Los 13 apóstoles del indulto

En Cataluña viven algo más de 7 millones y medio de personas, en los últimos años desciende su población hasta en su capital Barcelona, en otros tiempos líder mundial de la modernidad y la ciudad más europea de España con diferencia. La mitad de los que se van lo hacen a Madrid, Andalucía y Valencia, igual que las empresas que se fueron y no han regresado. 

El hartazgo del procés provocó que en las últimas autonómicas casi el 50% se abstuvieran de votar, y de los que lo hicieron, casi la mitad votaron a partidos constitucionalistas. Aunque fueron más los que votaron independentista, la diferencia sigue siendo mínima. La fractura social y política provocada por el procés, lejos de cicatrizar sigue sangrando. 

Saben que solo mientras Sánchez sea presidente tienen una oportunidad de volver a intentar la independencia a la brava y de forma unilateral

Cataluña es una comunidad autónoma dividida, con la mitad de su población subyugada por la otra mitad. Quienes ejercen el poder independentista lo hacen con la mínima fuerza de tan solo 13 diputados en el Congreso, capaces de controlar al Gobierno central, como antes lo hizo Jordi Pujol con Aznar o con Felipe González. La gran diferencia es que la estabilidad de la llamada minoría catalana en el pasado, permitió gobernar España sin romperla a cambio de enriquecerse unos pocos, y ahora la llamada “desconexión” del resto del país es el primer punto del orden del día para los independentistas, muchos de ellos herederos de la corrupción de Pujol. 

Más allá de venganza y concordia, lo que no cuenta Pedro Sánchez acerca de los indultos que va a aprobar, es que son el plan B que tenía Moncloa para mantener su mayoría parlamentaria. El plan A era otro, cambiar el código penal y eliminar el delito de rebelión manteniendo el de sedición, pero ERC mostró su disconformidad y votaba en contra si lo hacían. Ellos exigieron eliminar ambos, sedición y rebelión, para asegurarse la convocatoria de un futuro 1 de octubre sin consecuencias penales. No existe en ningún código penal europeo, un país que no tenga en su ley el delito de sedición. En España e Italia con penas elevadas, de hasta 15 años, en el resto de países exigen que exista la violencia, amenaza o intimidación para aplicarlo, pero la sedición esta presente en todos los códigos penales.

ERC ha tensado tanto la cuerda que está a punto de romperse, saben que solo mientras Sánchez sea presidente tienen una oportunidad de volver a intentar la independencia a la brava y de forma unilateral, piden amnistía aunque aceptan indulto y se sienten fuertes con un gobierno en Madrid tan débil.

El indulto que intentará Moncloa ya solo puede ser parcial, por lo tanto recurrible, y será la Sala Tercera del Supremo, la que determine si está o no motivado. Ya tumbó otros indultos en el pasado, uno de ellos a Alfredo Sáez, ex banquero del Santander, porque Zapatero se excedió en su indulto parcial, pidiendo eliminar sus antecedentes para que pudiera volver a su cargo anterior en el Banco, el Supremo dictó que eso no lo podía indultar. O el del kamikace condenado a 13 años, eliminó su indulto porque no había cumplido ni la mitad de la condena (como los presos del procés), también esta Sala del Supremo eliminó el indulto a un directivo de la UD Las Palmas porque no vieron arrepentimiento y si nuevos posibles delitos urbanísticos denunciados por ecologistas o el de una buena amiga, María Salmerón, mujer maltratada que incumplió reiteradas veces los plazos de custodia de sus hijos con el maltratador, ya fue indultada una vez y a los pocos años de nuevo pidieron su indulto por idénticos motivos, a lo que el Supremo dijo al Gobierno, que hiciera bien su trabajo, como el legislativo no mejoró las leyes para protegerla esta vez no la indultaba. 

Esto puede volver a suceder con el indulto a los políticos del procés.

Pedro Sánchez siempre huye hacia delante ante un problema. Se sabe que no es querido ni siquiera por los suyos y ya no tiene a Iglesias para que le pare los golpes. Cree posible manejar los tiempos a su favor, otorgar un indulto parcial para mantener la gobernabilidad los dos años que le quedan en el cargo, a la espera de que los recursos que interpondrán todos los partidos de la oposición, alarguen su agonía y le permitan gobernar hasta elecciones. 

Todo Cesar tiene su Bruto, su compañero de partido dispuesto a terminar con él para ocupar su puesto, y a este Cesar unos cuantos del PSOE le tienen ganas.