Puigdemont pierde el privilegio del aforamiento

El pleno del Parlamento Europeo ha votado a favor del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo y, como consecuencia, ha levantado la inmunidad del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Del resultado de la votación (400 votos a favor, 248 en contra, 45 abstenciones) lo que más llama la atención es la negativa de Podemos e Izquierda Unida a respaldar que Puigdemont pueda ser juzgado en España por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos, por los que fueron condenados los demás dirigentes del procés, entre ellos, el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Mientras que los europarlamentarios del PSOE han votado a favor, los de UP han preferido dar cobertura al prófugo. Otra de las incongruencias del gobierno de coalición.

Los europarlamentarios no han entrado en el fondo de la cuestión, cosa que no les corresponde, pero sí han emitido su juicio sobre el asunto en torno al que ha girado el debate político en España: el levantamiento de la impunidad a Puigdemont (como también a los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí) se produce al entender la mayoría de los eurodiputados que aquellos no van a ser juzgados por sus opiniones o por su actuación en el ejercicio de sus funciones.

El Tribunal Supremo, según la decisión adoptada por mayoría absoluta en la Eurocámara, no pretende juzgar al líder de JxC por sus ideas, sino por posibles delitos. Ese es un éxito de la justicia española, en especial del juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, y es, al mismo tiempo, una derrota muy importante no sólo para los independentistas, sino para sus acólitos de Podemos. Recientemente, en entrevista en La Sexta, el vicepresidente Pablo Iglesias sostuvo que "Puigdemont se ha jodido la vida por sus ideas". Pues no. Esa no es la opinión del Supremo, ni tampoco de la Eurocámara.

Llama la atención que sea precisamente Podemos, un partido que cuando estaba en la oposición defendía a capa y espada la desaparición del aforamiento, al que calificaba como un "privilegio" de la clase política, el grupo que ahora se aferre a él para defender que Puigdemont no pueda ser juzgado en España.

La decisión de aprobar el suplicatorio anula la coartada de que el Supremo pretende juzgar al ex presidente de la Generalitat por sus ideas políticas

Por otro lado, la justicia europea entiende que el delito de malversación de fondos públicos se engloba dentro de los delitos de corrupción, sobre los que no debería existir ninguna cobertura de impunidad. Pues bien, Podemos e Izquierda Unida, por razones estrictamente tácticas, prefieren que el líder de la declaración unilateral de independencia siga protegido por su condición de eurodiputado. La protección ante la Euroorden fue precisamente la causa que llevó a Puigdemont y a sus compañeros de filas a presentarse a las elecciones europeas de mayo de 2019.

El paso que se ha dado este 9 de marzo es relevante, pero no definitivo para que los fugados sean entregados a la Justicia española. Tanto Llarena como Gonzalo Boye, abogado del líder independentista, han anunciado recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La tramitación de dichos recursos llevará tiempo. Después, será la justicia belga y la escocesa (en caso de Ponsatí) las que decidan sobre la eventual extradición.

El precedente sentado por los tribunales belgas en el caso del ex conseller Lluis Puig (que no es eurodiputado), negando la extradición a España el pasado mes de enero, genera dudas más que razonables sobre el futuro de la petición cursada por el Supremo y que avalan tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado.

Si Puigdemont sigue eludiendo la acción de la Justicia, España debería plantear en el seno de las instituciones europeas una revisión de la Euroorden (Orden de Detención y Entrega) puesta en marcha en 2002. La justicia de Bélgica está, de hecho, vulnerando la esencia de ese acuerdo, cuyo principio es bien sencillo: los estados de la UE están obligados a entregar a cualquier otro miembro de la Unión a las personas que estén incursas en procesos penales, siempre y cuando estos procedimientos no vulneren principios fundamentales. Lo que ha decidido el Europarlamento es precisamente que Puigdemont ya no tiene ninguna justificación para eludir la acción de la Justicia.