Quietos hasta ver que a lo mejor no es nada

El Gobierno dice que se apea de llevar a cabo las medidas que favorezcan la salida de la cárcel de los condenados por la declaración ilegal de independencia de Cataluña, cosa que les habría supuesto el coste de la indignación de una parte importantísima de los electores españoles, votantes del PSOE incluidos.

Ya no les interesa porque parece que han constatado ahora que no van a obtener ninguna ventaja política ni tampoco ningún rédito electoral sino todo lo contrario. Pero todo esto hay que ponerlo en cuarentena y añadir a toda consideración que se haga hoy la coletilla “por el momento”.

Es decir, que por el momento Pedro Sánchez se va a abstener de aprobar los indultos a los condenados y que por el momento el Gobierno no va a presentar su proyecto de reforma del Código Penal en el sentido de “acomodar” a las legislaciones europeas las sanciones ante el delito de sedición, con la evidente voluntad de suavizar las penas, cosa que redundaría de inmediato a favor de los líderes secesionistas que verían así rebajadas sustancialmente sus condenas y podrían salir antes de prisión. Eso si no se hubiera producido previamente la concesión de los indultos a todos y cada uno de ellos por parte del Ejecutivo.   

El cambio de posición de Sánchez se explicaría por el panorama político que ha quedado dibujado tras las elecciones catalanas del 14 de febrero.

Es una noticia excelente que sólo tiene una pega: la de establecer por cuánto tiempo el Gobierno se va a mantener en esa posición que muchos, muchísimos españoles celebraremos si se confirma. Evidentemente, el cambio de posición de Pedro Sánchez, que no podemos ni debemos dejar de celebrar por todo lo alto, se explicaría por el panorama político que ha quedado dibujado tras las elecciones catalanas del 14 de febrero.

El resultado es que no solamente Salvador Illa no ha podido rentabilizar políticamente su victoria electoral sino que, ni siquiera ha tenido la oportunidad de poner esa victoria en valor mediante la celebración de un debate de investidura en el que habría tenido la oportunidad de exponer ampliamente su proyecto político y asegurarse así el conocimiento, la comprensión y el apoyo de buena parte de la población catalana.

Ya sabemos que hubiera perdido la votación pero los dirigentes del PSOE no buscaban lo que era imposible sino lo que pudo ser factible y políticamente muy rentable pero a lo que la presidenta Laura Borrás, del partido de la derecha independentista radical JxCat ha dedicado todos sus mejores esfuerzos por evitar.

En esas condiciones la apuesta socialista para Cataluña se ha saldado con un fracaso práctico vestido de éxito electoral. Y el modo en que están transcurriendo las negociaciones para la formación del gobierno de la Generalitat en nada mejora la dimensión de ese fracaso.

Lo único claro ahora mismo es que ERC ha pactado el apoyo a la presidencia de Pere Aragonès con la ultraizquierda antisistema de la CUP y que ha admitido unas condiciones que se pueden resumir con dos pinceladas: establecer un plazo hasta mediados de 2023 para comprobar si la famosa Mesa de diálogo con el Estado da sus frutos, que no pueden ser más que la aprobación de una ley de amnistía para los presos y el establecimiento de una fecha para celebrar en Cataluña un referéndum de autodeterminación. De no ser así, se volvería a la confrontación con el Estado, es decir, se volvería a plantear y a intentar repetir el 1 de octubre de 2017, lo que han llamado “un nuevo embate democrático por la autodeterminación”.

JxCat quiere forzar a los republicanos a que acepten someterse a una instancia superior y ajena al ordenamiento institucional catalán

Este es un acuerdo que ha firmado uno de los partidos, ERC, que sostiene con sus 13 escaños en el Congreso de los Diputados al Gobierno en minoría de Pedro Sánchez y que vota coordinadamente con los cinco diputados de Bildu, otro de los socios de la particular coalición dentro de la coalición que se había montado Pablo Iglesias. Pero ese acuerdo en Cataluña está siendo condicionado por el otro socio necesario para formar la mayoría de gobierno, JxCat, que quiere forzar a los republicanos a que acepten someterse a una instancia superior y ajena al ordenamiento institucional catalán pero que está férreamente controlada desde Waterloo por Carles Puigdemont: el Consell per la República, que se constituiría como un gobierno paralelo, en la sombra, con la vocación de manejar las riendas de la acción de la Generalitat.

La partida aún no está cerrada pero por lo pronto, los de JxCat ya han tumbado la investidura en primera vuelta de Pere Aragonés, para que tome nota de que está en sus manos y de que más le vale inclinar la cerviz y claudicar de una vez ante las exigencias de sus adversarios, claramente decididos a volver a provocar el choque frontal con el Estado.

En esas condiciones el Gobierno de España no tiene el más mínimo espacio para ofrecer ahora medidas que desde el PSOE mantenían que buscaban la “reconciliación y la convivencia en Cataluña”. Y muchísimo menos cuando está en plena ebullición la campaña electoral de la Comunidad de Madrid.

Si ahora mismo el Partido Socialista no envía el mensaje que está enviando y, al contrario, sigue hablándonos de suavizar las penas de los secesionistas condenados y de la prerrogativa exclusiva del Gobierno de conceder indultos aún contando con los informes negativos del tribunal sentenciador, que es lo que se nos ha estado recordando una otra vez en los últimos tiempos, demostraría una torpeza incalificable.

No está ahora mismo el horno madrileño para esa clase de bollos porque si pretendieran hacérselos tragar a los madrileños probablemente se arriesgarían a darse un batacazo muy considerable en las urnas del 4 de mayo.

Por lo tanto, recibamos ese cambio de posición del equipo de Pedro Sánchez con el alborozo que la noticia merece, pero dejémosla en suspenso y apliquemos el castizo “quietos hasta ver, que a lo mejor no es nada”.

Las circunstancias políticas que dominan hoy el paisaje catalán no permiten ninguna clase de ofrecimiento o de promesas por parte del socialismo

Evidentemente, las circunstancias políticas que dominan hoy el paisaje catalán no permiten ninguna clase de ofrecimiento o de promesas por parte del socialismo. Pero cuando el gobierno de la Generalitat se constituya por fin-no son totalmente descartables pero no son previsibles unas nuevas elecciones en Cataluña- entonces podremos comprobar si el cambio que fuentes del Ejecutivo filtran a El Independiente es real y es permanente o no lo es.

Porque existe también la posibilidad de que en esa Mesa de diálogo Estado- Generalitat, el Gobierno emplee estos dos puntos, una reforma del delito de sedición en el Código Penal que favorezca a los líderes independentistas en prisión y la concesión a esos mismos líderes de indultos por parte del Gobierno, como la zanahoria de toda la vida, colgada de un hilo que va atado a un palo.

No lo sabemos y no lo sabremos hasta que se vaya pasando el tiempo. Si la legislatura avanza sin que el ministerio de Justicia lleve al Congreso esa modificación de la ley y si pasan los meses, el Tribunal Supremo emite su informe en contra de que se indulte a los condenados y el Gobierno no mueve ficha en la dirección que ha estado apuntando hasta ahora, entonces podremos felicitarnos de su cambio de criterio y empezar a pensar que, efectivamente, Pedro Sánchez emprende el camino de la moderación que lleva hacia el centro político.

Mientras tanto, mejor será que esperemos los acontecimientos con la espalda bien pegada a la pared, por si acaso.