La política de dispersión de presos etarras ha muerto

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está batiendo récords en materia de acercamiento de presos etarras, es decir, terroristas, a cárceles próximas al País Vasco e incluso a prisiones dentro del propio territorio de la comunidad autónoma.

Naturalmente, esta es una decisión política, que no humanitaria, porque el argumento del sufrimiento de los familiares de los presos por tener que recorrer unos cuantos cientos de kilómetros para visitarlos suena a estas alturas a lamento propio del siglo XIX, cuando todavía se viajaba en carreta por caminos empedrados o llenos de lodo.

A la altura del siglo XXI argüir que se padece un sufrimiento enorme existiendo magníficas autovías, coches modernos y cómodos además de veloces, líneas de autobuses con todos los servicios, trenes limpios y veloces e incluso aviones, resulta verdaderamente increíble y fuera de su tiempo.

Sánchez ha iniciado una carrera acelerada de acercamientos que acabarán más pronto que tarde con todos los condenados por terrorismo en las cárceles vascas

No voy a utilizar el argumento tantas veces repetido de que las familias de los asesinados por los terroristas encarcelados no tienen otro sitio al que acudir a ver a su hijo, a su hermana o a su marido que el cementerio, pero sí voy a reclamar que se deje ya de hablar de "sufrimiento de los familiares" porque resulta insultante no solo para los familiares de las víctimas de ETA sino para todos los españoles.

A lo más que podrían acogerse es a las "molestias que padecen los familiares de los presos" y ni siquiera a los gastos que esas vistas les suponen porque existe desde hace años una asociación llamada Etxerat, que proporciona apoyo, coordinación e incluso ayudas económicas para sufragar los traslados de las familias que lo necesiten a las cárceles.

Por eso insisto: esta es una decisión política y completamente legal aunque moralmente criticable porque esos traslados son uno de los pagos a Bildu, que lo ha pedido reiteradamente, por sumarse a la compañía de partidos que apoya al Gobierno, pero también un pago al PNV por haber hecho posible que Pedro Sánchez accediera a La Moncloa porque sin el inesperado y sorprendente cambio de posición del nacionalismo vasco en cuestión de cinco días, la moción de censura que éste planteó a Mariano Rajoy no hubiera salido adelante.

Sánchez le debe por eso mucho a Iñigo Urkullu desde entonces. Pero ahora la cuenta ha aumentado porque el respaldo inicial de los nacionalistas vascos a los Presupuestos Generales del Estado que supone su voto en contra de las enmiendas a la totalidad, le otorga al grupo que sostiene a Sánchez una vitola de moderación y buen hacer del que carece la mayoría de los demás componentes de la compañía.

Es posible que el PNV, que en la próxima primavera se va a llevar la parte del león de esta pieza cobrada, como es la cesión de las competencias en la gestión penitenciaria, ceda fácilmente por el momento a los de Bildu la explotación del éxito que supone para ese partido el acercamiento de los presos.

Pero eso durará poco. Cuando el PNV tenga en su mano la política penitenciaria, cosa que ya ha pactado el Gobierno que le cederá a la altura de marzo, recuperará la totalidad del poder sobre el mundo de los presos en la medida en que será quien decida cuestiones tan decisivas como la progresión de grado o la concesión del régimen de semilibertad de determinados etarras que aún están cumpliendo condena por sus crímenes.

La experiencia vivida en Cataluña con la Generalitat en relación con los presos independentistas condenados por el Tribunal Supremo permite albergar serios temores sobre cuál va a ser la política del gobierno vasco en este punto.

Afortunadamente Urkullu no es Torra ni es Puigdemont y por eso es de esperar una administración más responsable que la practicada por los independentistas catalanes de esas competencias todavía no asumidas pero que otorgan al gobierno de Vitoria un gran poder sobre el mundo proetarra.

Porque de lo que no cabe duda es de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado una carrera acelerada de acercamientos que acabarán más pronto que tarde con todos los condenados por terrorismo cumpliendo su condena en las cárceles vascas. Es decir, que la política de dispersión se ha acabado, ha muerto.

Es seguro que Arnaldo Otegi está ahora muy satisfecho y más que lo estará en los próximos meses habida cuenta del ritmo que está imprimiendo el ministro Marlaska al traslado de estos presos, pero lo previsible es que el lehendakari Urkullu acabe comiéndole la merienda al líder de Bildu llegada la primavera. Y eso es, por el momento, algo levemente tranquilizador.