La frivolidad de una ley de la Corona de quita y pon

En un plazo de ocho días, ocho, el presidente del Gobierno ha pasado a sugerir la posibilidad de que el Congreso aprobara una "ley de la Corona" a hacer saber que de eso nada, que no va a haber ninguna ley de esa naturaleza.

Bien está, pero en este tipo de asuntos que afectan a la Jefatura del Estado el presidente no debería actuar con tanta frivolidad porque estamos hablando de cosas muy serias y de una Institución, la Corona, que lleva meses siendo asediada y hostigada por fuerzas políticas que saben que es la garantía de la pervivencia de la Constitución de 1978 y precisamente por eso la atacan.

Pero hace bien Pedro Sánchez desmintiéndose a sí mismo porque, tal y como estaba planteada, la cuestión no tenía ni pies ni cabeza. Primero, porque las funciones, prerrogativas y posibles medidas de control o transparencia del Monarca, su heredero o heredera y los miembros de su Familia no pueden estar al albur de las mayorías parlamentarias que se den en cada legislatura. Así que no es posible —sería una locura propia de los antisistema— pretender regularlas por medio de una ley ordinaria, que son las que se aprueban por mayoría simple.

Las posibles medidas de control o transparencia del Monarca no pueden estar al albur de las mayorías parlamentarias que se den en cada legislatura"

Y segundo, porque la sola posibilidad de plantear en estos momentos una regulación legal de la Corona abriría la puerta para que Podemos y demás compañeros deseosos de acabar con la Constitución, entraran a saco para poner en solfa todo el edificio jurídico-político que nos ampara hoy. Y hasta ahí no está dispuesto a llegar el PSOE, cosa que debemos celebrar.

Pero es que tampoco se puede regular por Ley Orgánica porque esa Ley no está prevista en la Constitución. De modo que lo único posible y razonable es que el Rey tome las decisiones que considere oportunas y, de acuerdo con el Gobierno, introduzca las modificaciones que de común acuerdo consideren necesarias para "adaptar la Monarquía a la España del siglo XXI" como anunció Pedro Sánchez hace una semana.  

"Renovación, rendición de cuentas, ahí está trabajando Felipe VI", dijo Sánchez. Algo muy loable porque es necesario que la Corona se despegue definitivamente del daño que el comportamiento privado de su padre, Juan Carlos I, ha causado a la Institución ante la opinión pública española. Pero hay que insistir: esta es una cuestión de la estricta jurisdicción del Rey, que sin duda continuará con la política de mayor transparencia y ejemplaridad que ya inició desde el comienzo de su reinado.

Pero hay otra cuestión pendiente, y es la situación del viejo rey Juan Carlos, prácticamente desterrado de su país, dado que él se ha ido contra su voluntad.

Con el discurso, hoy, del Rey con motivo de la Pascua Militar se cierra el período más delicado para el Jefe del Estado, una etapa que se abrió en agosto pasado con la carta a su hijo Felipe en la que el viejo Rey Juan Carlos I le anuncia su decisión de abandonar temporalmente España para "contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen".

Desde entonces el país ha vivido un tiempo convulso en torno a la pervivencia o no de la Monarquía, un debate promovido y alentado en primer lugar por Pablo Iglesias, líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, e inmediatamente secundado con entusiasmo agitador por los dirigentes de su partido y por sus socios independentistas y proetarras.  

Se trataba, llegó a decir en su delirio el señor Iglesias, de que las familias reunidas en torno a la televisión para escuchar el mensaje de Navidad del Rey, iban necesariamente a reflexionar sobre la conveniencia  o no de la instauración en España de la República como forma política del Estado.

Muy pronto se demostró que las ensoñaciones republicanas del jefe de Podemos no eran más que la consecuencia de sus propias obsesiones porque los varios sondeos de opinión publicados dejaban muy clara la conformidad plena de los españoles con las palabras de esa noche del Rey Felipe, a quien además tienen mayoritariamente en la mayor estima.

Todo este revuelo desestabilizador de la pervivencia de la Constitución tuvo como excusa las noticias de los comportamientos irregulares y presuntamente delictivos del antiguo Rey, sobre los que la Fiscalía tiene abiertas varias investigaciones. Por eso se forzó a Juan Carlos I a salir de España.

El reproche social a Juan Carlos por su conducta como ciudadano no desaparecerá. Eso lo llevará para siempre. Pero ésta es su casa y a ella debe regresar"

Bien, ya lleva cinco largos meses fuera de su país y ninguna decisión de ningún Gobierno tiene la potestad de expulsar a un español de su territorio. Por lo tanto, el viejo Rey puede volver a su patria cuando quiera y ya ha llegado el momento en que lo haga.

Un Gobierno que se atreve a  decir respecto a quienes en Cataluña cometieron el más grave delito, como fue su intento de derribar el orden constitucional y romper la unidad de España que "todos cometemos errores pero es muy importante superar episodios aciagos", ese Gobierno no puede empecinarse en mantener un castigo tan implacable como es el de mantener al anciano rey lejos de su país.

Son muchos y muy reprobables los desmanes privados presuntamente cometidos por Juan Carlos de Borbón. Pero son incomparablemente superiores sus aportaciones institucionales a la conquista de las libertades por los españoles y a la construcción de un marco democrático e incluyente de convivencia que nos ha garantizado los primeros 42 años de paz y bienestar en siglos.

El rey Juan Carlos I debe volver ya a España. Ya se ha superado la etapa de incertidumbre y de ataques interesados a la Monarquía. El presidente Sánchez ya no está tan condicionado por sus socios de legislatura puesto que ya tiene aprobados los Presupuestos y está dando crecientes señales de poner distancia entre su hoja de ruta política y las pretensiones de subvertir el orden constitucional de su compañero de Gobierno.

Ha llegado el momento de que el viejo rey vuelva a su país y espere aquí  a que se resuelvan de un modo u otro las investigaciones abiertas por la Fiscalía, en el bien entendido de que, aunque saliera judicialmente indemne de todos los procedimientos, el reproche social a su conducta como ciudadano no desaparecerá. Eso lo llevará para siempre. Pero ésta es su casa y a ella debe regresar.