Todos pretenden manipular la fecha electoral en su propio beneficio

EL CIS ha madrugado mucho esta vez y se ha descolgado, muy oportunamente, con la publicación, una semana antes de lo que habitualmente hace, del sondeo preelectoral sobre los comicios catalanes. Y da al candidato socialista como ganador de estas elecciones, lo cual puede servir como reclamo para los votantes deseosos de tener un presidente de gobierno no independentista, pero también como argumento de los partidos independentistas en el sentido de que los recursos presentados contra la suspensión de la convocatoria electoral responden al propósito socialista de utilizar a los tribunales para asegurarse la victoria ahora que el “efecto Illa” parece haber dado alas a las listas del PSC.

Lo que ocurre es que lo mismo podría decirse en sentido contrario de quienes, en el ámbito del independentismo, pretenden suspender las elecciones para convocar unas nuevas en el mes de mayo: para tener a los líderes presos ya indultados y haciendo campaña, e intentar así mejorar sus posiciones y ganarle la partida a su rival más inmediato ahora mismo, el PSOE.  

De modo que este aplazamiento, que no es tal sino una suspensión pura y dura porque el 14 de febrero es la fecha obligada para celebrar los comicios dado que se han agotado todos los plazos establecidos por la ley desde que el anterior presidente Quim Torra  fue inhabilitado por el Tribunal Supremo, puede estar siendo utilizado de forma espuria por todos.

Pero lo que no admite duda es el hecho de que ésta ha sido una convocatoria determinada, no por el cálculo de oportunidad elaborado por un presidente facultado para disolver la Cámara, sino fijada por razón del transcurso de los tiempos previstos para cada tramo parlamentario en el proceso electoral, tiempos que se han agotado por la voluntad deliberada de quienes tenían la potestad de haberlos resuelto antes de que concluyera el plazo.

El sondeo del CIS ha servido también para que se desaten las quinielas y se planteen las distintas fórmulas de coalición, dando por hecho que ninguno de los partidos que concurren a las urnas va a poder gobernar en solitario

Por lo tanto, no tiene sentido que, ante la anomalía y posible ilegalidad de saltarse las normas y suspender las elecciones para convocar unas nuevas -para lo que el actual presidente en funciones Pere Aragonés no está facultado por ley- se rasguen ahora las vestiduras y acusen a Pedro Sánchez de utilizar los recursos ante el TSJC para favorecer las opciones ganadoras de su candidato. Porque aunque tuvieran razón, que probablemente la tienen, la culpa es suya por haber intentado lo contrario para favorecer sus propias opciones. Lo que están tragando ahora son unas cuantas cucharadas de su misma medicina.

El sondeo del CIS ha servido también para que se desaten las quinielas y se planteen las distintas fórmulas de coalición, dando por hecho que ninguno de los partidos que concurren a las urnas va a poder gobernar en solitario. Y ya están los socialistas dejando caer que no tienen el menor interés en pactar con ERC y reeditar los tripartitos de infausta memoria que promovieron primero Pasqual Maragall y después José Montilla, los dos únicos socialistas que han accedido a la presidencia de la Generalitat desde 1980.

Dicen que prefieren un pacto con los de Podemos de Cataluña. Pues, francamente, con la experiencia que están -que estamos- teniendo en el Gobierno de la nación, no le arriendo yo la ganancia a Salvador Illa como hipotético presidente de la Generalitat. Y además no resulta ni mínimamente creíble pensar que el PSC va a mantener a ERC al margen del gobierno pero  apoyándolo desde fuera durante toda la legislatura.

Eso podría ser así siempre que el Gobierno se decidiera a indultar a unos presos secesionistas antes de los comicios si estos no tuvieran lugar en febrero sino en el mes de mayo. Pero si Pedro Sánchez hiciera eso, ya podía Salvador Illa ir despidiéndose de la victoria electoral en primavera, de modo que no lo hará y ahora mismo estará rezando a todos los santos –santos laicos, por  supuesto- para que el Tribunal Superior deje las cosas como están y ordene celebrar las elecciones en la fecha prevista del 14 de febrero.

Y no digamos la pretensión de que Ciudadanos se vea en la obligación moral y política de apoyar un gobierno no independentista en Cataluña. ¿Cómo dice? ¿Un gobierno “no independentista” cuyo socio es la rama catalana de Podemos y que pretende el respaldo de ERC cuyo líder, Oriol Junqueras, acaba de decir que no renuncia a la declaración unilateral de independencia y que apuesta por un gobierno en el que estén JxCat, los Comuns y la CUP?

Este planteamiento forma parte del delirio en el que sin duda han caído los estrategas del PSOE ante los datos proporcionados por sus propios sondeos confirmados ayer por los del CIS del señor Félix Tezanos y que, sin duda, les están haciendo levitar en su desvarío.

Con todo, desde el Gobierno de la Generalitat ya se está avanzando, por si acaso, que, si se celebraran en la fecha del 14 de febrero, los resultados de las elecciones podrían adolecer de falta de legitimidad porque muchas personas no se atreverían a salir de sus casas a votar por miedo al contagio. Por lo visto, la elevada abstención sería en este caso motivo de ilegitimidad.

Eso se resolvería poniendo a punto un perfecto sistema de voto por correo y proporcionando un sistema igualmente garantista de urnas móviles para recoger el voto de los ancianos de las residencias y de los enfermos en los hospitales. Pero ellos se están poniendo la venda antes que la herida para que no les coja desprevenidos de argumentos defensivos una posible derrota.

Claro que si los resultados dieran la victoria a los independentistas la sombra de la ilegitimidad de las elecciones se esfumaría con el viento. Esto ya lo ha explicado hace muy poco Donald Trump con su tosquedad habitual: estas elecciones son un fraude si no las gano yo. Pero si las gano, son el resultado de un impecable procedimiento democrático.

Todo, también la suerte de Salvador Illa, está pendiente de lo que determine el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que hará pública su resolución antes del 8 de febrero, es decir, en plena campaña electoral. Si el TSJC dictamina que las elecciones se pueden celebrar en mayo -cosa que dudo- el todavía hoy ministro de Sanidad se va a quedar literalmente colgado de la brocha y en tierra de nadie, para satisfacción del independentismo. Y a Pedro Sánchez se le va a quedar cara de tonto por haber lanzado la candidatura de su “tapado” antes de tiempo.

Esto se está convirtiendo en una película de suspense.