Las cosas se pone cada vez peor para quienes defendemos la pervivencia de la Constitución de 1978, la fortaleza del Estado de Derecho y la solidez de las instituciones democráticas de nuestro país. El acoso está siendo ya por tierra, mar y aire.
Y el Gobierno esta contribuyendo muy mucho a debilitar esas instituciones, notablemente al Tribunal Supremo, con una serie de decisiones ya tomadas y los anuncios de las que puede tomar próximamente que, sumadas, dejan colgada de la brocha y suspendida en el aire la sentencia condenatoria emitida por el Alto Tribunal contra los nueve dirigentes secesionistas a los que ahora acaba de indultar.
Esta medida junto con el anuncio del propósito gubernamental de abordar una revisión del Código Penal destinada a rebajar el castigo asociado al delito de sedición privan de sentido el mantenimiento de las condenas ahora anuladas por los indultos y hasta el futuro penal de los huidos de la Justicia, con el ex presidente Carles Puigdemont al frente.
La ofensiva contra las posiciones de defensa de la unidad territorial de España y ante los ataques contra la pervivencia de los principios constitucionales ha tenido continuidad en la votación celebrada en el Consejo de Europa, un organismo que nada tiene que ver con la Unión Europea y de la que Rusia es miembro, pero cuyas posiciones han tenido un eco considerable en España.
Este informe ha sido votado a favor por las delegaciones de ERC, PNV y Unidas Podemos, con lo que eso significa.
Allí se ha votado a favor de la excarcelación de los independentistas presos, de la reforma del delito de sedición y rebelión, así como de la paralización de las peticiones de extradición y que decaigan los juicios pendientes. El informe aprobado valora la persecución a políticos por el ejercicio de su cargo en España y en Turquía, equiparación que, aunque muy matizada en la declaración final, donde se reconoce que España es una democracia plena, resulta altamente ofensiva y por eso mismo intolerable. Este informe ha sido votado a favor por las delegaciones de ERC, PNV y Unidas Podemos, con lo que eso significa.
Pero todo esto ha sucedido sin que el Gobierno haya movido un dedo para intentar convencer a tiempo a los miembros de esa Asamblea de que el informe elaborado por el socialista letón adolecía de un sectarismo y de una falta de equilibrio, ecuanimidad y objetividad que lo convertían en no apto para ser respaldado.
Este es un episodio más de los muchos que se están sucediendo estos días y que apuntan al intento de debilitamiento de la España constitucional y democrática. La reunión, del 16 al 18 de este mes de junio del empresariado catalán en el aniversario del Círculo de Economía mostró a su vez hasta que punto muchos de los que apoyaron públicamente los indultos a los secesionistas que el presidente del Gobierno anunciaría pocos días después en el Liceo de Barcelona no han dejado de apoyar en todo este tiempo las posiciones independentistas hasta que han comprobado en carne propia que esa posición perjudicaba sus intereses empresariales.
Por ejemplo, Javier Faus, presidente del Círculo de Economía que procede del sector soberanista del empresariado catalán, que aprobó un documento en el que se pedía un nuevo Estatuto con rango constitucional, es decir, hablando en plata, una Constitución de una nación soberana y por lo tanto independiente. Ahora es cuando Faus defiende y apoya la concesión, ya culminada, de los indultos a los independentistas.
Jaume Giró se destapó en esta reunión del Círculo de Economía como un furibundo independentista
Epítome de lo que digo fue el hasta hace muy poco director general de la Fundación La Caixa, Jaume Giró, ahora flamante consejero de Economía de la Generalitat. Quien fuera uno de los hombre más poderosos de la institución financiera por excelencia se destapó en esta reunión del Círculo de Economía como un furibundo independentista, hasta el punto de que su intervención dejó sorprendidos a los asistentes al acto por su radicalidad.
Giró, con su lacito amarillo en la solapa, habló de la "profunda injusticia" que se estaba cometiendo con los "represaliados y perseguidos" por el proceso soberanista en Cataluña y acusó también al Estado español de estar evolucionando "hacia formas de hacer despóticas y opresivas" con el "acoso a que se está sometiendo a Cataluña" a la que describió como víctima de un expolio fiscal. Y remató asegurando que a esa tierra le iría mucho mejor si fuera independiente. Un discurso propio de un "pata negra" del secesionismo.
Pero lo que quiero subrayar aquí es que el señor Giró ha sido hasta hace nada el factótum de una institución financiera de la importancia e influencia que tiene en toda España la Caixa, que ahora ha absorbido a otro gigante como fue en su día Bankia. Y que ha estado todos estos años repartiendo dinero a muchas organizaciones de todo tipo, incluidas por supuesto y generosamente las independentistas y hasta haciéndose cargo por vía interpuesta durante al menos tres años del sueldo del dirigente de JxCat Jordi Sánchez, encarcelado tras la sentencia del Tribunal Supremo y ahora libre gracias al indulto recibido. Sánchez le ha devuelto ahora el favor a Giró.
Algo parecido, pero en otro ámbito, se puede decir de Javier Godó, editor del periódico La Vanguardia, que ejerce una extraordinaria influencia sobre la opinión pública catalana. Durante los años más duros del desafío independentista el periódico del conde de Godó, convenientemente regado con millones de euros desde la Generalitat, amparó y alentó los planteamientos secesionistas.
Ahora, visto el fracaso de esa estrategia, se apunta a la vía del indulto porque, como casi todos los empresarios que estuvieron al lado del secesionismo, han comprobado que las cuentas no les salen y que el famoso procés va a acabar arruinando a Cataluña y a sus empresas. Apoyan la concordia no por un convencimiento sobrevenido sino por puro cálculo interesado.
Apuestan ahora por el "reencuentro", pero es un reencuentro con los suyos, con aquellos a quienes han apoyado e, insisto, financiado
Por eso apuestan ahora por el "reencuentro", pero es un reencuentro con los suyos, con aquellos a quienes han apoyado e, insisto, financiado. El problema que ahora tenían es que la operación les había salido mal. Y como lo que les conviene es operar en un clima que ellos, junto con el presidente del Gobierno, prevén que sea ahora más sosegado y más libre de la crispación vivida hasta hoy, se apuntan a la vía Sánchez .
Pero, independientemente de que ese cálculo de apaciguamiento está aún por demostrarse acertado, no hay en su defensa de las medidas de gracia el menor atisbo de preocupación por el daño que pudiera suponer para la solidez de las instituciones democráticas todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el futuro en torno a este cambio radical del Gobierno sobre el desafío independentista.
Eso no les interesa y tampoco les importa. Su único objetivo es lograr un clima político que les permita mejorar empresarialmente, sea bajo el dominio de una república independiente -el sueño imposible de sus protegidos y financiados- o sea bajo el amparo de la Constitución española.
Por esa razón el apoyo mostrado a la decisión del Gobierno tiene el valor preciso de quien dice "ande yo caliente..." y actúa en consecuencia. Pero son los mismos de siempre que, en cuanto vieran posible que el independentismo se hacía fuerte y podía ganar la partida, se colocarían de nuevo y sin solución de continuidad de un limpio salto del lado del vencedor.
Y ahora se inicia el cerco al Tribunal de Cuentas, nueva bestia negra del independentismo porque reclama a sus responsables la devolución al erario público de los millones malversados por los líderes del procés y al que el Gobierno ha calificado de "piedra en el camino que hay que desempedrar". Las presiones sobre este órgano ya han empezado e irán a más con el paso de los días.
Las cosas se pone cada vez peor para quienes defendemos la pervivencia de la Constitución de 1978, la fortaleza del Estado de Derecho y la solidez de las instituciones democráticas de nuestro país. El acoso está siendo ya por tierra, mar y aire.
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