Al Gobierno los españoles le importamos un comino

Esto es de no creer. Me refiero a las confesiones “de fuentes gubernamentales” que recoge en estas páginas Cristina de la Hoz en las que reconocen que el Gobierno no ha querido, literalmente no ha querido, prorrogar un par de meses más en todo el país el estado de alarma, no porque no le pareciera ya necesario ni porque considerara excesiva la duración de las restricciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

No, no, de eso nada, ¡pero nada de nada! La razón última que explica que estemos metidos ahora mismo en este inmenso caos normativo y enfrentándonos con las distintas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad además de haber involucrado al Tribunal Supremo en un asunto que compete en exclusiva al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, es decir, al Gobierno y al Congreso de los Diputados, es que a los señores del Gabinete y a los altos mandos del PSOE  les costó mucho esfuerzo obtener los 194 votos con que se saldó el apoyo al decreto que prolongaba el estado de alarma durante seis meses.

Y no quieren repetir, se ve que les da pereza porque además les sale caro. “Tuvimos que mendigar el voto”, reconocen fuentes gubernamentales que confiesan además que les costó mucho dinero obtener los 194 votos con que se saldó el apoyo al decreto: “Nos salió muy caro, nos dejamos el hígado, sobre todo el ministerio de Hacienda. Nada costó más dinero” reconocen sin ponerse colorados.

Para empezar resulta que el plazo de seis meses no estuvo aconsejado por dictamen alguno de ese famoso comité de expertos, cosa que no tiene nada de sorprendente habida cuenta de que el tal comité no existió nunca, como reconocieron meses más tarde de haber estado utilizando como fuente de autoridad científica lo que nunca fue más que la reunión de unos cuantos funcionarios del ministerio de Sanidad.

No señores, ese plazo estuvo dictado por la comodidad del Gobierno y del grupo parlamentario socialista, que no quería acudir cada 15 días o cada mes a seguir “mendigando” los votos porque eso, ya se sabe, da mucho trabajo y es mucho mejor ir a lo grande y tirar por elevación.

Todos sabemos que el Gobierno tenía otra vía más seria, más sólida, que era la de haber convocado desde el comienzo de la pandemia a Pablo Casado"

Pero es que la culpa es suya y solo suya por haber elegido esa clase de socios menores cuya única garantía de supervivencia y única justificación de su existencia parlamentaria ha estado siempre en barrer para casa cuanto más mejor. Para, con ese botín, presentarse ante su parroquia exhibiendo los trofeos arrancados a cambio de uno, dos, tres o seis votos.

Pero todos sabemos que el Gobierno tenía otra vía más seria, más sólida, que era la de haber convocado desde el comienzo de la pandemia a Pablo Casado –que se abstuvo en la votación de octubre, no votó en contra como dice ahora, mintiendo, el Gobierno- y a Inés Arrimadas también, para abordar juntos un problema que estaba golpeando a todos los españoles por igual y que a todos les angustiaba con la misma intensidad.

SI se hubieran hecho unas negociaciones sensatas sobre la base de los intereses comunes, si el presidente Pedro Sánchez no se hubiera comportado con la soberbia que le caracteriza, si la señora Adriana Lastra no hubiera maltratado públicamente como toda estrategia política a los bancos de la oposición del centro derecha, se habrían evitado –nos habríamos evitado todos- este mercadeo repugnante. Y digo repugnante porque de lo que se estaba hablando era de la salud y de la vida de los españoles. Y eso no se puede cambiar por unos cuantos millones o por kilómetros de autovías.

La pandemia era uno de esos asuntos de Estado que requerían altura de Estado, conversaciones y pactos al más alto nivel. Pero de esto es precisamente de lo que no ha habido nada. Al contrario, la confesión que registra hoy la periodista de El Independiente retrata un grado de miseria política y moral que sinceramente sobrecoge.

De modo que la prórroga del estado de alarma nos ha salido muy cara a los españoles, no en salud, que por supuesto: nos ha costado 100.000 vidas y el sufrimiento de millones de personas. También nos ha salido cara en dinero, en purititas y crudas transacciones dinerarias.

La pandemia era uno de esos asuntos de Estado que requerían altura de Estado, conversaciones y pactos al más alto nivel. Pero de esto es precisamente de lo que no ha habido nada"

Esto es una vergüenza y un escándalo tal que no sé ni cómo se atreven ahora a contarlo. Pero es evidente que el Gobierno tenía a la mano recorrer la otra vía y no quiso hacerlo. Prefirió ceder, pactar y pagar desde el comienzo, prefirió comprar su tranquilidad.

Y ahora que ha transcurrido el plazo acordado y que el país necesitaría prolongar ese estado de alarma un par de meses más, o tener aprobada una modificación de la Ley de Salud para dar instrumentos a los gobiernos autonómicos para tener la tranquilidad de doblarle de verdad el pulso al virus gracias a esas armas y a las vacunas, Sánchez va y se niega. ¡Se niega!

Deja así a las comunidades autónomas abandonadas a su suerte porque carecen, aunque el presidente y sus ministros digan lo contrario, de las armas legales para luchar contra la extensión de los contagios entre personas que están mayoritariamente al borde de la desesperación tras tantos meses de confinamiento y va a ser muy difícil, si no imposible, contenerlas con eficacia.

Y, para no tener que esforzarse de nuevo en alcanzar un pacto –que lo tiene a la mano porque Pablo Casado se lo ha ofrecido cien veces y la propuesta del PP podría discutirse en el Congreso y aprobar las modificaciones que fueran necesarias- le intentó colocar al Tribunal Supremo una tarea que en absoluto le corresponde que es prácticamente la de someterse a las órdenes del Gobierno para dar una solución a cada caso en lugar de sentar doctrina, que es su cometido principal.

Menos mal que las comunidades, mucho más sensatas que la vicepresidenta Carmen Calvo y que la ministra portavoz María Jesús Montero, han decidido mayoritariamente no recurrir al Alto Tribunal, de manera que parece que los magistrados de la Sala Tercera práctcamente se van a librar de asumir semejante tarea.

Sánchez permite con toda tranqulidad el caos al que nos estamos enfrentando y que estamos sufriendo todos sencillamente porque no quiere acercarse al PP ni tampoco quiere volver a negociar con los pequeños partidos-piraña que, por lo visto y lo confesado ayer, ya le han sacado al Gobierno hasta la hijuela.

De modo que aquí estamos los ciudadanos a merced de unos señores a los que claramente les importamos lo mismo que le importaba a la diputada de ERC en el Congreso Montserrat Bassa la gobernabilidad de España: un comino. Bueno es saberlo.