Presos en campaña: el fraude de la Generalitat con el tercer grado

Puntual como un reloj, la Generalitat, a través de su consejería de Justicia, concedió el tercer grado a los presos del procés justo cuando empezaba la campaña electoral en Cataluña.

El voto independentista necesitaba ese revulsivo, sobre todo ERC, que ve cómo el PSC le roba votos y Puigdemont esprinta remontando puestos hasta ponerse a su altura en las encuestas.

Lo peor que le podría pasar al Gobierno es que ganara JxC ya que eso llevaría casi de manera indefectible a repetir la coalición independentista que ha gobernado en Cataluña durante los últimos años. La victoria de ERC sería el mal menor, quizás la oportunidad de intentar un tripartito, que ahora sólo defienden los comunes y que tanto los republicanos como Illa niegan con esa manera de negar que en política sólo quiere decir que ahora eso no se puede decir.

El tercer grado, sí, a quien más beneficia es a ERC, porque uno de los presos es su líder, Oriol Junqueras, con mucha más altura política que Romeva, Rull, Turull e incluso que los dos Jordis juntos.

Vemos a Junqueras en mítines, haciendo posados con el cartel "Amnistía", en la televisión, dando entrevistas. Es una especie de orate convertido en héroe. Héroe del pueblo, héroe de la independencia.

Mucha gente se pregunta cómo es que la Fiscalía aún no ha recurrido ese tercer grado que es un insulto a la inteligencia. ¿Será que el Gobierno le ha echado el freno de mano para permitirle a ERC recolectar un puñado de votos para impedir así el triunfo del iluminado Puigdemont?

La Fiscalía tiene decidido recurrir en alzada, pero el manejo espurio de los plazos permitirá a Junqueras y al resto de condenados concluir la campaña electoral en libertad

Pero no. La explicación es más sencilla, más pedestre. Para recurrir en alzada, la Fiscalía necesita la notificación de la medida por parte de la Secretaría de Medidas Penales y de Reinserción -dependiente de la consejería de Justicia de la Generalitat- y esa notificación ayer por la tarde aún no se había recibido, aunque la Fiscalía espera que llegue en las próximas horas. La Generalitat no tiene prisa y por ello la notificación de la concesión del tercer grado a los presos se cursó por correo ordinario.

La Fiscalía tiene decidido recurrir. Pero, suponiendo que la notificación llegue hoy, el recurso de alzada no se emitirá hasta el jueves. Posteriormente, los jueces de vigilancia penitenciaria se tomarán un plazo de tres o cuatro días para decidir. Total que nos ponemos en el jueves o viernes de la semana que viene: dos días nefastos para notificar el ingreso en prisión de los independentistas condenados por sedición. Así que lo más seguro es que no vuelvan a la cárcel ¡hasta el lunes 15! Justo al día siguiente de celebrados los comicios catalanes.

Todo ha sido planificado con frialdad matemática, ya que la solicitud de las juntas de tratamiento de las tres cárceles catalanas en las que cumplen las penas los condenados remitieron a la Generalitat la petición del tercer grado diez días antes de que este les fuera concedido por el departamento de Justicia.

Es decir, que la Generalitat ha regalado un beneficio penitenciario al que los presos no tienen derecho con el único fin de que participen en la campaña electoral. Un fraude de ley como la copa de un pino.

Fuentes de la Fiscalía trasladaron a El Independiente su malestar ante esta situación insólita. Y añaden que esto no se hubiera producido si la Sala Segunda del Supremo hubiera aceptado la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal a los presos del procés, como proponía el Ministerio Público. Este artículo establece que "cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el Juez o Tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta".

En efecto, de haber utilizado este mecanismo de seguridad, la Generalitat no podría haber sacado a los presos del procés para que hiciesen campaña electoral. Pero así son las cosas. La Generalitat se ha especializado en trampear la legalidad y el Supremo pecó de ingenuidad.

Como compensación, añaden en la Fiscalía, "los días que han estado en libertad se les descontarán de los permisos". Magro consuelo.