El ministro de Justicia, al servicio de los intereses de Pablo Iglesias

Del hecho de que Podemos está ya en posición de campaña electoral con vistas a los comicios catalanes quedan pocas dudas y las pocas que quedan se van despejando conforme pasan los días.

Ha sido cosa de ver como el señor Iglesias se pronunciaba claramente, ya no sobre la necesidad sino sobre la absoluta urgencia de que los independentistas condenados por el Tribunal Supremo recuperen la libertad antes del mes de febrero, que es cuando están previstas las elecciones en Cataluña.

Y para eso, dicen Iglesias y los suyos, habrá que hacer lo que haga falta, tanto si es modificando a toda prisa el Código Penal para rebajar la sanción aparejada al delito de sedición, como si es concediéndoles inmediatamente un indulto por parte del Gobierno.

En su enciclopédica ignorancia, probablemente producto de una pose deliberada, estos señores parecen creer que una cosa tan seria como el articulado del Código Penal se modifica en una tarde apoyándose en un puñado de votos y lleva el mismo esfuerzo y el mismo trabajo que irse a tomar el aperitivo a la cafetería del Congreso: cosa de tres cuartos de hora.

Esta es una de las cosas que reclaman estos días los podemitas con sospechosa insistencia porque su objetivo es sacarle partido electoral a una sonada e hipotética victoria como sería el que los condenados por sedición estuvieran en la calle antes de las elecciones, victoria que, naturalmente, Podemos esgrimiría como obra suya y poder acudir a la convocatoria electoral con la medalla colgando de su pecho de haber sido los libertadores de Junqueras y demás compañeros mártires.

Así podrían concurrir a la cita electoral sin miedo a que su opción quede ampliamente sobrepasada por cualquiera de las candidaturas separatistas y las de la ultraizquierda, que es lo que les ocurre y les preocupa ahora mismo.

Pero si lo de la rebaja penal del delito de sedición y la consiguiente inmediata puesta en libertad de los condenados no estuviera lista para el 14 de febrero, fecha probable pero no segura de los comicios catalanes, no importa: Iglesias y sus compañeros de Podemos tienen listo el plan B, que consiste en que el Gobierno los indulte a todos rápidamente.

Toda esta prepotencia, esta seguridad aplastante que los dirigentes de Podemos van exhibiendo por los platós de televisión y en las ruedas de prensa tiene su origen y su explicación en la privilegiada posición que ocupan ahora mismo como miembros del Gobierno.

Por eso mismo Jaume Asens persona de la máxima confianza de Pablo Iglesias se permitía ayer meter prisa a los magistrados de la Sala de lo Penal que han de estudiar y emitir el preceptivo informe sobre la petición de indulto por el Gobierno de los condenados y se atrevía a lanzar sus sospechas sobre la verdadera causa de lo que él considera excesiva tardanza del Alto Tribunal con el siguiente argumento de autoridad: “El Supremo lleva más de un mes para un informe que no debería costarle más de una tarde”. Éste es el nivel en el que nos movemos forzosamente porque es el nivel en el que se mueven quienes forman hoy parte del Gobierno de España.

Pablo Iglesias quiere acabar con la separación de poderes pero mientras lo consigue o por lo menos lo intenta, quiere sentar a uno o dos de los suyos en la mesa del CGPJ

El problema, con ser grave, no alcanzaría las dimensiones alarmantísimas que está alcanzando si no comprobáramos todos los días cómo el presidente Sánchez y la mayor parte de sus ministros se someten dócilmente a las instrucciones repartidas por el vicepresidente Iglesias que está cada día más crecido y se comporta como si fuera él el verdadero depositario de un poder que nunca le otorgaron las urnas.

La última prueba la obtuvimos hace 48 horas cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo se descolgó anunciando que el acuerdo con el PP a propósito de la renovación del CGPJ estaba ya cerrado y a punto de rubricarse. Estupor en Génova, que se vió en la necesidad de desmentir tal anuncio.

Pero es que a continuación sale el señor Iglesias por televisión y amenaza al Partido Popular con que, si no firma inmediatamente, aquí y ahora, la renovación del Consejo, el Gobierno procedería sin mas dilación a aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que las elección de los vocales se haga por mayoría absoluta y no por mayoría de los dos tercios de la Cámara. Algo que desde Bruselas ya se ha explicado que es inadmisible. Pero a él no le importa Bruselas, le importa él mismo y Pedro Sánchez le deja hacer.

Pero aquí hay gato encerrado. La semana pasada se celebró una conversación entre un alto cargo del ministerio de Justicia y un vocal del actual CGPJ en la que ambas partes estuvieron completamente de acuerdo en aplazar el pacto para la renovación del Consejo hasta que se celebraran las elecciones catalanas.

¿Qué ha pasado en el transcurso de muy poquitos días para que el ministro de Justicia –ojo, que no es el muy prescindible ministro de Consumo ni la ministra llorona de la ley Trans ni el ministro fantasma de Universidades, que  es el Notario Mayor del Reino- se descuelgue con un anuncio que le consta que es falso?

Lo podemos imaginar sin esfuerzo. Ha pasado que, ante la inminencia de la aprobación de los Presupuestos que va a dejar definitivamente asentado a Pedro Sánchez, el señor Iglesias quiere, antes de perder capacidad de influencia y de presión, recoger a toda prisa sus trofeos, uno de los cuales sería alcanzar por ley el control de un Poder del Estado que se le resiste y se le resistirá siempre: el Poder Judicial.

Pablo Iglesias quiere acabar con la separación de poderes pero mientras lo consigue o por lo menos lo intenta, quiere sentar a uno o dos de los suyos en la mesa del CGPJ. Y, desde luego, quiere participar en las conversaciones para su renovación, algo a lo que se oponen los de Pablo Casado con cada vez mayor convicción habida cuenta del proyecto político que ya están poniendo en práctica el señor Iglesias y sus acompañantes de ERC y de Bildu.

Se trata de, cambiando la baraja en mitad de la partida -cosa que al líder morado le parece de lo más natural si eso favorece a sus intereses- acusar al PP una vez más de levantarse inopinadamente de la mesa y de incumplir obstinadamente el mandato constitucional. Se trata, en definitiva, de echarlo fuera del escenario.

Lo sorprendente, lo increíble, lo ignominioso, es que un señor de la categoría de Juan Carlos Campo se haya prestado a semejante operación, una jugada sucia de la que Pablo Iglesias no va, porque no puede, de ninguna manera salir ganador. El Gobierno tendrá asegurada la legislatura pero dudo mucho que, con esta compañía, llegue a su término conservando algo de la dignidad y la talla moral que se le demanda a un gobernante.