Madrid destroza el plan estratégico de La Moncloa

Todos sabían desde el comienzo del episodio de la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid por parte de la única persona con la potestad para hacerlo, la propia presidenta, que el recurso planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por los proponentes de las dos mociones de censura se iba a saldar como se ha hecho: dando prevalencia al derecho de la señora Díaz Ayuso a ejercer sus competencias en este punto.

Y no sólo por el razonamiento de puro sentido común según el cual, y dado que la disolución de una Cámara se tiene que publicar obligatoriamente al día siguiente, y no antes ni después, en el Boletín Oficial correspondiente, la potestad para convocar elecciones anticipadas quedaría sistemáticamente sin efecto si se admitieran a trámite mociones de censura registradas con posterioridad a los decretos de disolución. Esa es una evidencia para cualquiera, también para los letrados de la Asamblea madrileña recurrentes ante el TJSM y para los partidos que registraron sendas mociones de censura contra el gobierno de coalición PP- Cs.

Pero es que además hay otros aspectos que los asesores jurídicos del PSOE y de Más Madrid conocen perfectamente y es la diferencia entre un decreto de disolución del legislativo y un decreto normativo. Y la realidad, aunque el rimbombante lenguaje de las administraciones los confunda nominándolos igual –decreto-, es que uno y otro pertenecen a ámbitos muy diferentes.

Un decreto normativo no existe ni tiene virtualidad alguna mientras no aparece publicado en el correspondiente Boletín Oficial y es a partir de su publicación cuando se incorpora al ordenamiento jurídico. Pero eso es algo que no sucede en absoluto con el decreto de disolución, en este caso de la Asamblea de Madrid. Sencillamente porque esa es una decisión política que produce efectos automáticos y que también se publica en el Boletín Oficial, sí, pero a efectos de informar a la ciudadanía. La diferencia con el decreto normativo es que, a partir de esa publicación, este decreto desaparece. Muere allí, se esfuma, en el sentido de que no queda incorporado al ordenamiento jurídico.

Por eso resultaba absurdo el argumento sostenido por los letrados de la  Cámara legislativa madrileña con el que pretendían sostener que, mientras la disolución  de la Asamblea no estuviera publicada en el BOCM, no empezaba a producir los efectos pretendidos. Y tan absurdo era el argumento y tan conscientes eran los responsables de los partidos de izquierda, los que habían registrado sendas mociones de censura después de la decisión adoptada por  Isabel Díaz Ayuso y también todos los demás, que se aprestaron inmediatamente a prepararse para la campaña electoral.

La verdad es que Ciudadanos ha sido el tonto útil de una estrategia diseñada desde el palacio de La Moncloa

La primera parte de esa campaña ha consistido en tildar de tránsfugas a los tres diputados de Ciudadanos de Murcia con el propósito de desacreditarles éticamente a ellos y al partido que ha salido favorecido con su toma de posición. Pero de ninguna manera los señores Franco, Migueles y Álvarez lo son. Todo lo contrario, son tres diputados que se han negado a secundar –luego hablaremos de procedimiento de recogida de sus firmas- un abrupto y decisivo cambio de posición de su partido que pasaba de formar gobierno con el PP a intentar derribar ese mismo gobierno del que formaba parte. Cosa insólita.

Estos señores han hecho lo mismo que hicieron los 15 diputados del PSOE -siete eran del PSC- que en octubre de  2106 se negaron a acatar la disciplina de voto y se rebelaron contra la posición fijada por el Comité Federal del PSOE de que el grupo socialista se abstuviera en la votación de investidura de Mariano Rajoy. Entre esos diputados rebeldes no estaba el actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez porque horas antes de la votación había anunciado su renuncia al escaño. Pero sí estaban personas tan relevantes hoy dentro del Partido Socialista como Meritxell Batet, actual presidenta del Congreso de los Diputados, Odón Elorza o Margarita Robles, hoy ministra de Defensa del Gobierno de España. Todos ellos fueron siempre muy elogiados por la actual dirección del PSOE por su lealtad a las esencias del partido.

Todos ellos incumplieron, como hoy los tres diputados de Ciudadanos, las órdenes dictadas por la cúpula de su partido, pero nadie se atrevió a llamarlos tránsfugas y de hecho muchos de ellos han sido premiados después por haber mantenido su No a la presidencia de  Mariano Rajoy.

Lo que sucede ahora es que ha sido tan monumental el fracaso de la torpe operación urdida por el PSOE y Ciudadanos que todas las baterías desde la izquierda política y mediática apuntan contra ellos tres para intentar presentar la operación como un enjuague sucio e inmoral por parte de los diputados y del PP, que les ha “comprado” dice Edmundo Bal.

De manera que ahora, por lo visto, lo sucedido es una cuestión de dignidad por parte del partido de Inés Arrimadas. “Estos comportamientos mafiosos que hemos visto en Murcia, quieren extenderlos en toda España”, ha declarado el abogado del Estado y portavoz adjunto del grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Pero si atendemos al relato que ha hecho la señora Valle Miguélez en el escrito de alegaciones enviado a su partido tras el expediente disciplinario que le ha sido abierto, esas acusaciones de Edmundo Bal deberían volverse en realidad contra algunos dirigentes de su formación política.

Porque lo que cuenta la diputada expedientada es que Carlos Cuadrado, con una torpeza inigualable, les engañó para conseguir que firmaran el documento de la moción de censura diciéndoles entre otras cosas que se produciría una “inminente -en 48 horas- convocatoria de elecciones anticipadas por parte del PP”, lo cual tendría como consecuencia la desaparición de la escena política murciana del partido naranja .

Y firmó, asegura ella, “sin saber cuál era el contenido exacto del documento ni cuál era el órgano del partido que lo había autorizado”. Lo bueno de este relato es que hay numerosos testigos de lo que se dijo en aquella reunión de urgencia convocada por la mano derecha de Arrimadas, Carlos Cuadrado, que podrán confirmarlo o desmentirlo.

No son ellos los tránsfugas, no. Pero con esa descalificación por bandera la izquierda intenta tapar una operación fracasada que de ningún modo se iba a circunscribir a Murcia sino que era el primer compás de una serie de movimientos que alterarían paso a paso la composición de todos los gobiernos de coalición en los que Ciudadanos participara junto con  el PP. O, al menos, todos aquellos en los que fuera posible que el partido de Inés Arrimadas pudiera cambiar sin numantina resistencia de socio de gobierno sustituyendo al Partido Popular por el Partido Socialista.

La verdad es que Ciudadanos ha sido el tonto útil de una estrategia diseñada desde el palacio de La Moncloa porque no en vano el principal beneficiario del desalojo de los populares de esos gobiernos iba a ser el PSOE. No hay más que fijarse en los detalles de las negociaciones de Murcia y en la proporción de las consejerías adjudicadas a cada partido tras el éxito de la moción: seis para el PSOE y tres para Cs en función estricta de su representación parlamentaria. Es decir lo mismo que tenían a lo que añadían la presidencia para los dos años que quedan hasta la celebración ordinaria de las elecciones autonómicas. Y la alcaldía de la ciudad para el Partido Socialista.  

De las informaciones que se van publicando se deduce que el plan consistía en que Ciudadanos proporcionase al PSOE la pista de aterrizaje al centro político por el procedimiento de que Cs cambiase súbitamente de socios en beneficio de los socialistas a base de mociones de censura sustentadas en la incompatibilidad de los de Arrimadas con la corrupción, una lacra a la que el PP de Pablo Casado, aunque él no lo quiera e intente escapar de esa trampa, va a ser insistentemente asociado en los próximos meses en la comisión de investigación del Congreso, ya en curso, y en los próximos procedimientos judiciales contra antiguos dirigentes de ese partido.

Ketty Garat publicaba ayer en Libertad Digital que, además de las negociaciones entre los socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán con el ciudadano Carlos Cuadrado, Inés Arrimadas  y el secretario general de la presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, también celebraron reuniones  en las que se habló de Murcia, sí, pero no solo de Murcia sino también de Madrid y de Castilla y León.

Dada la adicción ya demostrada del actual PSOE de llegar al poder por la puerta de atrás a base de ganar mociones de censura, tiene todo el sentido que la siguiente en caer bajo dominio socialista hubiera sido Castilla y León tirando de los miembros de Ciudadanos críticos con el pacto cerrado con la derecha en esa comunidad, cuya existencia y movimientos son conocidos por todos.

El fracaso de Murcia y la reacción de la presidenta de Madrid han dado al traste no sólo con el futuro político de Ciudadanos sino con algo más importante como es el plan del PSOE

Madrid sería en todo caso harina de otro costal pero el momento de actuar aún no había llegado. Las relaciones entre el ya ex vicepresidente Ignacio Aguado y la presidenta Isabel Díaz Ayuso fueron tensas desde el comienzo pero fueron empeorando a medida que Aguado iba demostrando su disposición a hacer la guerra por su cuenta. No hubiera sido ninguna sorpresa, ninguna, que en un determinado momento -no ahora- el vicepresidente se descolgara, a cuenta del enésimo encontronazo con la líder popular, con su apoyo a una moción de censura presentada por el PSOE.

Ángel Gabilondo asegura que nunca jamás habló con Ignacio Aguado de semejante posibilidad y yo le creo firmemente. Él y Aguado no, pero Arrimadas y Bolaños sí, y Cuadrado y Ábalos también, de modo que la posibilidad de que ése hubiera sido el asalto final del partido de Pedro Sánchez al espacio de centro que había ocupado en su día el partido naranja y pretendía ocupar ahora la formación de Pablo Casado a base de recuperar a los antiguos votantes del PP que se habían ido marchando a Ciudadanos, era una posibilidad muy, pero que muy probable.

Con el antecedente de Murcia, la presidenta de Madrid no tenía otra opción que disolver si no quería correr el riesgo de quedar atrapada en el cepo de una moción de censura que llegaría más tarde o más temprano y que, oh sorpresa, dos partidos de la izquierda madrileña, PSOE y Más Madrid, tardaron apenas media hora en tener a punto tras la convocatoria de elecciones.

Los jueces ya han hablado a salvo de una resolución que entre a valorar el fondo del asunto. Las elecciones del 4 de mayo dibujarán el paisaje político madrileño para los próximos dos años. Pero el fracaso de Murcia y la reacción de la presidenta de Madrid han dado al traste no sólo con el futuro político de Ciudadanos sino con algo más importante, como es el plan del PSOE de ocupar todo el espacio de centro encaramándose sobre los hombros ya vencidos de Inés Arrimadas y empujando así al PP a los brazos de Vox para intentar aniquilar sus posibilidades de disputar el poder a un Pedro Sánchez que se habría librado para entonces del lastre de Podemos y de varios de los otros socios del llamado "bloque de investidura". Ahora se les ha visto la jugada y el truco ya no cuela.