La desvergüenza del aplazamiento electoral en Cataluña

Naturalmente, y después de haber tomado la escandalosa decisión de aplazar -en realidad suspender- las elecciones del 14 de febrero, una decisión que se ha tomado nada menos que 25 días después de que los comicios fueran convocados y a 48 horas de que deba producirse la proclamación de candidatos, los independentistas ya se han puesto a hacerse las víctimas.

Oriol Junqueras, desde la cárcel, rescata la aplicación en 2017 del artículo 155 para acusar al Gobierno de que el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya decidido, con muy buen criterio por cierto, aplicar medidas cautelarísimas y dejar sin efecto el sonrojantemente chapucero decreto de la Generalitat por el que las elecciones se aplazan hasta el 30 de mayo, es una orden, o por lo menos, una jugada suya.

Y Laura Borrás se ha apresurado a decir que, después de tanto padecimiento y tanta injusticia padecida por ellos, los independentistas, "ahora resulta que la fecha electoral la decide un  juez […] Ahora no solo se judicializa el resultado sino las propias elecciones. La inseguridad que nos crea la justicia es mayúscula", ha asegurado sin que se le caiga la cara de vergüenza.

Lo que sucede es que por mucho que intenten dar la vuelta a los hechos y explicar al mundo que lo blanco es en realidad negro, hay que ser muy fanático y, por lo tanto, estar muy ciego para no apreciar que son ellos, los dirigentes políticos catalanes, los que asaltan la seguridad jurídica que el TSJC intenta ahora restituir.

Estas elecciones no estaban convocadas por Pere Aragonés por la sencilla razón de que no podía convocarlas: no está entre las competencias de un presidente en funciones convocar a unos comicios. Estas elecciones se celebran siguiendo lo que disponen la LOREG, la ley de Régimen Electoral General, y el Estatuto de Autonomía porque, una vez que el anterior presidente, Quim Torra, fue inhabilitado por el Tribunal Supremo, los líderes de los dos partidos independentistas decidieron no presentar ningún candidato de modo que, acabado el plazo para esa presentación, empezaron a correr los plazos que determina la ley para convocar las elecciones en Cataluña. Y la norma no contempla ningún tipo de aplazamiento de esos comicios que en realidad en este caso es una suspensión con todas sus consecuencias.

No abren los restaurantes pero la gente va a trabajar, a hacer la compra y coge el autobús y el metro. Así que también puede acudir a las urnas siempre que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar la seguridad de los votantes

Por lo tanto, la del 14 de febrero no es una fecha elegida a conveniencia de un inexistente presidente en uso de plenos poderes de la Generalitat sino la establecida por la ley. Es una convocatoria automática. Modificar esa convocatoria sin que se hubieran planteado recursos ante los tribunales habría requerido en primer lugar una sólida fundamentación de los motivos irresolubles que obligaban a la suspensión y en segundo lugar la unanimidad de todos los partidos políticos.

Lo segundo no se ha producido y lo primero no se sostiene porque, con pandemia y todo, en la sociedad catalana los restaurantes tienen drásticamente restringida su actividad pero la gente va a trabajar, a hacer la compra y coge el autobús y el metro. Así que también puede acudir a las urnas siempre que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar la seguridad de los votantes.

Pero es que además, el decreto de aplazamiento pospone los comicios "previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud públicas y de la evolución de la pandemia […] y con deliberación previa del Govern".

En definitiva, que las elecciones se van a celebrar en fecha indeterminada. En mayo o cuando decida el gobierno catalán, que lleva en funciones desde el mes de septiembre, con el parlamento cerrado y cuyo presidente interino no está habilitado por el Estatuto ni por la LOREG para convocar los comicios. El TSJC dirá, pero no creo que haya cobertura legal para semejante despropósito.

No se le escapa a nadie que la situación tiene como base de actuación la tendencia constante de la clase política independentista a ignorar las normas y de someter las leyes a los intereses políticos de quienes gobiernan hoy Cataluña. Es el mismo principio que viene inspirando su comportamiento desde aquella consulta popular convocada por Artur Mas en octubre de 2014 bajo el subterfugio de que se trataba de una mera "consulta ciudadana".

Desde entonces, los independentistas no han cejado en su propósito de poner las leyes al servicio de sus designios y, si eso no les ha sido posible, saltárselas directamente y violar el ordenamiento jurídico al grito de que eso es lo democrático porque es "la voluntad del pueblo".

Son ellos, los dirigentes de la Generalitat, los que han obligado a los tribunales a intervenir a toda prisa porque, de otro modo, y dado que ellos han decidido el aplazamiento cuando ya no quedaba tiempo material para estudiar con una cierta calma los recursos presentados, si en esas condiciones la Justicia hubiera concluido que el 14 de febrero debían celebrarse las elecciones, hubiera sido inútil porque ya no se habrían podido cumplir los plazos. Ni que estuviera hecho a propósito, ciertamente.

Por eso, los jueces han ordenado que se reanuden los preparativos electorales de inmediato en espera de que ellos se pronuncien definitivamente. Pero no han dejado de subrayar en su resolución que las elecciones se convocaron dentro "del mismo marco de estado de alarma decretado por el Gobierno el 25 de octubre" y que está vigente hasta el 9 de mayo.

Es decir, que ya se sabían las circunstancias en que se iban a celebrar las elecciones, pero eso no les privó de agotar deliberadamente todos los plazos legales, movidos por esas performances políticas y testimoniales a las que tan aficionados son esas víctimas profesionales que son los secesionistas.

Ya sabían las circunstancias en que se iban a celebrar las elecciones, pero eso no les privó de agotar todos los plazos legales movidos por esas performances políticas y testimoniales

Es verdad que la lucha contra el virus no está dando resultados y que los índices de contagios no hacen más que crecer en toda España. Pero también es verdad que en muchos países igualmente azotados por la pandemia se han convocado elecciones y la población ha votado sin problemas, entre otros procedimientos por el del voto por correo que está vigente y funciona también en nuestro país. Sólo hay que mirar a los Estados Unidos, donde se ha producido una participación histórica a pesar de ser uno de los países más golpeados por la Covid-19, si no el que más. Ésa de poner a punto el sistema de voto por correo es una tarea que compete a las autoridades catalanas y que deberán haber tenido perfectamente engrasada para cuando se abrieran las urnas.

El recurso a las elecciones gallegas y vascas, que fueron aplazadas de abril a julio, es el argumento al que están recurriendo en Cataluña quienes no quieren que se vote el 14-F. Pero es que cuando se decidió ese aplazamiento, que insisto en que es una suspensión, estaba vigente el confinamiento domiciliario de todos los españoles. Y además sus legislaturas terminaban en septiembre y octubre, respectivamente.

En el caso catalán, no sucede eso porque el calendario de estas elecciones viene impuesto por la ley, no por la decisión en función de sus cálculos electorales de un presidente electo con plenos poderes que no existe a día de hoy en ese territorio.

No son, pues, situaciones comparables. Conviene recordar que, cuando se estableció la fecha definitiva para los comicios vascos y gallegos para el 12 de julio y ante la pretensión de algunos partidos, entre ellos el PSdG, de aplazarlos aún más, los asesores de la Xunta hicieron notar que "existe el riesgo de que si no se convocan ahora las condiciones [sanitarias] pueden llegar a ser peores y la convocatoria podría peligrar por nuevos rebotes o posibles confinamientos".

Lo mismo se puede decir ahora en Cataluña: nada garantiza que la amenaza del virus esté controlada, con lo que podríamos asistir a sucesivos aplazamientos hasta que... hasta que las condiciones políticas favorezcan a alguno de los partidos que se muestran ahora tan fervorosos defensores del aplazamiento.

En términos generales, todo esto tiene un aire de desvergüenza difícil de tolerar. Y eso es también aplicable a los partidos del centro derecha que se han puesto de perfil porque han calculado que pueden tener más tiempo para recomponer sus perspectivas de votos.

Ay Cataluña, lo que has sido y para lo que has quedado...