Los condenados volverán inexorablemente a la cárcel pero pueden por ley participar en la campaña

Pues ya los tenemos otra vez en la calle, en esta ocasión listos para participar en la campaña electoral y, en el caso de Oriol Junqueras, para dar un empujón a las menguantes perspectivas electorales de un candidato con tan poco tirón popular como Pere Aragonés.

Lo que ha hecho Esther Capella, consejera de Justicia de la Generalitat, es intentar volver a ignorar la sentencia del Tribunal  Supremo de octubre de 2019 y tirar como papel mojado los autos del Alto Tribunal hechos públicos no hace ni siquiera dos meses.

En esos escritos el Supremo ya advertía que la administración de Justicia y la política penitenciaria que de ella pudiera derivarse deben en todo caso acatar la legalidad, lo cual “no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica sobre la que se fundamenta la condena”.

Pero sus señorías saben, lo han sabido siempre, que toda la administración catalana, y desde luego su departamento de Justicia, está en manos de los propios condenados, que pueden así condicionar a su antojo las decisiones de una consejería que ha pretendido siempre traducir en hechos -la libertad de sus jefes- su desacuerdo con la sentencia condenatoria.

Por eso los magistrados advirtieron en su auto que “los órganos administrativos no pueden convertirse en una tercer instancia que decide a voluntad si las decisiones de los tribunales son justas o injustas”. Pero esto es exactamente lo que está sucediendo en el caso de los  secesionistas condenados.

Ya digo que no hace ni dos meses que el Supremo devolvió a la cárcel a los que ahora la Generalitat vuelve a sacar a la calle porque los necesita para intentar ganar las elecciones. Y lo hace a pesar de haber sido advertidos sus responsables que estaban incurriendo en un fraude de ley.

No les importa, ni les interesa. Lo único que quieren es cubrir sus necesidades políticas aunque para ello haya que ignorar olímpicamente el cumplimiento de la ley y las sentencias de los tribunales. Esto es lo que hay.

Y por eso, porque se sabe con qué clase de políticos se enfrenta el ordenamiento español, los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio a los independentistas condenados solicitaron en su escrito de conclusiones definitivas a la Sala juzgadora que aplicara el artículo 36.2 del  Código Penal que dice que “cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma”.

Desde el punto de vista del relato heroico y de martirio al que tan aficionados son los independentistas catalanes, no hay color: un Junqueras en carne mortal ganará de calle a un Puigdemont en holograma

Los fiscales se temían que iba a suceder lo que finalmente ha sucedido,  y por dos veces además. Pero el Alto Tribunal no quiso aplicar ese artículo porque no consideró adecuado anticiparse a esa posibilidad y porque, aseguraba en su sentencia, “Estas decisiones tienen su cauce impugnativo ordinario y pueden ser objeto de revisión".

Pero, independientemente de que el fiscal recurra este tercer grado concedido otra vez graciosamente y en fraude de ley por la Generalitat a los condenados, hay que aclarar que todo preso en segundo grado dispone para su libre disposición de un número de días al año en que puede salir de la cárcel. Y que esos días puede acumularlos hasta un límite cercano a una semana.

Eso quiere decir que tanto Junqueras como el resto de los secesionistas condenados por el TS podrían, aunque la consejera de Justicia no les hubiera regalado este tercer grado, asistir a los mítines y participar en ellos, con su presencia física o por vía telemática como parece que se va a desarrollar fundamentalmente esta campaña. Es decir, con con la aplicación del artículo 26.2 o sin ella, los tendríamos en la campaña electoral porque la ley se lo permite. De ese espectáculo no nos habríamos librado en ningún caso, es importante saberlo para enfocar adecuadamente la situación.

Lo que aquí se recurre, para desesperación del ministerio fiscal, es la decisión de la consejería de Justicia de conceder el tercer grado a estos señores, lo cual le obliga a repetir el trance de volver a recurrir ante los jueces de Vigilancia Penitenciaria esa puesta en libertad fraudulenta, aunque la consejera Capella quiera vestir de ortodoxia su intento de encubrir el atropello legal que está cometiendo. La explicación para este comportamiento de la consejera es muy clara: los que gobiernan Cataluña son los que están en cárcel y los que están fuera son sus subalternos. Y cumplen las órdenes que reciben.

El Tribunal Supremo fue extraordinariamente escrupuloso y no quiso anticiparse a prever, para impedirlo,  unos sucesos como los que se han producido. Es más, dejó a la propia Fiscalía la opción de reaccionar frente a estas decisiones de la administración, lo cual, aseguraba el Tribunal, era una garantía que justificaba su decisión de no imponer la aplicación del 36.2.

Ahora se repetirá la secuencia: la Fiscalía recurrirá esta puesta en libertad ante los jueces de Vigilancia Penitenciaria, algo que ahora quizá podría tener efectos suspensivos. En cualquier caso, y en el caso de que no los tuviera, si el juez admite los recursos, y todo el proceso se hace diligentemente, los presos podrían volver a la cárcel de forma inmediata. Si no los acepta, el fiscal recurrirá ante el Tribunal sentenciador, que volverá a revocar la decisión de la Generalitat. Y, entonces sí, la decisión del gobierno catalán quedará automáticamente sin efecto.

La cuestión está en saber cuanto tiempo se demorarán los plazos porque, si los jueces de Vigilancia Penitenciaria tuvieran pronto la documentación requerida y dieran rápidamente sus respuestas, todo podría estar terminado antes del día de las elecciones pero, eso sí, siempre habiendo consumido los presos sus días de libertad, lo que se llaman en la vida normal "días de asuntos propios". Pero ese pronto regreso a prisión no está ahora mismo ni mucho menos garantizado.

En cualquier caso, estos días de campaña son para los independentistas de ERC de una importancia vital porque van a ser aprovechados para que su líder Junqueras, que está inhabilitado pero no privado del derecho de manifestación y participación política y, por lo tanto, de expresar sus opiniones en público, pueda recorrer todas las plazas electorales que le dé tiempo y levantar así el entusiasmo de sus fervorosos pero alicaídos seguidores.

Para todos los que asistimos estupefactos a tanta burla de la legalidad, nos queda la esperanza de que todos estos condenados volverán a la cárcel, sea antes o sea después de las elecciones

Esto es algo que necesitan los de su partido como el aire que respiran porque temen que pueden ser superados electoralmente por los socialistas con su nuevo candidato Salvador Illa y hasta por los de JxCat con Laura Borrás al frente de la candidatura.  La gran ventaja que tienen ahora mismo los republicanos es que Oriol Junqueras está aquí mientras que su rival en el independentismo Carles Puigdemont sigue huido en Bélgica.

Desde el punto de vista del relato heroico y de martirio al que tan aficionados son los independentistas catalanes, no hay color: un Junqueras en carne mortal ganará de calle a un Puigdemont en holograma. Por eso Esther Capella, que es de ERC, se ha decidido a intentar burlar otra vez a la ley y al Tribunal Supremo probablemente cometiendo prevaricación, algo que a Fiscalía podría plantear ante la Junta de Fiscales. Pero a ella eso no le importa.

La operación no le va a durar mucho tiempo pero para su estrategia es más que suficiente. El panorama es el siguiente: Oriol Junqueras sale en régimen de semilibertad,  los suyos sacan al santo en procesión y lo mueven por Cataluña entera, él  habla a su gente, reivindica su sueño de esa independencia que acaba de decir que sigue queriendo declarar de forma unilateral y levanta el ánimo apagado de una población con el ánimo hoy muy golpeado por la tragedia del ataque de este virus asesino.

Y si sucede que días antes de la celebración de las elecciones, Oriol Junqueras vuelve a ser encarcelado por orden del Tribunal Supremo, mucho mejor para los propósitos de su partido: el aura del martirio lo envolverá de nuevo, con más luz si cabe que en los tiempos pasados. Y, a partir de ese momento cenital, sus correligionarios no tienen más que dedicarse a encender el victimismo, del que son unos maestros, hasta el mismo día en que se abran las urnas.

En ese plazo, el apoyo de los electores a ERC se habrá incrementado sustancialmente.  Por eso la jugada es legalmente intolerable pero políticamente redonda para sus intereses.

Eso sí, para todos los que asistimos estupefactos a tanta burla de la legalidad, nos queda la esperanza de que todos estos condenados volverán a la cárcel, sea antes o sea después de las elecciones. Con más o menos votos cosechados en sus bolsillos, pero vaya si volverán. Sobre eso no alberguen ninguna duda.