No a retirar a Juan Carlos I el título de Rey como dice Podemos

Pablo Iglesias está haciendo campaña electoral a costa de lo que sea, incluido el partido que es su socio de Gobierno. Y la está haciendo porque sabe, los sondeos se lo confirman una y otra vez, que su partido desciende de forma continuada en la intención de voto. Por eso ha organizado su campaña electoral desde la vicepresidencia del Gobierno recurriendo a todos los palos que se puedan tocar desde su privilegiado puesto.

Y le da lo mismo que sus propuestas se puedan o no llevar a cabo y cumplir las expectativas de la población, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital, que ha tenido que ser reformado a prisa y corriendo y que hasta el momento constituye un auténtico fracaso y motivo de frustración para la gente más necesitada de ayuda, pero que el señor Iglesias adjudica sin ponerse colorado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, después de haberle apremiado insistentemente para que lo pusiera en marcha.

Una parte esencial del programa de Iglesias es debilitar la fortaleza de las instituciones constitucionales que resisten firmes a sus ataques

No le importa forzar a la parte socialista, concretamente a los ministros Ábalos, Campo y Calviño a estar retrasando la aprobación del decreto para prohibir los desahucios de las familias necesitadas -ahora se le llama vulnerables- y acusarlos de querer compensar a los propietarios de esas viviendas, aunque se trate de bancos y fondos de inversión. Los ministros acusados pretenden proteger algo tan esencial en un Estado de Derecho como la seguridad jurídica, sin la cual España quedaría fuera del circuito de países fiables dignos de la confianza de los inversores. Pero eso le da igual al señor Iglesias, al que lo único que le interesa es que se sepa que él intenta que no se expulse de sus casas a aquellos que no la pueden pagar. Con eso tiene suficiente para sus propósitos.

No le importa nada provocar en un momento especialmente delicado para España, como son sus relaciones con Marruecos, ni poner en un auténtico aprieto a la ministra de Exteriores Arancha González Laya y al propio presidente Pedro Sánchez con su toma de posición, que nadie le había pedido, sobre la conveniencia de que se celebre el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui como ordena la ONU y como, por cierto, les había prometido Franco a los habitantes del Sáhara occidental, algo que no pudo llevar a cabo porque la muerte se lo impidió.

Ni le preocupa que sea un auténtico disparate en las actuales circunstancias su ocurrencia, porque no pasa de eso, de abordar ahora para España la semana laboral de cuatro días y obligar a los ministros socialistas a “matizar” -porque no se atreven a mandarle directamente a paseo- que “no es el momento más adecuado” porque “no hay margen”, ha dicho el ministro Escrivá, para implantar la fórmula que ha vendido a los cuatro vientos su vicepresidente. Y se limitan a recordarle, como ha hecho la ministra de Hacienda, que el asunto “no se ha abordado" en el Consejo de ministros “ni tampoco en el área económica del Gobierno”, como había asegurado Iglesias.

“No debemos desconcentrarnos”, ha aconsejado a Iglesias la señora María Jesús Montero. Pero conviene que la parte socialista del Gobierno no se equivoque: el señor Iglesias no está en absoluto desconcentrado. Todo lo contrario: está perfectamente concentrado en desarrollar una plataforma política que se propone desarrollar a lo largo de los próximos tres años no en términos de puesta en práctica pero sí en términos de creación de un estado de opinión ciudadana favorable a sus propuestas que le permita recuperar los más de dos millones de votos perdidos desde las elecciones de diciembre de 2015, momento en que alcanzó su cénit.

Una parte esencial de su programa de actuación, protegido por su pertenencia al Gobierno de España, lo cual es responsabilidad única y exclusiva del líder del Partido Socialista y actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez, es debilitar la fortaleza de las instituciones constitucionales que resisten firmes a sus ataques: el Poder Judicial, al que intenta controlar por la vía de modificar la elección de su órgano de gobierno dejándolo en manos de la mayoría que apoye al Poder Ejecutivo, y la Corona, es decir, la Jefatura del Estado.

Los ataques a la Constitución, su objetivo último pero para cuyo asalto sabe que debe doblegar aún la resistencia de los jueces y el prestigio del Rey Felipe como símbolo de la unidad y permanencia del Estado español, están siendo redoblados por Iglesias en ambos frentes. Pero el de la Corona, que está en estos momentos en una posición delicada, y no porque la institución como tal esté puesta en peligro salvo por quienes quieren acabar con ella, es ahora mismo un caramelo ante las fauces golosas del líder del partido morado.

Las informaciones a propósito de las finanzas irregulares del viejo rey Juan Carlos I están proporcionando a Iglesias los argumentos suficientes para armar toda una ofensiva contra la Monarquía española. Ese vídeo lanzado por el partido Podemos en el que se insulta a toda la Familia Real y se la calumnia hermanándola con la familia del narcotraficante colombiano Pablo Escobar sería más que suficiente razón para que Pedro Sánchez, que dice defender la Constitución y la Monarquía parlamentaria, expulsara inmediatamente del Gobierno a Podemos con su jefe abriendo la comitiva.

Pero no lo hará porque prefiere caer tan bajo como caiga Pablo Iglesias en su afán destructivo del modelo de convivencia que nos dimos los españoles, que molestarse en buscar sus pactos con partidos más presentables institucionalmente y que no son una amenaza seria para el futuro de nuestro país.

La penúltima ocurrencia de acoso a la Corona, sin que quepa ni por un momento exculpar a Juan Carlos I, que ha sido tan espléndido y ejemplar como Rey como lamentable ha sido su comportamiento como ciudadano, ha consistido en insistir en abrir una Comisión de Investigación sobre las tarjetas opacas del viejo rey y otra petición, presentada por sus socios habituales, todos contrarios a la pervivencia de la Constitución, “sobre las presuntas irregularidades cometidas por miembros de la Familia Real”.

No va a abrirse esa Comisión en el Congreso pero lo único que le importa a Podemos y a sus acompañantes en la propuesta, que saben de antemano que les va a ser denegada porque además carece por completo de sentido, es que se hable de ella, que se siga ampliando el clima social en el que se haga hueco entre la opinión pública el mensaje contenido en el video lanzado por este partido, y los morados se vayan alzando como los abnegados combatientes contra la corrupción instalada en el seno de la Familia Real. Y ahí no hacen distinciones porque en ese saco meten al Rey Felipe y a la Reina Letizia.

Ahora quieren también que se le retire el título de Rey y que pase a ser "el ciudadano Borbón". La pertinencia o no de que el Gobierno de Pedro Sánchez revoque uno de los puntos del Real Decreto de junio de 2014 por el cual "Don Juan Carlos de Borbón [...] continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona" es una opción que ha estado presente a lo largo de estos últimos meses.

Pero es de justicia precisar que en el mismo decreto se explica que este tratamiento singular al Rey "no es sino la forma de plasmar la gratitud por décadas de servicio a España y a los españoles".

Ése es un hecho que ninguna de las irregularidades cometidas por Juan Carlos I podrá nunca borrar. El título vitalicio de Rey no se le concede por su impecable comportamiento ciudadano sino por su magnífica y determinante contribución a que España sea hoy una de las más acreditadas democracias del planeta, algo que todos los españoles debemos reconocerle al viejo rey.

Y eso no lo van a cambiar unas tarjetas opacas ni una señora llamada Corinna ni los millones de dólares como regalo del rey saudí. Ésa ha sido su contribución impagable a España y eso es algo que quedará para siempre en los libros de Historia.

Pero ahora Podemos ha iniciado ya esa nueva campaña –la última por el momento- para que Juan Carlos I sea expulsado como miembro de la Familia Real –compuesta, además de por él, por la Reina Sofía, la Reina Letizia, la Princesa de Asturias y la Infanta Leonor- además de que se le apee del título honorífico de Rey.

Detrás de la pretensión de Podemos se esconde la idea de ir conquistando posiciones para preparar el ataque final a la Monarquía parlamentaria

Y ese es suficiente motivo para oponerse a ello. Entre otras razones porque no es exagerado suponer que, en cuanto hubieran ganado esa partida, lo siguiente que pretenderían sería la modificación de la Ley Orgánica aprobada también en julio de 2014 en la que se incluía un artículo nuevo que establecía que Don Juan Carlos y Doña Sofía a pesar de que hubiera abdicado, estarían aforados mientras vivieran. No habría justificación alguna para mantener aforado al viejo rey cuando hubiera pasado a ser un particular como cualquiera de nosotros y menos que, por ejemplo, el señor Iglesias. Así que ése sería el paso siguiente e inevitable. Privándole del aforamiento lograrían definitivamente que Juan Carlos I pasara a ser el “ciudadano Borbón”, una degradación que satisfaría enormemente a la ultraizquierda.

Y así caería la siguiente pieza del tablero, habría una barrera menos, una casilla más avanzada en la convicción de Iglesias de que el republicanismo es ya una «identidad política» en España, que él augura que será «decisiva» en próximos procesos electorales y que se erige como solución al conflicto territorial en una España donde “la plurinacionalidad es ya un elemento consustancial” del país.

No era ésa mi opinión hace un tiempo. Pensaba que personajes tan queridos por la población de sus países como la reina Beatriz de Holanda, habían perdido con toda naturalidad ese título cuando abdicaron la corona. La reina holandesa retomó su título de princesa de los Países Bajos que ostentaba cuando la soberana era su madre, la reina Juliana. No debía haber, por lo tanto, ninguna objeción a que Don Juan Carlos perdiera su título de Rey aunque en este caso se tratara de una degradación motivada por un comportamiento personal que no ha estado de ninguna manera a la altura de lo exigible a su figura como Jefe del Estado. Sería, sin duda, un castigo.

Pero, conocida la pretensión de Podemos, planteada además como una forma de chantaje al Rey Felipe para que evite de esa manera su “contaminación”, sostienen ellos, tengo que decir que el Gobierno no debe someterse a ninguna forma de presión en esa dirección por parte de Pablo Iglesias y sus socios porque detrás de esa pretensión se esconde la idea de ir conquistando posiciones para preparar el ataque final a la Monarquía parlamentaria consagrada en el artículo 1 de nuestra Constitución.

No está claro que el Gobierno pueda aguantar los próximos tres años el asedio de un líder político que pretende renacer de sus fracasos electorales utilizando durante todo ese tiempo en su exclusivo beneficio electoral la plataforma propagandística de su vicepresidencia del Gobierno. En esta confrontación evidente por más que la parte socialista intente disimular los hechos, es el PSOE el que sale cada vez más debilitado.

A ver si le acaba pasando a Sánchez lo que al lord inglés a quien presta sus servicios un mayordomo astuto y manipulador en aquella película memorable de Joseph Losey titulada “El Sirviente” en la que los papeles de uno y otro poco a poco se acaban trastocando y el mayordomo termina convirtiéndose en el amo de la casa y de la vida de su señor. Ése es exactamente el plan respecto del PSOE del líder de Podemos, cobijado entre los pliegues de su vicepresidencia: empujarlo hacia la inanidad. De momento lo está consiguiendo.