La iniciativa de Podemos nos llevaría a legalizar la barbarie

Están en una carrera desesperada por parar como sea sus respectivos fracasos electorales en Cataluña. Podemos intenta recoger los votos de los sectores marginales de la sociedad catalana que amortigüen su anunciado batacazo y el PSOE intenta encontrar la vía que justifique de alguna manera que la decisión de dejar al Gobierno sin responsable de Sanidad en el peor momento de la pandemia para mandarlo a ganar las elecciones se justifica por un excelente resultado en votos, aunque no se alcance la victoria, el 14-F.

Por eso también, aunque no sólo por eso, ambos partidos han competido en la apresurada presentación pública de una modificación del Código Penal que despenalice los que ahora se consideran delitos y atentan, según Podemos, contra el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Los socialistas se adelantaron a la presentación de Podemos en el Congreso con un curioso anuncio emitido por la secretaría de Estado de Comunicación, no por el Ministerio de Justicia, en la que se decía que ese departamento ministerial se disponía a plantear una reforma del Código Penal para que los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión no se castiguen con penas de cárcel. Y no decía nada más, ni contenido básico, ni fechas de la presentación ni nada.

La explicación a tan extravagante comportamiento la encontramos al día siguiente cuando los diputados de Podemos Jaume Asens y Enrique Santiago presentaron en el Congreso una proposición de ley que, esa sí, estuvo perfectamente detallada. La cosa consiste en despenalizar absolutamente las ofensas a la religión y a los sentimientos religiosos, al himno nacional -no se dice nada de los otros porque esas ofensas nunca se producen-, las injurias a la Corona y a otras Instituciones del Estado y los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a sus víctimas.

Y como es una proposición de ley, es decir, presentada por un grupo parlamentario, no por el Gobierno, la iniciativa no necesitará contar con los informes de los órganos consultivos -Consejo de Estado, CGPPJ- así que pasará directamente a ser discutida y votada en el Parlamento español.

En su presentación ante la prensa el señor Santiago explicó, muy en la línea de su jefe Pablo Iglesias, que "España no puede estar a la altura de Arabia Saudí, Marruecos o Turquía" en materia de libertad de expresión, que es, por lo visto, la altura a la que está ahora. Esta es la consideración pública que hacen de nuestro Estado de Derecho unos señores que no sólo se sientan en el Consejo de Ministros sino que ostentan nada menos que la vicepresidencia del Gobierno.

No plantean la supresión del delito de odio. ¿Por qué? Porque ese artículo es el que se suele aplicar a los cometidos por los grupos de ultraderecha"

Y desde esas posiciones lo que Podemos plantea es la derogación de todos los artículos que sancionan ahora esos delitos. Pero, eso sí, no plantean la supresión del delito de odio. ¿Por qué? Porque ese artículo es el que se suele aplicar a los cometidos por los grupos de ultraderecha porque castiga toda discriminación por motivos racistas, étnicos, antisemitas, de identidad sexual, género y otras agresiones.

Es decir, estamos sin ningún género de duda ante un intento de legislar para proteger a la ultraizquierda o a quienes se pueden ver protegidos por la izquierda. Toda ofensa que hiera la sensibilidad de una parte de la población, la de izquierdas, deberá seguir siendo castigada, de acuerdo con el artículo 510 Código Penal vigente sobre el delito de odio, con penas de prisión de uno a cuatro años multa de seis a 12 meses.  Pero toda agresión, toda ofensa, que hiera la sensibilidad de la otra parte, la del centro y las derechas, deberá ser despenalizada y ampararse en el derecho fundamental a la libertad de expresión.

De manera que si esa proposición de ley de Podemos fuera aprobada por los diputados -probablemente no lo será porque el Gobierno ya ha dicho que no respalda esa reforma, pero sí se debatirá- se podría humillar a las víctimas del terrorismo, homenajear a los asesinos etarras que salen de la cárcel, limpiarse los mocos u otra cosa peor con la bandera nacional -insisto, con la nacional, no con la senyera ni con la estelada ni con ninguna otra porque no se tienen noticias de que hayan sido alguna vez vejadas-, podría ofenderse al Rey, a su familia y a la Institución constitucional que representa.

Todas esas agresiones y ofensas podrían cometerse aún más de lo que ya se hace ahora porque la realidad es que son comportamientos que han contado tradicionalmente y con pocas excepciones con una amplia tolerancia judicial.

Podrían ser humillados sin límite alguno los sentimientos de los católicos, que son las permanentes víctimas de los agravios de quienes no se atreven jamás a ofender los de quienes profesan una religión como la musulmana, no vaya a ser que venga uno de sus creyentes y les corte el pescuezo. Todo eso y mucho más estaría no sólo tolerado en su mayoría por los jueces, como ocurre ahora, sino dentro de la más plena legalidad si la iniciativa de Podemos prosperara. Se trata de legalizar determinados tipos de ofensas pero, ojo, no todas ellas.

Es un intento de imposición de una manera infame e infamante de ver el mundo y de acosar a quien no suscriba los planteamientos que la acompañan"

En fin, para qué seguir. Estamos ante un intento de imposición de una manera infame e infamante de ver el mundo y de acosar a quien no suscriba los planteamientos que la acompañan. Ahora bien, no se tiene constancia, no se tendrá nunca, de que Podemos haya protestado contra la pretensión de la nueva ley de Memoria Histórica de castigar penalmente a quien ose elogiar a Franco, su obra o su ideología. Eso tiene que ser perseguido, no faltaba más. Pero poner a la Virgen o a Jesucristo en posiciones o en actitudes ofensivas por humillantes, eso es libertad de expresión. Lo de Franco no, eso es delito.

La sociedad española, si no está anestesiada, tiene que alcanzar a ver en manos de quién estamos. Porque no puede tolerarse que unos cuantos políticos de medio pelo y con una paupérrima representación parlamentaria pretendan imponer a la población un modelo de comportamiento que no les interesa más que a ellos y a sus numéricamente escuálidos seguidores. Un modelo que la inmensa mayoría considera inadmisible pero que ellos sacan adelante en el Congreso apoyándose en el hecho de que sus diputados le son imprescindibles al socio mayoritario de la coalición para continuar en el poder.

Ya digo que lo esperable es que esta proposición de ley de Podemos, que será sometida a debate en el Congreso, no sea aprobada porque el PSOE ya ha dicho que no la suscribe y que el Gobierno propondrá una reforma del Código Penal para suavizar las sanciones contra esos delitos de modo que no comporten penas de cárcel. Y al ser un proyecto de ley de reforma del Código Penal sí tendrá que contar con el informe de los órganos consultivos, que no son vinculantes pero sí preceptivos.

Pero el simple hecho de examinar el contenido de la iniciativa de Podemos da una idea del grado de sectarismo y barbarie que inspira al partido de Pablo Iglesias, un señor que ocupa nada menos que la vicepresidencia del Gobierno, lo que convierte a ese sectarismo en infinitamente más grave y más amenazador.

La libertad de expresión no es un derecho que pueda ejercerse sin límite alguno. Eso es lo que distingue una sociedad realmente libre de una sociedad salvaje. Y mucho menos es una libertad que pueda ejercerse por unos pero esté castigada para otros dependiendo de su ideología. Eso es lo que distingue a una democracia de una dictadura, que es exactamente a donde nos llevarían si pudieran los diputados de Podemos.

Arabia Saudí, Marruecos, Turquía, Venezuela están en materia de libertad de expresión y derechos humanos mucho más próximos a los representantes del partido morado que cualquier representante de los sectores más conservadores de nuestro país. Conviene tenerlo muy presente por lo que pudiera venir.