La "Ley Trans" de Irene Montero, el segundo bodrio que sale de su factoría

La frivolidad y la insensatez siguen presidiendo las actuaciones del ministerio de Igualdad, presidido por la señora Irene Montero, que se ve que no ha tenido bastante con el ridículo y la vergüenza que cayó sobre ella con motivo de su famosa ley conocida como la del "sólo sí es sí", un bodrio jurídico que no se tenía de pie.

Bien, pues ahora se empecina de nuevo y filtra a determinados medios de comunicación un borrador de la Ley para la Igualdad Real Efectiva de las Personas Trans que no aguanta un análisis de tres minutos. Y lo hace con el único propósito de presionar a la parte socialista del Gobierno para que se abra el debate y salir con ventaja para que empiece cuanto antes la tramitación del texto legal.

Esta es la estrategia permanente de Podemos, obsesionados sus miembros por conseguir en la calle el respaldo a sus iniciativas completamente al margen de la solidez y la pertinencia y verosimilitud de sus proyectos.

Y como en este país nuestro parece que hemos perdido la prudencia que suele acompañar a la madurez política y estamos dispuestos —no todos, por fortuna, pero sí la mayoría— a comprar toda clase de mercancía que se nos presente a la venta si va envuelta en el aura del "progresismo", resulta, y esto lo digo en descargo de la señora Montero, que en nueve comunidades autónomas ya se han aprobado leyes similares a la que ella pretende llevar este mes a la mesa del Consejo de Ministros sin que se haya abierto un obligado debate sobre un asunto crucial para nuestra sociedad y, desde luego, para nuestros niños y nuestros jóvenes.

Con arreglo a este borrador, un niño o una niña de 16 años en adelante —o de 12 si cuenta con la aprobación de sus padres o, en su defecto, con un "defensor judicial"— puede cambiar legalmente su sexo simplemente haciendo una declaración en ese sentido y sin que en ningún caso pueda estar condicionado a ningún informe médico de cualquier tipo, incluidos los informes psicológicos.

Estamos ante una operación que pretende inocular a los niños y niñas la idea de que ser eso, un niño o una niña, es una circunstancia voluntaria

Esto lo contempla el borrador del anteproyecto de ley porque la señora Montero defiende la llamada "autodeterminación de género" que desprecia la existencia de dos sexos diferenciados y ha decidido ofrecer a la población una pasarela por la que se transite de hombre a mujer, o viceversa, con la simple expresión de la voluntad.

Es decir, que el Estado en toda la inabarcable amplitud de la palabra, estaría obligado a otorgar esa nueva consideración a las personas exclusivamente bajo su palabra porque la futura ley pretende garantizar el derecho a "la identidad de género libremente manifestada". Por esa vía se abriría la puerta a un grado inasumible de inseguridad jurídica que los asesores de la señora Montero y ella misma no se han molestado en considerar.

Estamos ante una nueva operación de ingeniería social a la que tan aficionados son los movimientos totalitarios que pretende ahormar las sociedades y hacerlas encajar en su concepción parcial y normalmente sesgada y utilitaria de ellas. Una operación que, además de ignorar la batalla de las mujeres por acabar con las gravísimas amenazas y las lacras lacerantes que todavía existen contra las mujeres hoy en nuestro país, desprecia a la infancia y pretende inocular a los niños y niñas la idea de que ser eso, un niño o una niña, es una circunstancia voluntaria y con un prometedor horizonte experimental.

No se pierdan lo que viene a continuación y que demuestra lo que acabo de decir. Los llamados "transgénero", que no son lo mismo que los transexuales, deberán, si cometen un delito y son condenados a penas de prisión, ser ingresados en las cárceles que determine su nueva identidad sexual. A menos... a menos que, en opinión del interesado, eso le suponga un riesgo físico.

Solamente tenemos que imaginarnos en que situación y qué padecimientos sufriría en una cárcel de hombres una mujer anatómicamente, es decir, genitalmente, femenina que haya decidido "autodeterminar su género libremente" y pasar a ser varón sin más que su propia declaración ante el Registro Civil. No es difícil hacerse una idea.

Y resulta que también será posible, porque tendrán derecho a ello según este borrador, que un hombre que haya decidido ser mujer sin más trámite que su sola declaración deberá ser admitido en las competiciones deportivas del sexo que haya elegido. No se podrá tampoco hacerle exámenes médicos para comprobar el sexo de estos deportistas. Y esto se aplicaría también a los menores de 16 años. Naturalmente, si se aprobara una ley tan indigerible como ésta, las competiciones femeninas de cualquier disciplina verían llenarse de "campeonas" recién llegadas a su condición de mujer pero con la potencia física de un hombre. Una bicoca para muchos/as.

Porque aquí lo que importa ya no es el sexo, que determina la cultura en la que hombres y mujeres desarrollan su identidad, aunque no necesariamente han de identificarse en los roles atribuidos a cada uno de los sexos ni tampoco en el papel social que se les atribuye —y ahí entran las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y la lucha de los movimientos feministas que han conseguido después de años de extraordinarios esfuerzos modificar en una parte esencial el papel de la mujer en las sociedades contemporáneas— sino el género, que es la nueva construcción mental ideada para colocar, o directamente imponer, este tipo de perniciosas teorías.

Ahora, eso sí: si un hombre decide cambiar de sexo y convertirse en mujer, será considerado como tal a todos los efectos menos uno: podrá seguir siendo acusado y juzgado como un hombre maltratador. Porque si fuera juzgado en su nueva condición femenina no se le podría aplicar los agravantes contenidos para los hombres en la Ley de Violencia de Género.

Y, además de ignorar torpe y ciegamente los problemas a los que se enfrentan históricamente las mujeres por el hecho de serlo, hay en esta dislocada concepción del mundo que la señora Montero nos quiere hacer tragar una inadmisible utilización de los niños y los adolescentes como objetos de experimentación.

Porque lo que se defiende es orientar a los niños a que piensen y decidan qué "identidad de género" es en realidad la suya. Y los niños, salvo excepciones que deben ser respetadas y ayudadas, pasan los primeros años de sus vidas sin una identidad perfectamente definida y es dañino y perverso inducirles a que reflexionen sobre la posibilidad de optar como si tuvieran que decidir qué deporte prefieren o por qué actividad extraescolar se inclinan.

¿Cuántas niñas han dicho a lo largo de su infancia que querrían ser chicos por muy distintos motivos? Pero esa reclamación, que todos hemos escuchado alguna vez en niñas de nuestra familia o en nosotras mismas, no puede en modo alguno abrir la puerta a la ingeniería social para que la niña en cuestión se plantee de verdad la posibilidad de cambiar y convertirse en niño.

Buscando información de lo que se hace en otros países que se hayan equivocado antes que nosotros, me he encontrado con una noticia estremecedora: el gobierno británico advierte de que en el Reino Unido se ha multiplicado por 4.400% el número de adolescentes que quieren cambiar de "identidad de género", lo cual pone en evidencia lo tóxica que resulta a la postre esa política de fomento del "derecho a la identidad de género libremente manifestada".

Ser mujer o ser hombre no es una mera elección como pretende convencernos la señora Montero y todos los que han aprobado leyes autonómicas de ese tipo sin calibrar la insensatez de lo que están avalando, sino algo que, mayoritariamente, determina nuestro lugar en la sociedad y el papel que desempeñamos en ella.

Cambiar de identidad sexual es una atrocidad que no se debe consentir más que en los casos en que quede médica o psicológicamente acreditado

Por todo eso, la pretensión de bloquear el desarrollo hormonal de los menores que duden sobre el sexo al que quieren pertenecer o hayan decidido, no se sabe por cuánto tiempo, cambiar de identidad sexual es una atrocidad que no se debe consentir más que en los casos en que quede médica o psicológicamente acreditado la pertinencia de proceder a la hormonación del niño o del adolescente que lo precise.  

Lo mínimo que es exigible en todo proyecto legal es que proporcione seguridad jurídica al sistema. ¿Se puede alguien imaginar el grado de descontrol, la incertidumbre que provocaría en el ordenamiento jurídico una situación en la que el cambio de sexo dependiera exclusivamente del sentimiento, que como tal, podrá ser cambiante no una sino muchas veces, tantas como la voluntad del sujeto lo ordene así?

Una mínima estabilidad acreditada con informes objetivos o con una supervisión judicial mantenida en el tiempo es algo que ningún gobernante puede permitirse el lujo de no exigir y que los gobernantes actuales —me refiero a la parte socialista del Gobierno, no a la división propagandística— están obligados a defender a sangre y fuego ante las intenciones del borrador del ministerio de Igualdad, que pretende otorgar a la mera declaración del sujeto efectos jurídicos plenos.

Lo que persigue la señora Montero —y todos los responsables políticos que hayan cometido la insensatez y la supina irresponsabilidad de aprobar leyes autonómicas en el mismo sentido— es precisamente que no exista control alguno, ni médico, ni psicológico, ni judicial. Nada.

Aquí no se trata, claro, de no respetar las necesidades de aquellas personas que se sienten a disgusto con su cuerpo o sus genitales. Pero eso se puede seguir haciendo, y haciéndolo mejor, sin entrar en el desvarío de abolir cualquier tipo de control y seguimiento a un cambio de sexo que en algunos casos se puede convertir en irrecuperable a pesar de que la voluntad del sujeto haya vuelto a cambiar. E, insisto, que esos cambios de voluntad tengan efectos jurídicos plenos. 

No se pueden abordar cuestiones tan trascendentales para la salud mental y social de la población con tácticas de guerrilla o de agitprop, que es lo que ha hecho el ministerio de la señora Montero. Si se quiere legislar adecuadamente sobre la no discriminación de las personas con esas determinadas necesidades, cosa muy pertinente, ábrase un debate serio, solvente y abierto en la sociedad y escúchese a los sectores y asociaciones que tienen mucho que decir, y que oponer, al respecto.

Pero no intenten colocar este bodrio y pretender encima que el Consejo de Ministros le dé salida cuanto antes. Porque es intolerable.