Mucho, muchísimo queda aún por hacer en nuestra sociedad libre, democrática y desarrollada para alcanzar el horizonte de igualdad que mueve en España a los distintos movimientos feministas contemporáneos que empezaron a dar sus primeros pasos en nuestro país todavía bajo el régimen de Franco.
También es verdad que mucho, muchísimo se ha avanzado a lo largo de estos más de 40 años de democracia. Y para constatar todo lo que queda pendiente de lograr para que la igualdad de derechos y de obligaciones sea una realidad no es necesario, aunque sí muy conveniente, que una vez al año, el 8 de marzo, una multitud de mujeres salga a la calle para recordarlo y también para exhibir su poder, el poder femenino, en la sociedad.
Pero, como dijo ayer la ministra de Igualdad “nuestra fuerza no está en cuántas mujeres consigamos salir el día 8 a la calle”. Y por primera vez en mucho tiempo, creo que ha dicho algo sensato.
Porque se ha organizado en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer, un intenso debate sobre la prohibición del Delegado del Gobierno en Madrid de participar en las varias manifestaciones feministas convocadas inicialmente para ayer domingo y hoy lunes.
No tienen en cuenta la situación sanitaria en la que se encuentra la comunidad ni tienen en cuenta que el derecho a la salud también está protegido
Destacadas feministas se mostraban indignadas por la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificando la decisión del Delegado del Gobierno porque, dicen, se está atentando contra un derecho fundamental recogido en la Constitución. No tienen en cuenta la situación sanitaria en la que se encuentra la comunidad ni tienen en cuenta que el derecho a la salud también está protegido y debe ser preservado, especialmente ahora en que está tan seriamente amenazado para la totalidad de la población.
Pero ellas se revuelven contra la prohibición argumentando que las medidas de seguridad que habían adoptado garantizaban que el contagio no se iba a producir en ningún caso.
Esa garantía no se puede sostener nunca cuando hay más de 100 personas en la calle gritando eslóganes y moviéndose por la ciudad en la que otras cien mujeres, y otras cien, y otras cien, y así sucesivamente, también están en la calle, también lanzan gritos reivindicativos y también se mueven.
En la tarde del domingo los informativos de la noche recogían algunas de las manifestaciones feministas que se habían celebrado en otras ciudades. Yo vi la de Barcelona –todas con mascarilla pero muy cerca, prácticamente pegadas, las unas a las otras, como es inevitable cuando se camina en multitud por la calle- y constaté lo muy acertado de la prohibición de Madrid. El riesgo de contagios era allí evidente y todo dirigente sensato debería haber hecho lo mismo, suspender esas manifestaciones.
En este país lleno de gente temerosas, la mayor parte de los delegados del Gobierno han dado el visto bueno a las concentraciones
Pero en este país lleno de gentes temerosas de ser acusadas de poco progresistas, de poco feministas, la mayor parte de las administraciones autonómicas, concretamente la mayor parte de los delegados del Gobierno en cada comunidad, han dado el visto bueno a unas concentraciones que, como dice la ministra Montero, no dan la medida de la fuerza de los distintos movimientos feministas ni tampoco de la convicción igualitaria de los millones de mujeres españolas que, sin militar en esos movimientos, tienen la conciencia clara de que hay que luchar por una igualdad que está lejos de estar conseguida.
No habría pasado nada por no haber celebrado el 8 de marzo en este año 2021 aunque viendo determinados fenómenos de ayer mismo se comprende un poco que las organizaciones feministas convocantes recurran al argumento, estúpido por otra parte, del agravio comparativo para revolverse contra la prohibición.
Estoy hablando del lamentable y muy condenable espectáculo que ayer ofrecieron unos cuantos cientos de aficionados del Atlético de Madrid que se concentraron en los alrededores del estadio para animar a su equipo. Unos llevaban mascarillas y otros no pero todos campaban a sus anchas, juntos y amontonados sin que la Policía pudiera hacer otra cosa que intentar dispersarlos sin éxito.
Son estas cosas las que mueven a las aficionadas a señalarse como víctimas en comparación con otros grupos a reclamar: ¿Manifestación del 8M no pero elecciones catalanas sí? ¿8M n0 pero negacionistas, pensionistas, a favor de Pablo Hasél, hosteleros, la ultraderecha sí?
Podríamos instalarnos en ese agravio comparativo que no lleva a ninguna parte más que a exacerbar el sentimiento de pertenecer a un grupo social lacerado
El asunto es que a esa larga lista se podría responder con otra: ¿manifestación del 8M sí pero procesiones de Semana Santa, Sanfermines, Fallas no? ¿8M sí pero cabalgata de los Reyes Magos no? Y así podríamos instalarnos hasta la eternidad en ese agravio comparativo que no lleva a ninguna parte más que a exacerbar el sentimiento, por lo general injustificado, de pertenecer a un grupo social especialmente lacerado por las autoridades.
Pero es verdad que la lista de manifestaciones celebradas en España a lo largo del último año es lo suficientemente larga como para que las feministas más combativas puedan esgrimir el absurdo argumento de que estamos ante una criminalización del feminismo.
Ya se sabe que no hay nada que dé mejor resultado y se compre con más facilidad por la población que el argumento victimista, de modo que parece que se va a hacer mayor hueco del que ya lamentablemente gozaba la idea disparatada de que los españoles pertenecientes a un amplio espectro ideológico que va desde el centro hasta la ultraderecha lo que quieren en realidad es que las reivindicaciones de las mujeres no tengan eco y no vayan adelante porque son enemigos de la igualdad.
En el caso concreto de este 8M hubiera sido deseable que la prohibición se extendiera a toda España por igual
Pero al margen de esas simplezas de éxito asegurado sería muy conveniente reclamar una mayor coherencia por parte de las autoridades a la hora de autorizar en estas inciertas circunstancias sanitarias las concentraciones y manifestaciones varias. Y en el caso concreto de este 8M hubiera sido deseable que la prohibición se extendiera a toda España por igual.
Por lo demás, asistimos ayer a una politización evidente en torno al feminismo por parte del presidente del Gobierno, que acusó a la ultraderecha de ser el enemigo del feminismo, y de la propia ministra de Igualdad, que ayer recibió, sin embargo un durísimo golpe desde su propio partido a sus posiciones como feminista.
Bajo el título “En Podemos también hay feministas” se reprocha a la señora Montero y a su feminismo queer la elaboración de una ley que plantea unas prioridades “que no lo son para nuestro partido y en la que se imponen ideas, conceptos y demandas diametralmente contrarios a los intereses de las mujeres”.
El golpe y la rotunda desautorización por parte de sus propias compañeras de militancia no impidió ayer a la ministra de Igualdad seguir manteniendo sus posiciones y, de paso, acusar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso de ser “una de las mayores representantes de la campaña de las derechas por situar en la diana y criminalizar a las mujeres y al movimiento feminista”.
La inconsistencia de esas palabras no merece réplica pero sí conviene señalar que los intentos de patrimonializar la lucha de las mujeres por la igualdad no hace sino reducir dramáticamente la fuerza de una batalla que a estas alturas es ya universal dentro del ámbito femenino.
La batalla de "el feminismo es mío" es una guerra perdida hace ya mucho tiempo.
Mucho, muchísimo queda aún por hacer en nuestra sociedad libre, democrática y desarrollada para alcanzar el horizonte de igualdad que mueve en España a los distintos movimientos feministas contemporáneos que empezaron a dar sus primeros pasos en nuestro país todavía bajo el régimen de Franco.
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