Balas de fogueo

La proposición de ley pactada por el PSOE y UP para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato haya caducado ha provocado la respuesta airada de las asociaciones judiciales más representativas, que ven en la iniciativa una intromisión más en la independencia del poder judicial.

La constitucionalidad de esta proposición es dudosa. De hecho, un nutrido grupo de miembros del CGPJ está dispuesto a plantear un conflicto de atribuciones ante el TC. La guerra político/judicial se va enredando hasta extremos difíciles de entender para los no iniciados. E incluso hasta para los iniciados.

El telón de fondo de esta iniciativa es la renovación del CGPJ, que lleva ya dos años en funciones. Si la reforma saliera adelante, lo que no se produciría hasta el mes de febrero, el órgano de gobierno de los jueces no podría hacer nombramientos de jueces en el Tribunal Supremo, las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, y en la Audiencia Nacional. La polémica, a primera vista, no puede ser más negativa para la imagen de la Justicia: los partidos del gobierno quieren evitar que el actual CGPJ haga nombramientos clave en la carrera judicial; es decir, que quieren ser ellos quienes nombren a esos jueces.

Los partidos de la coalición del Gobierno ya amenazaron hace un par de meses con aprobar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reducía de 3/5 a mayoría absoluta el porcentaje necesario para el nombramiento de los miembros del CGPJ. Las instituciones europeas le doblaron el pulso al Gobierno español. Sánchez no tuvo más remedio que dar marcha atrás. Ahora la presión se centra en quitarle poder al CGPJ.

Lo que falta por acordar es quién será el presidente del CGPJ. Campo y López están de acuerdo en que Marchena es el mejor candidato, pero este se niega en redondo

Entre los jueces este movimiento se interpreta como un "farol", "balas de fogueo". Si el PP se sentara a negociar, el Gobierno retiraría esta última propuesta. Las mismas fuentes no descartan que este mismo mes, tras el aniversario de la Constitución, el Gobierno haga un gesto para forzar a Pablo Casado a cerrar definitivamente un pacto cuyos pormenores están acordados desde el pasado 3 de agosto.

El ministro de Justicia tiene razón cuando dice que al acuerdo sólo le falta la firma. El PP nombraría 10 de los 20 miembros del CGPJ; el PSOE otros 10, de los que cedería uno al PNV, otro a UP y otro a ERC. Una fuente de la máxima solvencia, afirma: "se ha llegado incluso al detalle de determinar que al PP le correspondería nombrar siete jueces y tres juristas, mientras que el PSOE nombraría seis jueces y cuatro juristas".

Lo que falta es decidir quién sería el presidente del nuevo CGPJ, que, al mismo tiempo, asumiría la presidencia del Tribunal Supremo. Tanto Juan Carlos Campo como Enrique López están de acuerdo en que el mejor candidato sería el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, que ya estuvo a punto de ser nombrado hace dos años, pero que renunció a ese puesto tras filtrarse el indecente whatsapp de Ignacio Cosidó, ex portavoz del PP en el Senado ("Controlaremos desde detrás la Sala Segunda...). Pero Marchena se niega en redondo a asumir el cargo.

Lo que el PP no explica con claridad es por qué no quiere rematar el acuerdo. Sus excusas respecto a las intromisiones de Podemos no convencen a casi nadie. El cálculo político le podría jugar una mala pasada al líder del PP. Casado debería dar un paso adelante y no aplazarlo hasta después de las elecciones catalanas, como parece ser su intención.

La Justicia ya está suficientemente vapuleada. El PP, como partido con sentido de estado, no puede manejar este asunto con un simple cálculo político.