Lo van a volver a hacer pero mucho más agravado.Van a volver a apostar por ceder ante las exigencias de los independentistas con la esperanza de que esta nueva cesión, una más y muy trascendente, aplaque su voracidad y, dándole otra patada al balón, se aplace la solución al desafío secesionista hasta que venga otro gobierno a hacerse cargo del problema.

Pero es que esto ya lo hemos visto antes y conocemos los resultados: nunca se ha conseguido nada de los que quieren romper España dándoles una parte de lo que reclaman. Nunca se ha avanzado un milímetro sino, al contrario, no se ha hecho sino retroceder. Por el contrario, nunca jamás los independentistas han dado un solo paso en dirección al encuentro, ni uno solo. Y quien diga que esto no es cierto, que lo demuestre.

Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez se dispone a cometer el mismo error que históricamente cometieron gobiernos anteriores desde la aprobación de la Constitución, pero esta vez retorciendo la ley y burlando las sentencias del Poder Judicial.

El presidente del Gobierno dijo ayer que existen "los valores constitucionales como la concordia y el entendimiento" y otros "que no son constitucionales, como la venganza o la revancha". Y en ese preciso instante, asumiendo plenamente sus planteamientos, Pedro Sánchez se pasó con armas y bagajes a las filas de los independentistas que sostienen arteramente que las condenas fijadas por el Tribunal Supremo contra los golpistas de septiembre de 2017 no fueron sino la venganza de un Estado represor y no el resultado de la aplicación ecuánime de las leyes.

Y ahora viene el presidente a afirmar que la no concesión de un indulto que los condenados no han solicitado por unos hechos de los que manifiestamente no se han arrepentido sino que, al contrario, han declarado repetidamente que lo volverán a hacer, sería producto de la venganza o de la revancha.

¿Dónde queda en este planteamiento de Pedro Sánchez, si puede saberse, el respeto al imperio de la ley, que es la base de cualquier estado democrático? ¿Dónde queda su respeto a las sentencias judiciales?

La interpretación que hizo ayer de la realidad judicial de los condenados constituye un escándalo de gravísimas conseceuencias. Al asumir y hacer suyos -¡desde la presidencia del Gobierno!- los argumentos de quienes violaron las leyes y desafiaron consciente y deliberadamente una y otra vez a la Constitución, Pedro Sánchez ha causado un daño inmenso a nuestro Estado de Derecho y a su prestigio dentro y fuera de España.

Todo lo sucedido desde que en el año 2012 Artur Mas decidiera plantear un reto inasumible al presidente Mariano Rajoy, toda la cadena de acontecimientos producidos en Cataluña desde entonces ha sido un recorrido insensato y enloquecido, además de repleto de falsedades y manipulaciones, hacia el suicidio político de quienes han encabezado esta insurrección pero dañando al mismo tiempo muy gravemente a la sociedad española en la que por supuesto incluyo a la catalana.

Sánchez se propone ahora ceder una vez más y dejar el campo libre para que lo ocupen unos líderes políticos que ya han advertido, y lo cumplirán, que esto de los indultos es poco, que quieren, que exigen, la amnistía y el referéndum de autodeterminación.

Además de la profundísima falta de respeto al Tribunal Supremo y a la observancia de las leyes que rigen la convivencia en nuestro país, Pedro Sánchez no dispone de una sola prueba que le permita pensar que, contraviniendo la opinión negativa de la Fiscalía y la previsible opinión también contraria del Tribunal sentenciador, la concesión de esos indultos, sean parciales o sean totales, va a obtener de los indultados el reconocimiento del delito, o del error, y el compromiso de marchar de ahora en adelante por la senda de la legalidad.

El presidente del Gobierno es un señor al que no le interesa asomarse a la realidad de la vida política y social catalana

Él sabe y sabemos todos que esta última prueba de debilidad por parte del Gobierno va a redoblar la fortaleza de los golpistas y va a reproducir con mayor intensidad aún sus exigencias imposibles para obtener la independencia de Cataluña. Y que esta cesión inadmisibe les va a permitir seguir hablando de la "voluntad de un pueblo" al que no representan, en la medida en que hablan únicamente en nombre de menos de la mitad.

Ayer dijo Pedro Sánchez que "al igual que se tiene que producir un diálogo entre ambos gobiernos, el de España y el de Cataluña, también debe producirse un diálogo entre las fuerzas políticas catalanas, porque hay que recordar que hay muchas otras personas en Cataluña que no piensan ni tampoco comparten el proyecto independentista" y que los secesionistas "deben practicar el diálogo con aquellos que no comparten su hoja de ruta".

Se diría que el presidente del Gobierno es un marciano que acaba de bajarse de un platillo volante recién aterrizado en España. Pero no es ningún marciano, es simplemente un señor al que no le interesa asomarse a la realidad de la vida política y social catalana donde se demuestra todos los días que el independentismo ha acorralado y presiona, y coacciona, y violenta, y margina, y aparta sin piedad a todos aquellos catalanes que no secundan su fantasía excluyente.

Esa consideración del presidente, formulada en el contexto de una respuesta sobre la concesión de un indulto a los condenados, demuestra un grado de cinismo que la población española no merece soportar por parte de quien se supone que nos representa a todos.

La concesión de los indultos no va a contribuir de ninguna manera a encontrar una "solución política" al reto planteado por los secesionistas catalanes. Eso no es verdad o, mejor dicho, es una mentira de la que la mayoría somos conscientes pero que es deliberadamente ignorada por aquellos que van a obtener una ganancia particular de haberla difundido. Es mentira que con los indultos vayamos a avanzar "hacia un horizonte de acercamiento y concordia". La experiencia de muchos años lo demuestra.

Verdaderamente, y aunque resulte difícil de asumir en términos políticos, la única ganancia que el Gobierno va a obtener de esos indultos inadmisibles y contraproducentes para el futuro es el apoyo parlamentario de ERC al Gobierno, un Gobierno en minoría y que está por eso en las manos de quienes él ha escogido deliberadamente como socios de legislatura, todos los cuales van naturalmente a respaldar tan aberrante decisión.

Pero el precio para el país es inasumiblemente alto. Y esa decisión, cuando la tome, sea después de las primarias de su partido en Andalucía, sea al borde de las vacaciones de verano, no le va a ser perdonada al presidente. Y no va a ser tampoco olvidada por los electores por más meses que transcurran.

Entre otras cosas, porque a la acción política de la oposición, que va a estar reprochándole de continuo el haberse saltado a la torera el espíritu y los condicionantes que establece la ley que regula el indulto y el haber ignorado también los informes contrarios de la Fiscalía y del Tribunal Supremo -algo extraordinariamente infrecuente en los últimos años-, se van a sumar los propios independentistas, que más pronto que tarde le retarán de nuevo pero con el listón de sus exigencias aún más elevado.

Sánchez está a punto de ponerle unos cuantos cartuchos de dinamita a los cimientos de la democracia

La concesión de indultos en cualquier modalidad a quienes pretendieron asaltar nuestro Estado de Derecho y demoler la Constitución que ampara nuestras libertades y garantiza la igualdad de todos los españoles ante la ley, va a producir, pero en sentido contrario, la misma conmoción en el país que la que produjo en 1977 la legalización del Partido Comunista de España.

La diferencia que coloca a aquella decisión política muy arriesgada en las antípodas de esta otra decisión política en el filo del desastre es que el presidente Adolfo Suárez la tomó con el propósito de consolidar el incipiente proceso hacia la democracia. Y lo que está a punto de hacer el presidente Sánchez es ponerle unos cuantos cartuchos de dinamita a los cimientos de esa democracia ya asentada que hace más de 40 años se construyó.

Y no valen los argumentos de quienes, como Podemos, falsean la realidad argumentando que "no se le puede exigir a ninguna fuerza política que renuncie a sus ideas" porque no es eso lo que se ha exigido nunca en este país a nadie. Se exige a todos, eso sí, que cumplan las leyes y, por haberlas incumplido en grado sumo y por estar dispuestos a volver a incumplirlas, es por lo que han sido condenados los dirigentes secesionistas por el Tribunal Supremo a quienes el Gobierno se propone indultar.

El drama de este país es que la argumentación falsaria de los golpistas ha sido asumida por muchos demócratas, incluído el presidente del Gobierno. Pero aún quedan muchos más que saben lo que es el pan y lo que es el vino y no confunden ni confundirán nunca lo uno con lo otro. Y que se lo acabarán cobrando en votos.

Lo van a volver a hacer pero mucho más agravado.Van a volver a apostar por ceder ante las exigencias de los independentistas con la esperanza de que esta nueva cesión, una más y muy trascendente, aplaque su voracidad y, dándole otra patada al balón, se aplace la solución al desafío secesionista hasta que venga otro gobierno a hacerse cargo del problema.

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