La posible subida del salario mínimo pone de relieve que la intención de quienes la defienden, lejos de tratar de beneficiar a los trabajadores, los condena a una dependencia cada vez mayor y por tanto más miserable del Gobierno.
No hace falta haber estudiado ciencias económicas para comprender cuanto sigue:
- ¿Por qué retrasa y regatea el Gobierno la subida del salario mínimo? Si la subida del salario mínimo fuera buena, lo mejor sería subirlo pronto y mucho. ¿Por qué un pequeño porcentaje y no al máximo nivel internacional?
- ¿Conocen los progresistas españoles algún producto o servicio que al subir su precio se consuma más? ¿Saben que cuando llegan las rebajas aumenta el consumo?
- ¿Ignoran que no hay ley –y además es imposible que la haya– que pueda obligar a los empresarios a contratar a nadie?
- ¿Saben que en la Segunda República se decretó la contratación obligatoria de trabajadores en el campo con resultados, obviamente, desastrosos?
- ¿Saben que ningún empresario, incluso los social comunistas si los hubiera, puede en su sano juicio contratar a nadie cuyo coste sea superior a los ingresos que pueda generar?
- ¿Saben que los empresarios, incluso aunque quisieran, no pueden subir sus precios para poder pagar salarios mayores sin dejar de vender y por tanto generar capacidad ociosa y estar obligados a despedir a sus trabajadores menos productivos?
- ¿Saben que los trabajadores más perjudicados por la subida del salario mínimo son los que menos capacidad tienen para generar valor que pueda ser apreciado por los consumidores?
- ¿Saben que los precios bajos que fuerzan salarios menores en sectores de poca productividad e innovación tecnológica -bares, repartidores, agricultura, etc– a quien más benefician es a quienes tienen salarios más bajos?
- ¿Saben que en la Segunda República, para aumentar –supuestamente– el nivel de empleo en el campo se llegó a prohibir el uso de maquinaria agrícola, con resultados obviamente contrarios a los deseos políticos?
- ¿Ignoran que el nivel salarial está necesariamente ligado a la productividad del trabajo y que el nivel de esta depende de la educación?
- ¿Saben que una educación de baja calidad está reñida con una alta productividad y por tanto con salarios elevados?
- ¿Saben en nuestro gobierno que los escolásticos de la Universidad de Salamanca, fundadores de la teoría económica allá en el siglo XVII, verdaderos sabios y mucho más seriamente preocupados -por sus creencias religiosas- por la suerte de los pobres que ellos, estuvieron en contra del salario mínimo?
Todo lo dicho es axiomático en una economía de mercado y ya sabemos sobradamente que su alternativa paradigmática, la economía planificada por el estado, solo genera y reparte miseria.
Los más ilustrados miran a los países nórdicos de Europa con sus altos salarios e impuestos confundiendo, ridículamente, la carreta con los bueyes
Por ello, la mayoría de nuestros progresistas –no necesariamente todos- no se atreven a plantear una alternativa radical al libre mercado; de hecho, los más ilustrados miran –cuando les conviene, no siempre- a los países nórdicos de Europa con sus altos salarios e impuestos confundiendo, ridículamente, la carreta con los bueyes.
Y es que, los países con altos salarios los subieron después de aumentar su productividad, no antes, como quisiera este Gobierno. Y antes, para aumentar su productividad, tuvieron que mejorar su nivel educativo para hacerlo posible. Y además, para cerrar su círculo virtuoso, tuvieron que propiciar la innovación, no restringirla como aquí.
En las circunstancias descritas: elevada educación, verdadera libertad de mercado, incesante innovación y salarios elevados, la recaudación fiscal es superior. No al revés, como pretende absurdamente este Gobierno. Los países ricos, excluyendo los petroleros, como es sobradamente conocido, no lo son por sus recursos naturales sino gracias a sus marcos institucionales. Venezuela y Argentina –países declaradamente admirables para los ministros “podemitas”– son sociedades tan empobrecidas como ricas en recursos naturales, debido a sus pésimas instituciones, que aquí se pretenden imitar.
Por todo lo dicho, es evidente que aumentar el salario mínimo y los impuestos, sólo puede cosechar más paro y menos crecimiento económico. Lo contrario, mejorar la educación y con ella la productividad del trabajo, facilitar la innovación mediante una verdadera libertad y unidad de mercado y bajar los impuestos al ahorro y al trabajo es lo que hacen los países ricos, para poder serlo.
En los países ricos, su circulo económico virtuoso consigue que sean muchos más los que trabajan y pagan impuestos que los que viven del Estado; cultivan, por tanto una economía inclusiva –casi todo el mundo trabaja– en la que la autonomía y autoestima de los ciudadanos, así como su responsabilidad personal, son muy altas. Justamente lo contrario que sucede en las economías excluyentes -las dominadas por el desempleo– propias del tercer mundo, caracterizadas por amplias capas sociales incapaces de ganarse dignamente la vida, malamente dependientes del gobierno, con tan baja autoestima como autonomía y desacostumbrados a ejercer la responsabilidad personal.
Los países ricos, excluyendo los petroleros, como es sobradamente conocido, no lo son por sus recursos naturales sino gracias a sus marcos institucionales
Llegados a este punto, es muy difícil creer que quienes legislan en contra de la buena educación no sepan que persiguen con ello; de hecho, bien que lo saben cuando deciden hipócritamente acerca de su propia educación y la de sus hijos en dirección justamente contraria a la de su política. Saben de sobra que están cultivando el voto de los dependientes del Gobierno que engendra necesariamente la mala educación.
España se encuentra, en vísperas de la superación de la pandemia del Covid, en una grave y muy preocupante encrucijada histórica: proseguir con la virtuosa política económica que posibilitó una sistemática convergencia –en renta per cápita– con la UE, que mutó hacia una creciente y anómala divergencia durante el mandato de Zapatero, después revertida con Rajoy y ahora recuperada por Sánchez, o regresar a la convergencia con nuestros vecinos.
Las políticas educativa y económica del Gobierno están claramente orientadas a la divergencia con Europa –hacemos exactamente lo contrario que ellos- en materia de empleo y prosperidad económica, a lo que cabe añadir la deriva política totalitaria: limitación gratuita del control parlamentario, amenazas a la libertad de expresión, enmiendas a la justicia con los previstos indultos a los golpistas y el anunciado e inconstitucional abordaje político al Consejo General del Poder Judicial.
La España dual, propia del tercer mundo que hace mucho habíamos abandonado y que este Gobierno está empeñado en cuajar de nuevo, solo podrá ser evitada si la todavía mayoría de ciudadanos con autoestima, autonomía, integridad –pensar, decir y hacer lo mismo- y responsabilidad personal son conscientes de lo que está sucediendo y actúan en consecuencia en unas próximas elecciones. España, como diría el gran Julián Marías, todavía está en nuestras manos.
La posible subida del salario mínimo pone de relieve que la intención de quienes la defienden, lejos de tratar de beneficiar a los trabajadores, los condena a una dependencia cada vez mayor y por tanto más miserable del Gobierno.
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