¿Venganza? No, Estado de Derecho

Una vez conocido el auto del Tribual Supremo que revoca el tercer grado concedido por la Generalitat a Oriol Junqueras y a los otros ocho presos del procés, condenados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, por delitos de sedición y malversación, los independentistas se lanzaron en tromba.

Todos los afectados hablaron de "venganza", término que también utilizó el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Pero el testimonio más revelador fue el presidente del Parlament (y dirigente de ERC) Roger Torrent: "Es vergonzoso que el Gobierno no se atreva a parar los pies a los enemigos del diálogo".

Para los que persisten en romper la unidad de España lo natural hubiese sido que el Gobierno llamara a capítulo a los seis magistrados de la Sala Segunda del TS y les hubiera dicho lo que tenían que decir en su auto. Ese es el concepto que tienen de la Justicia, un poder que debe ser siempre sumiso al Ejecutivo, un poder subalterno y dependiente.

Esa mentalidad totalitaria estaba ya presente en el Estatuto que, afortunadamente, recortó el Tribunal Constitucional en 2010. Justamente, la parte sustancial que se declaró inconstitucional fue la referida a la justicia (esta sí con minúscula). El artículo 97 de aquel Estatuto establecía la creación de un Consejo General de Cataluña -una especie de CGPJ catalán- cuyos miembros serían designados a propuesta de la Generalitat. Con ese Estatuto no se hubiera investigado el desfalco de la familia Pujol, por ejemplo, y ahora los presos del procés estarían en libertad. Si es que alguna vez hubiesen sido procesados.

Lo peor de los independentistas no es que quieran romper España, sino que quieren imponer un modelo totalitario en el que la justicia se arrodilla ante el poder político

El auto de ayer, así como la sentencia del procés, son la prueba de que todavía existe en España un Estado de Derecho homologable al de las grandes democracias. Lo que quieren los socios y allegados del Gobierno es precisamente acabar con esa situación para amoldarla a sus intereses. El escollo fundamental para llevar a cabo sus planes sin cortapisas es precisamente la Justicia (esta sí con mayúscula) ¿O acaso tiene otra explicación el intento de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para reducir la mayoría suficiente para nombrar a los miembros del CGPJ?

El auto de la Sala Segunda del TS no tiene nada de sorprendente, ni mucho menos de "vengativo". Lo que dice el Supremo es que tanto el Departamento de Justicia como los juzgados de Vigilancia Penitenciaria catalanes han concedido la medida de gracia del tercer grado, la semilibertad, de forma "prematura". ¿Es que acaso eso es discutible o interpretable? Ninguno de los condenados ha cumplido la mitad de la pena impuesta. Y la mayoría de ellos ni siquiera ha cumplido la cuarta parte.

Rechazar el recurso de la Fiscalía y permitir la aplicación del tercer grado a los condenados en la causa especial 20907/2017 sencillamente hubiese sido un acto de prevaricación. Vamos, una injusticia meridiana.

La cuestión que no entienden los independentistas socios y allegados del Gobierno es que los políticos, por el hecho de serlo, no pueden recibir un trato de privilegios a la hora de cumplir sus condenas. Más bien, la tendencia en el mundo civilizado es la contraria: recortar cualquier privilegio que proteja a los políticos, como es el caso de la inmunidad parlamentaria.

Lo que dicen los vociferantes soberanistas es que el Tribunal se ceba con los condenados por el hecho de ser "independentistas". No, no y no. Todavía no se han enterado de que su condena no tiene nada que ver con su ideología, tan legítima como cualquier otra, sino con el hecho de haber intentado violar el orden constitucional para lograr su fin: declarar una república independiente en Cataluña.

Así que hoy, los que creemos en el Estado de Derecho debemos estar satisfechos, aunque no debemos perder de vista que últimamente su defensa reside con demasiada frecuencia en la Sala Segunda del Supremo.

Así que, por ello: Gracias a Manuel Marchena; gracias a Andrés Martínez Arrieta; gracias a Juan Ramón Berdugo; gracias a Antonio del Moral; gracias a Andrés Palomo, y gracias a Ana Ferrer. Los seis miembros de la Sala que ayer revocó la medida de gracia de la Generalitat a los presos del procés, utilizando no la política, ni los sentimientos, sino el rigor jurídico.