomáticamente obligado, que no tiene ningún motivo para creer que el plan del Gobierno español contra la desinformación no vaya a respetar “la certidumbre legal y la libertad de expresión y prensa”.

Nosotros sí. Nosotros, los españoles, por lo menos aquellos que no siguen y obedecen ciegamente lo que el Gobierno ordene, sí tenemos motivos para desconfiar de que eso que él descarta no esté en el fondo de los sueños de este Gobierno, uno de cuyos vicepresidentes, el señor Iglesias, ya dijo en su día que los medios privados de información suponían un atentado contra la libertad de expresión.

Éste fue el mismo personaje que ha repetido en todos los lugares donde se le ha preguntado que si a él le dan a elegir entre la educación y la propaganda él elige “la propaganda, sin lugar a dudas”. “Ya educaremos cuando controlemos un ministerio de Educación”  Esto lo decía en el año 2013 y podríamos pensar que de entonces acá su pensamiento habría evolucionado hacia posiciones más respetuosas con la libertad de expresión.

Pero no ha cambiado, desgraciadamente. Ha dicho en multitud de ocasiones que a él lo que le interesa es el control de los medios de comunicación y que su sueño sería controlar Televisión Española. Su interés por tener las riendas de la comunicación y por asomarse a los más hondos recovecos de la información del Estado es también lo que explica su insistencia ante Pedro Sánchez por formar parte de la Comisión de Secretos oficiales del Congreso, algo a lo que no podía aspirar en principio a menos que se cambiara la normativa para permitírselo, cosa que se hizo para satisfacer sus ansias de control de la información más sensible del país.

De manera que, por ese lado, nosotros sí tenemos motivos, al contrario que el señor Bahrke, que seguramente no ha visto un personaje como éste en los distintos gobiernos de la Unión Europea, para desconfiar de las intenciones de ese Plan contra la desinformación que el Gobierno se ha sacado de la manga sin hablarlo con otras fuerzas ni políticas, ni sociales ni, por supuesto, con los profesionales de la información.

Y el segundo y más contundente motivo que los españoles, sobre todo los periodistas y editores, tenemos para desconfiar profundamente de las intenciones gubernamentales es que han elaborado un proyecto que es exactamente lo contrario de lo que la Comisión reclama: que se mantenga a los gobiernos al margen del control de las fuentes de información.

¿Son tan torpes en el Gobierno que no son capaces de calibrar las consecuencias gravemente amenazadoras que tiene el hecho de que en este plan esté implicada la Presidencia?

Evidentemente, nuestro Gobierno y su élite de asesores han leído el texto elaborado por la Comisión Europea y hay que suponer que, con tanta materia gris por centímetro cuadrado que hay en el amplísimo complejo de La Moncloa, han entendido su contenido y también su intención y sus recomendaciones.

Y ahora hay que preguntarse por qué razón han ignorado lo dicho con tan absoluta claridad por la CE y han elaborado por el contrario un plan que gestionará absolutamente el equipo al servicio del Ejecutivo o, si se quiere, sus terminales gubernamentales. En fin, que todo empieza y termina en la Presidencia del Gobierno contra lo que ordena la Comisión.

¿Cómo no nos vamos a alarmar? Estamos alarmadísimos y no hablo sólo de los periodistas, objetivo indisimulado de esta organización de la Verdad. Hablo de cualquier demócrata que entienda que las razones que expone la Comisión Europea para insistir en que los gobiernos han de mantenerse al margen de cualquier interferencia, presencia o control de un organismo cuya función sea la de detectar y denunciar las informaciones falsas deliberadamente transmitidas para manipular la opinión de los ciudadanos en un determinado sentido, es porque un organismo así en manos de un gobierno se puede convertir en un arma letal para la libre información, y consecuentemente, para la salud del sistema democrático.

Esto lo deja claro la CE. ¿Son tan torpes en el Gobierno español que no son capaces de calibrar las consecuencias gravemente amenazadoras que tiene el hecho de que en este plan esté implicada la Presidencia y que su actividad esté coordinada por el Secretario de Estado de Comunicación, el mismo que en los primeros tiempos de la pandemia seleccionaba, filtraba y formulaba él personalmente las preguntas que le parecían más adecuadas y no todas las que los periodistas pretendían hacer a Pedro Sánchez, una anomalía que sólo acabó después que se produjera un plante de los informadores?  

Pero, para mayor inri, una de las cosas que anuncia el plan es la posibilidad de “la realización de una campaña de comunicación pública" dirigida por esa misma persona, por el Secretario de Estado de Comunicación, en función de  la naturaleza de la campaña de desinformación de que se trate.   

Enfrentarse a campañas de desinformación como las que han promovido con éxito potencias extranjeras de la categoría de Rusia, que intervino en las elecciones norteamericanas que dieron la victoria hace ahora cuatro años a Donald Trump requiere una estructura muy potente y muy bien engrasada y un extraordinario grado de especialización por parte de los profesionales encargados de esa dificilísima tarea.

El Código Civil y el Código Penal son nuestros examinadores y nuestros mecanismos de control. Lo demás o es infinita torpeza o es tentación totalitaria

La versión, tan doméstica, tan casera, del Gobierno español de la propuesta de la Comisión Europea no puede sino empujarnos a denunciar que, si esa estructura monclovita se ha montado sin tener en cuenta el consejo o la experiencia de ninguna entidad privada e independiente, un  sector al que, por cierto, y a tenor de lo que se dice en el documento “se podrá solicitar la colaboración”, el chiringuito de La Moncloa demuestra no tener el menor interés en consultar a nadie más que en el caso -improbable- de que lo consideraran necesario o conveniente. Esto tiene las hechuras de un Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Y hay que preguntar por qué razón esto es así y qué objetivo real se persigue y exigir además respuestas rápidas y creíbles.

“Se podrá consultar”, dice el documento gubernamental, no "se consultará" ni "se deberá", ni se garantiza hacerlo. En estas condiciones es imposible no poner la espalda contra la pared para por lo menos tener ese flanco a cubierto de posibles asaltos de esta Comisión o como quiera que vaya a llamarse, que dice textualmente que pretende “examinar la libertad y el pluralismo de los medios” de comunicación.

Los medios no necesitan que el Gobierno –porque es el Gobierno, no hay más que personas adscritas a él- examine nada. No sólo es que no lo necesitan, es que se niegan a que semejante cosa suceda y están, estamos, en la obligación de denunciarlo.

El Código Civil y el Código Penal son nuestros examinadores y nuestros mecanismos de control. Lo demás o es una infinita torpeza o es una indisimulada tentación totalitaria.