El Rey reafirma su autoridad: ni humillación, ni contrición

Seguramente el discurso de Nochebuena del Rey habrá decepcionado a muchos. Sobre todo, a aquellos que no creen en la Monarquía parlamentaria y piensan que Felipe VI es un mal menor, el usurpador de un poder que no le ha sido otorgado en las urnas.

Pero el Rey estuvo en su sitio. Asumió ayer su papel, sin plegarse a los deseos, a las presiones, de los que pretendían una especie de acto de contrición ¡Qué más le hubiera gustado al vicepresidente Iglesias que Felipe VI hubiese puesto a su padre en la diana, señalándole con el dedo como rey corrupto!

Incluso el presidente del Gobierno hubiese deseado un gesto de distanciamiento más explícito, "más nítido" respecto al comportamiento nada ejemplar de su padre, aún sin llegar a la humillación pública que reclamaban republicanos e independentistas.

Finalmente, el Rey ha hecho el discurso que esperaban la mayoría de los españoles, un mensaje en el que se ha referido a sus principales preocupaciones: la pandemia, la crisis económica que ha provocado, la educación y la situación de los jóvenes.

La referencia al comportamiento poco ejemplar del Rey emérito fue sutil, pero, sobre todo, coherente con el compromiso adquirido el mismo día de su Proclamación en 2014. Entonces habló de los "principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas". Y ayer reiteró: "Unos principios que nos obligan a todos sin excepciones; y que están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o las familiares".

Felipe VI sólo hizo una referencia implícita a su padre cuando habló de los "valores éticos" que nos obligan a todos.

Eso es lo que quería decir. Ni más ni menos. El Rey no podía ni debía ir más allá. Primero, porque no puede asumir que las posibles irregularidades de su padre le afectan a él como Jefe del Estado. Y, en segundo lugar, porque ir más lejos hubiera evidenciado una debilidad que habría dañado a la institución que representa.

El papel del Rey está perfectamente definido en la Constitución. Felipe VI no le debe nada a nadie, ya que es la Carta Magna la que le otorga el papel de Jefe del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas. El Gobierno no puede, constitucionalmente hablando, recortar o mermar sus funciones.

Vivimos en un Estado de derecho y, por tanto, don Juan Carlos tendrá que rendir cuentas ante la Justicia si es que la Fiscalía del Supremo, que investiga tres casos en los que los que aparece su nombre en cuentas opacas o de las que ha recibido pagos no reflejados ante Hacienda, decide imputarle. Felipe VI ha hecho ya todo lo que podía hacer para apartar a su padre de sus funciones. Tampoco se le puede exigir más desde el punto de vista personal: ha sido él quién ha impedido que su padre viajara a España estas navidades.

Lo que hay ahora en España es un pulso sin precedentes entre los que quieren acabar con el llamado "régimen del 78", porque lo consideran heredero del franquismo, y los que creemos que la Constitución en sus aspectos esenciales debe seguir vigente, porque ha proporcionado a este país el periodo más largo de democracia y prosperidad de nuestra historia.

Como en un juego de tronos, Iglesias, como abanderado de esa ofensiva en la que hay que se alinean la extrema izquierda y al independentismo, pretende poner en jaque al Rey. Esa es la llave para provocar de facto una reforma constitucional que liquide nuestro modelo de Estado y, de paso, la unidad nacional.