¿A qué espera Pablo Casado para anunciar el acuerdo sobre el CGPJ que está ya cerrado?

La información que hoy publica en este periódico Carmen Lucas-Torres es muy relevante porque habla a las claras de que las posiciones de PSOE y PP para alcanzar un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial han llegado a un punto de pacto.

La prueba de eso es que tanto desde el Partido Socialista como desde el Partido Popular volvieron a proponer al magistrado del Tribunal Supremo y presidente de su Sala Segunda la presidencia del Alto Tribunal y del CGPJ que lleva más de dos años y medio en funciones y pendiente de un acuerdo de renovación entre los dos grandes partidos de la Cámara, acuerdo que nunca llega.

Es evidente que Manuel Marchena no aceptó la invitación y a eso me referiré más adelante. Pero lo que hay que subrayar aquí es la negativa cerrada y cerril de Pablo Casado a hacer público un acuerdo con el PSOE sobre un asunto de relevancia máxima que afecta a varias de las instituciones esenciales para la buena marcha del país.

Porque es evidente que si ambos negociadores -el ministro de Justicia Juan Carlos Campo y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y responsable del área de Justicia del PP, Enrique López- han llegado a un acuerdo sobre el CGPJ, lo han alcanzado también en lo que respecta a la renovación del Tribunal Constitucional y a la de Defensor del Pueblo. Todo ha ido siempre en el mismo paquete.

Y con ser importante la renovación del TC, lo es mucho más la del órgano de gobierno de los jueces, especialmente desde que el PSOE y Podemos sacaron adelante una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial según la cual un Consejo que haya culminado su mandato ya no podrá efectuar los nombramientos para cubrir las plazas que queden libres en los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, en las Audiencias Provinciales, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo.

Tampoco Pablo Casado debería necesitar escuchar la opinión ajena para ser consciente de la importancia del asunto

Y si alguien ha convencido al líder del PP de que es irrelevante que esas plazas queden sin cubrir indefinidamente porque la administración de Justicia no se resiente por ello, ese alguien no dice la verdad. Pero tampoco Pablo Casado debería necesitar escuchar la opinión ajena para ser consciente de la importancia del asunto. Los tribunales españoles no pueden desarrollar plenamente su actividad si no están constituidos en su totalidad.

Y mucho menos si están padeciendo una merma de sus miembros por el empecinamiento de un señor que no encuentra nunca el momento propicio para anunciar el pacto. Porque resulta que, visto el panorama, ese momento no se va a producir en lo que resta de legislatura y lo que sí va a seguir habiendo son los movimientos de jueces que quieran optar a otras plazas y las jubilaciones de los magistrados que vayan alcanzando la edad de la retirada.

Cuenta Carmen Lucas-Torres que el ofrecimiento al juez Marchena se produjo inmediatamente después de que Pablo Iglesias hubiera anunciado su retirada de la vida política. Y tiene sentido porque las pretensiones del ex líder de Podemos de colocar en la sala de máquinas del Poder Judicial a dos de sus peones suponía una amenaza real a la estabilidad de una de las tres patas que sostienen nuestro Estado de Derecho. Habría sido como poner al zorro a cuidar de las gallinas y el líder del PP tuvo entonces por eso muy buenos motivos para negarse a ese trágala.

Pero ese riesgo había desaparecido y era el momento de alcanzar un acuerdo que otorgara un mínimo de estabilidad a varias de nuestras instituciones. ¿Por qué se sigue negando Pablo Casado a anunciar públicamente ese pacto? ¿A qué está esperando, a llegar al 2023 con este Consejo en funciones, eternizado en su puesto y paralizado en su función primordial? ¿O quizá a renovarlo sólo cuando él gane las elecciones, si es que las gana? Porque en ese caso se podría encontrar con que el PSOE le pagara con la misma moneda.

Habría sido como poner al zorro a cuidar de las gallinas y el líder del PP tuvo entonces por eso muy buenos motivos para negarse a ese trágala

No tiene sentido esta postura porque no tiene justificación. Ese acuerdo debe ser firmado y anunciado a pesar del desastre provocado por el Gobierno en torno al Tribunal Supremo y la labor deslegitimadora que ha llevado a cabo por acción pero también por omisión contra la sentencia dictada por la Sala Segunda contra los dirigentes independentistas.

Porque no es para olvidar la barbaridad perpetrada por el presidente del Gobierno cuando, asumiendo plenamente los planteamientos falsarios de los independentistas se refirió al castigo de las penas impuestas por la Sala Segunda como "venganza" y "revancha", con lo cual estaba lanzando un torpedo a la línea de flotación de un proceso que había sido ejemplar y a una sentencia impecablemente sujeta a Derecho. Y eso lo hacía Pedro Sánchez para intentar justificar unos indultos que han sido concedidos contra la opinión inatacable y magistralmente expuesta en su informe del Tribunal Supremo.

Los indultos en sí, tal y como los han querido interpretar los dirigentes independentistas se han convertido para sus partidarios, ante el silencio del Gobierno, en una desautorización al Poder Judicial al que el Poder Ejecutivo ha decidido desmontar una sentencia evidentemente injusta. Esta es la versión del secesionismo militante que ha llevado por Europa sin que ni el presidente ni sus ministros de Justicia y de Exteriores se hayan molestado en desmentir vigorosamente.

Por eso, porque el Gobierno ha mantenido una actitud culpablemente pasiva ante los ataques a nuestro sistema de libertades y garantías y no se ha esforzado en absoluto por dejar sentada la verdad, es por lo que el Consejo de Europa ha votado la ponencia del socialista letón y pro ruso en la que ese organismo se ha permitido meter a nuestro país en el mismo saco que Turquía, por muchas diferencias que la asamblea del Consejo haya querido subrayar después. Ese ha sido un golpe deliberadamente orientado contra la democracia española que se habría podido evitar.

Y, para remate que desautorizará inevitablemente la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de octubre de 2019 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, con sede en Estrasburgo, el Gobierno anuncia también su propósito de llevar al Congreso una modificación del Código Penal vigente de modo que las penas consignadas en él por el delito de sedición se vean considerablemente rebajadas. Con eso, con el mero anuncio de ese propósito, la sentencia del Alto Tribunal queda desactivada ante las instancias europeas.

No se puede hacer más daño en menos tiempo al prestigio y reputación de nuestro Tribunal Supremo. No tiene nada de sorprendente, por lo tanto, que el magistrado Manuel Marchena no haya querido aceptar entrar de la mano de los dos partidos en la jungla en que se ha convertido todo cuanto toca, aunque sea de refilón, la actividad política que se vive y se padece hoy en nuestro país.

El propio Marchena, los demás magistrados que compusieron el tribunal sentenciador, los miembros de la Sala Segunda en su conjunto y todos cuantos componen el Tribunal Supremo español tienen mucho, pero mucho, que reprocharle a este Gobierno y a su presidente Pedro Sánchez por el daño que ha infligido y se propone seguir infligiendo a la Justicia de nuestro país.

Daño al que está contribuyendo el enrocado líder del Partido Popular con su empeño en negarse a desatascar la buena marcha de la acción de los tribunales cuando la mayor amenaza contra el buen funcionamiento de su órgano de gobierno ya ha desaparecido.