El líder de Podemos, Pablo Iglesias.
La retirada de la inmunidad por parte del Parlamento Europeo a los eurodiputados españoles huidos de la Justicia Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí es una buena noticia, pero está envuelta en amargas constataciones que evidencian la patética debilidad de España como país plenamente democrático que es.
La primera y más amarga de esas constataciones está en la alegría y el alivio que ha producido a la mayor parte de los comentaristas el hecho de que por 400 votos contra 248 y 54 abstenciones el Parlamento de Estrasburgo haya reconocido que en España se respetan los derechos humanos y las libertades públicas y que los tribunales españoles son independientes. Esa alegría ante tan escaso en términos numéricos reconocimiento es ya de por sí una humillación insoportable.
Que a estas alturas tengamos que depender de que unos europarlamentarios nos otorguen implícitamente el marchamo de demócratas y que ese reconocimiento nos llene de alegría, como si este país necesitara del aval internacional para sentirse real y plenamente democrático, es, ya lo he dicho antes, patético.
Con estas compañías no deberíamos sorprendernos de nuestra permanente condición de mendicantes de aprobación en Europa"
Esa es una celebración -la de que Europa reconozca la limpieza en ese sentido de nuestras instituciones- que ni siquiera debería haber estado en las reacciones ante la votación de la Eurocámara, porque demuestra por sí sola nuestra eterna, nunca superada, condición de aspirantes a la homologación -¡todavía!- por parte de los países libres. De esos países que no están esperando como agua de mayo que nadie les reconozca su vitola democrática y se alegran agradecidos cuando eso sucede. Claro que con estas compañías no deberíamos sorprendernos de nuestra permanente condición de mendicantes de aprobación.
Ya sabemos que son muy graves los múltiples desencuentros del socio minoritario del Gobierno con el miembro mayoritario de la coalición y que es escandaloso e inaceptable que permanezca en el Ejecutivo español un político que apoya a los líderes secesionistas condenados por el Tribunal Supremo y que mantiene públicamente que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro en Bruselas", despreciando torticeramente el hecho de que uno está en prisión -de aquella manera, por otra parte- porque ha sido condenado por cometer un gravísimo delito contra la Constitución y el otro está sencillamente huido de la Justicia.
Pero mucho más intolerable que eso, que ya es decir, es que el partido que forma parte del Gobierno de España aseste al Estado al que representa y al que se ha comprometido solemnemente a defender, una puñalada infame al votar contra la posibilidad de que los huidos sean devueltos a su país de origen para que los tribunales les juzguen por sus presuntos delitos. Y que lance la ignominia basada en la más despreciable falsedad de que los procesados lo son por sus opiniones y no por los hechos cometidos.
Si el Parlamento Europeo ha rechazado por mayoría que Puigdemont y sus otros dos compañeros de escaño sean perseguidos políticos, lo que ha hecho Podemos es decir que sí lo son, que en España hay presos políticos y que se persigue a la gente por sus ideas. Con esa votación en la Eurocámara, Podemos ha intentado consciente y deliberadamente degradar a nuestro país a la altura de cualquier dictadura. Pero la falsedad se transforma en infamia cuando ese mensaje se transmite desde el Gobierno. Y eso no se puede tolerar.
No es tolerable para ningún español que desde el mismísimo Gobierno se ofenda, se humille y se ataque al Estado de Derecho en el que vivimos"
La paciencia interesada de Pedro Sánchez con su socio se está demostrando infinita pero tiene que tener un límite. No es tolerable para ningún español que desde el mismísimo Gobierno se ofenda, se humille y se ataque al Estado de Derecho en el que vivimos y que se vote contra la concesión del suplicatorio emitido por el más alto tribunal del Estado en el que se está gobernando. No es tolerable porque el daño reputacional que se le está causando es inmenso y porque una agresión así -desde dentro del propio gobierno español, insisto- debilita gravísimamente nuestra posición negociadora internacional en cualquier ámbito. Es un atentado.
Podemos, dirigido por el señor Iglesias, está destrozando el prestigio de nuestro país y la reciente votación del Parlamento de Estrasburgo no es más que la última muestra de otras muchas anteriores.
El presidente del Gobierno no puede por esa razón seguir teniendo en el Ejecutivo a unas gentes cuyo propósito es demoler, junto con sus aliados independentistas y proetarras -que en Estrasburgo han votado todos como Podemos-, las bases de la España constitucional, propósito que incluye el asestar golpes intolerables a su imagen democrática ante Europa y ante el mundo.
No vamos a justificar de ninguna manera ni buscar excusas para el ofensivo e inaceptable comportamiento de los tribunales belgas, que exhiben además una ignorante suficiencia sobre la calidad de nuestras instituciones. Pero es evidente que la inicua actitud de Podemos les sirve muy bien para reforzarse en sus decisiones.
El precio que el país entero está pagando para garantizar la estabilidad de este Gobierno no se puede asumir. Estamos tragando cosas inadmisibles.
La retirada de la inmunidad por parte del Parlamento Europeo a los eurodiputados españoles huidos de la Justicia Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí es una buena noticia, pero está envuelta en amargas constataciones que evidencian la patética debilidad de España como país plenamente democrático que es.