Pablo Iglesias, jefe del Gobierno

No tenía asignadas grandes competencias cuando fue nombrado vicepresidente pero sí tenía, y tiene, una que se demostró trascendental desde el momento en que se desató la pandemia: el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 era el encargado de coordinar los fondos extraordinarios para contratar personal y equipos de protección para lo que ahora se llaman centros sociosanitarios y que antes se llamaban residencias de mayores o de personas dependientes.

Visto lo que hemos visto en estas residencias donde ha muerto una cantidad inasumible de ancianos en condiciones tremendas y en absoluta soledad, y vista la situación en que se encontraban las personas que trabajaban en esos centros, sin protección ninguna y envolviéndose en bolsas de basura durante toda la primera ola de la pandemia, sorprende, escandaliza e indigna a partes iguales que Pablo Iglesias, el responsable de atender esas necesidades y de proveerlas no sólo económicamente sino también organizativamente y en términos de refuerzo de personal se haya reunido una sola vez con los responsables comunitarios de esas áreas.

Una sola vez, el 20 de marzo, justo al comienzo del desastre, y no ha vuelto a convocar ni una sola reunión para coordinar las acciones, atender a las necesidades y gestionar desde su competencia gubernamental todos los centros que esa vicepresidencia gestiona a través del Imserso, que son casi 20 las que dependen de su departamento.

Esto nos da una idea aproximada de lo poco, de lo poquísimo que le importa al señor Iglesias el destino de los miles de ancianos, discapacitados de distinto tipo o enfermos de Alzheimer que hay en nuestro país. Ocho meses hace que el vicepresidente no se sienta con los responsables autonómicos, que es verdad tienen transferidas las competencias, para seguir el desarrollo de los acontecimientos trágicos que se han vivido desde entonces en ese sector sociosanitario.

Es preciso tener un estómago a prueba de bombas para defender lo que algunos ministros están defendiendo en público

¿Para qué está el señor Iglesias ocupando una vicepresidencia en el Gobierno de España? ¿Cuál es su gestión, cuál su tarea concreta? La respuesta es sencilla: ninguna. Estaría ahí sentado, al lado del presidente, pintando la mona, si no fuera por las otras actividades, no de gobierno porque nadie se las había encomendado, pero a las que se dedica en cuerpo y alma y que consisten básicamente en procurar volcar el barco de nuestra democracia constitucional con la ayuda de quienes comparten sus propósitos pero que jamás hasta ahora habían tenido la oportunidad de ni siquiera soñar en hacerlos realidad.

Y aquí tenemos al señor Iglesias haciendo contrapolítica y al Partido Socialista arguyendo que le parece muy bien y que toda la ignominia que estamos viendo es el colmo de los logros de nuestra democracia. Es preciso tener un estómago a prueba de bombas para defender lo que algunos ministros están atreviéndose a defender en público.

Lo cierto es que señor Iglesias no ha hecho en su acción de gobierno nada concreto ni ha contribuido a nada positivo, ni siquiera en la que es su área de responsabilidad. Todo lo que ha perpetrado y que se resume en presionar, maniobrar e influir, ha resultado dañino para el país porque ha consistido en tratar de minar los cimientos de nuestro edificio democrático a base de desacreditar los poderes que lo sustentan: el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Constitución y la Corona. Para eso sí ha hecho un esfuerzo continuado por asociarse con quienes han sido desde siempre sus próximos: los proetarras independentistas y los secesionistas a secas. Y el presidente se lo ha permitido e incluso le ha secundado.

Ejemplos de lo que digo los hay infinitos y de todos los colores pero sólo hay que recordar lo sucedido estas últimas semanas para colocar al personaje en su justa posición. Sus ataques y descalificaciones a los jueces que no dictaban las sentencias que a él le convenían han sido constantes, como lo han sido sus esfuerzos en dejar al Tribunal Supremo a la altura de una banda de magistrados politizados e incompetentes desautorizados y puestos en ridículo por los tribunales europeos.

Suya ha sido también la idea -siempre secundada por Pedro Sánchez- de rebajar el procedimiento de elección del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, a la simple mayoría absoluta, que es tanto como decir a la mejor conveniencia del partido político que está en ese momento en el poder. Es decir, ningún respeto a la separación de poderes, un concepto que no aparece en su cartilla ideológica.

Como no aparece tampoco el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de información, como demuestra esa Comisión contra la Desinformación compuesta exclusivamente por personal dependiente del Gobierno, que aunque no haya sido idea suya, que no lo sabemos, es seguro que le ha parecido de perlas en sus objetivos y también en su dependencia gubernamental.

En su constante esfuerzo por derribar la Constitución y la Monarquía parlamentaria consagrada por ella no ha desperdiciado la ocasión de atacar a la Corona aprovechando las presuntas actividades reprobables del antiguo rey, ataques que tienen por objeto debilitar la muy apreciada figura del Rey Felipe, que es precisamente el mayor obstáculo para que su intento de acabar con la Monarquía en España empezara en algún momento a tener éxito.

Lo mejor que tiene Iglesias y las gentes como él es que no tienen el menor inconveniente en explicar y anunciar con trompetas y tambores sus propósitos, de modo que dejan poco margen para la especulación. Todo lo que se ha afirmado a lo largo de los meses en estas páginas a propósito de Pablo Iglesias ha podido ser apoyado por sus propias declaraciones, de modo que no ha lugar a acusaciones de manipulación o mentira.

Iglesias ha declarado multitud de veces que trabaja y trabajará por una “república plurinacional y solidaria” y no ha desperdiciado ninguna ocasión para atacar desde el Gobierno, y eso es lo intolerable, a la institución monárquica y por lo tanto a la Constitución que la consagra. Y Pedro Sánchez ha estado callado.

Bochornosa y por eso inadmisible fue su actuación en el transcurso del viaje del Rey a Bolivia con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente Luis Arce. Al Rey de España le acompañó a última hora como ministra de jornada la titular de Exteriores Arancha González Laya, porque se había colado como acompañante del Rey- con el beneplácito, hay que decirlo, del presidente del Gobierno- el señor Pablo Iglesias.

Pero a Iglesias no le importaba nada ni respetaba lo más mínimo el hecho de que era el Rey el protagonista único de esa visita. No, Iglesias viajaba con otro propósito que nada tenía que ver con una decisión del Ejecutivo español: hacer un manifiesto “en contra del golpismo de ultraderecha” y aparecer en la foto, su gran obsesión, como uno de los dirigentes españoles más alineados con los líderes latinoamericanos de izquierdas.

Pero Iglesias es miembro del Gobierno de España, al que ha colocado en una difícil e incómoda posición, razón por la que su actuación ha tenido que ser desligada por fuentes oficiales de su condición de vicepresidente. Y Pedro Sánchez ha seguido callado.

Pero ése que ha jugado en su viaje a Bolivia es exactamente el papel que está desempeñando hoy en España: forzar el rumbo que marca la brújula política de nuestro país desde las elecciones de 1977 para torcerlo hacia sus propios deseos y propósitos. Y esto sucede con Pedro Sánchez desaparecido en ese combate esencial para el futuro de España.

Ha sido Pablo Iglesias quien ha estado extraordinariamente interesado -tampoco ha sido el único- en estrechar lazos con el independentismo catalán de Esquerra Republicana para conseguir en la votación de los Presupuestos algo más que la abstención de ese partido en la sesión de investidura de Pedro Sánchez en enero de este año, abstención decisiva que le aseguró la victoria al candidato.

Ahora ha buscado el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado para asegurarse también con ese pacto con los independentistas catalanes que el rumbo que le va a imprimir este Gobierno al país sea precisamente el que se dirija a la plurinacionalidad. Es decir, el de la ruptura de España.

Para eso se les ha ofrecido a los de ERC volver a estudiar el delito de sedición por el que fueron condenados los dirigentes secesionistas, con el fin de suavizar las condenas que ahora contempla el Código Penal, con la correspondiente aplicación retroactiva a los condenados una vez que se consiga modificar el CP.

No contentos con eso, el ministro de Justicia tuvo la deferencia de anunciar en el Congreso a la portavoz de parlamentaria de JxCat, Lara Borrás, que el Ejecutivo estaba a punto de estudiar el indulto a los condenados, cosa que ya se ha producido.

Y por si no bastara a los secesionistas, la ministra de Educación ha incluido en su proyecto de ley la desaparición del castellano como lengua vehicular y la mención del artículo 3 de la Constitución donde se dice que el castellano es la lengua oficial del Estado. Cuestiones todas ellas de la máxima importancia para el secesionismo que cortocircuita así cualquier recurso a los tribunales de los padres que pretendan reclamar la enseñanza en castellano.

Pablo Iglesias le es imprescindible al presidente para continuar en La Moncloa y por eso Sánchez está más que dispuesto a pagar el indigno, despreciable, infame y vergonzoso precio

Todas estas concesiones van mucho más allá de una mera aprobación de los Presupuestos, con ser éstos muy importantes. Tienen el propósito de configurar una España pulverizada como nación porque no sea más que la manera de designar la suma de varias naciones. Es decir, nada. Ésa es la culminación del sueño independentista asumido y llevado a cabo desde el propio Gobierno de la mano del vicepresidente Iglesias. Y Pedro Sánchez aplaudiendo la negociación y callado ante el crimen que se prepara con su colaboración culpable.

Y qué decir de la última hazaña, cuidadosamente negociada y consumada por Pablo Iglesias y su compadre, el terrorista no arrepentido Arnaldo Otegi, para que su partido, Bildu, una formación que recibe con vítores y banderas a los asesinos que salen de las cárceles tras cumplir sus condenas y que jamás ha condenado la trayectoria sangrienta de ETA, apruebe los Presupuestos Generales del Estado.

Y no es que Pedro Sánchez necesite esos votos imperiosamente: no los necesita. Pero los quiere y eso es lo trágico. Los quiere porque Pablo Iglesias necesita a Bildu para conformar su proyecto de destrucción de la España constitucional. Ése es el interés que tiene para Iglesias, con la complacencia silenciosa del presidente, el apoyo de la formación proetarra a las cuentas del Estado.

Pablo Iglesias, con sus 35 tristes escaños como todo poder, le es imprescindible al presidente para continuar en La Moncloa. Por eso Sánchez está más que dispuesto a pagar el indigno, despreciable, infame y vergonzoso precio de apoyarse en los votos de quienes todavía aplauden a quienes asesinaron a tantos españoles de paz, incluidos muchos de sus propios compañeros de partido, y nunca han mostrado el menor arrepentimiento por tanta barbarie.

Dicen ahora que Bildu es un partido legal y que ETA ya no existe. Bildu es un partido legal gracias a la inmensa generosidad de la democracia española. Y ETA existe, claro que existe, aunque no mata. No mata porque no puede y no puede porque ha sido derrotada por la democracia. Pero existe.

Existe en todos aquellos que aplauden a los asesinos excarcelados y en todos los que no reniegan de los crímenes cometidos por la banda. Y la prueba palmaria de que existe aunque no mate es que el propio presidente Sánchez se dirigió este septiembre pasado al senador de Bildu Gorka Elejabarrieta para darle el pésame por el suicidio en la cárcel del etarra Igor González. Más claro, agua.

El acercamiento del PSOE y del Gobierno a Bildu ha sido obra de Iglesias, que no engaña. Él ha dicho muchas veces lo que quiere hacer con -contra- el país y cómo quiere hacerlo: despedazarlo y levantar sobre sus cenizas la república plurinacional que tiene en su cabeza. Y para eso necesita la ayuda de los enemigos de la España unida y de la Constitución que la articula: los independentistas de toda clase y condición, no importa que provengan de ETA, una banda a la que el hoy vicepresidente no ha tenido empacho en elogiar abiertamente en el pasado.

Quien nos ha engañado de la cruz a la raya y con todo descaro ha sido Pedro Sánchez, cuyos compromisos solemnes y públicos se han convertido en las innumerables mentiras pueden ser reproducidas con imagen y sonido en todos los teléfonos móviles de España. Sánchez ha demostrado que está dispuesto a caminar al paso que le marca Iglesias en la cuestión trascendental del futuro de España como nación.

No es Pedro Sánchez quien está dirigiendo el rumbo político de España. Es Pablo Iglesias el que está al frente del timón mientras el presidente del Gobierno sestea tranquilo porque tiene asegurada la legislatura y eso es lo único que le importa. Hacia dónde se dirija el barco parece darle igual.

El trazado de la hoja de ruta se lo ha dejado a su vicepresidente que ejerce en la realidad un poder político que no se corresponde ni de lejos con el que le otorgaron los votos de los españoles. Y que lleva a España hacia el desmembramiento y el desastre.