Israel dio en junio un portazo a la era Netanyahu con un acuerdo histórico en sus 73 años de existencia. Una muy heterogénea coalición de ocho partidos llegó a un pacto liderado por el centrista Yair Lapid que incluía por primera vez a una formación árabe, Ra'am, además de otros grupos de derecha, centro e izquierda. Como primer ministro hasta 2023, el líder ultraderechista Naftali Bennett. 

Para algunos, el acuerdo podría suponer un entendimiento con la población palestina tras los gobiernos de Netanyahu, que destacaron por su agresividad retórica y su efectividad práctica, con récord de desahucios y demoliciones de infraestructuras y un plan de anexión patrocinado por Trump. 

Para otros, este gobierno tiene pocas posibilidades. Ra'am -la liga de partidos árabes integrada en la coalición- ha oscilado entre un pragmatismo que le llevó a acercarse a Netanyahu en el pasado y su oposición a los asentamientos; otros grupos de la derecha, como New Hope y Yamina, son defensores recalcitrantes de estos asentamientos. Sin embargo, a pesar de las divergencias, se acaban de eliminar las restricciones impuestas por la Ley de Ciudadanía, aprobada durante la segunda intifada y que impedía la reagrupación familiar al no conceder la nacionalidad y la residencia a los palestinos casados con árabes israelíes.  

La UE y el nuevo gobierno de EEUU deben mostrar su compromiso con el derecho internacional para garantizar la solución entre los dos Estados

En cuanto a las cuestiones fundamentales, desde la UE hemos insistido en la necesidad de garantizar la solución entre los dos Estados, de acuerdo con las resoluciones de la ONU y las fronteras del 67. Ahora, este debate tiene que ir más allá. La UE y el nuevo gobierno de EEUU deben mostrar su compromiso con el derecho internacional y los derechos humanos. El proceso de paz de Oriente Medio no puede basarse en una justificación del statu quo. 

El Plan de Trump supuso, en la dirección equivocada, un movimiento de fichas en un tablero bloqueado durante demasiado tiempo, con lo que, lejos de desbloquear la partida, lo hizo saltar por los aires. La UE se mantuvo dubitativa, en un segundo plano: limitarse a meros comunicados deja al descubierto un papel pasivo en lo político, pese a ser el principal donante de cooperación en la zona. 

Tras la llegada de Biden a la Casa Blanca y el nuevo marco de relaciones que Bruselas trata de reconstruir, cabe preguntarse si la UE tiene una estrategia para Oriente Medio, o más bien si está dispuesta a desarrollarla sobre valores y derechos humanos. Si Israel sigue instalado en el conocido trilema -Israel no puede ser un Estado democrático, un Estado judío y, a la vez, controlar los territorios que ha ocupado- es porque la comunidad internacional se lo permite. 

El choque bélico de mayo entre Hamas e Israel ha causado en la opinión pública un desplazamiento de percepciones. Lo que se presentaba como un conflicto territorial ha pasado a ser un conflicto de derechos humanos. Así lo han visto los manifestantes europeos y americanos: además de una disputa territorial, estamos ante el conflicto de mayor envergadura sobre violación de derechos humanos al que tendremos que hacer frente.  

Desde hace tiempo, organizaciones internacionales, palestinas e israelíes han documentado lo que ocurre en los territorios. Durante los últimos 54 años, las autoridades israelíes han promovido el traslado de sus ciudadanos a los territorios ocupados, concediéndoles un estatus de derechos superior, en detrimento de quienes son desplazados y de quienes se convierten en ciudadanos de segunda: esta es la clave de la política de asentamientos. La libertad de circulación, los derechos de residencia, el acceso a la tierra, el control de las fronteras, el espacio aéreo, la seguridad y el registro de la población (incluyendo la expedición de documentos de identidad) dependen de las autoridades israelíes. Las privaciones a los palestinos en algunas zonas son de tal intensidad que organizaciones como Human Rights Watch aseguran que equivalen a crímenes de lesa humanidad o que son propias de un régimen de apartheid. 

La UE tiene liderazgo para ejercer un papel en este conflicto y romper el trilema. Si no somos capaces de detener las demoliciones y los asentamientos ilegales, la solución de los dos Estados dejará de ser viable: no podrá existir un Estado palestino que no sea territorialmente factible. Habrá un único Estado, y no podrá ser un Estado étnico. Tendrá que ser un Estado con ciudadanía democrática, independientemente del origen de cada ciudadano.

Hay que elegir. Hablar solo del statu quo o introducir la ciudadanía democrática, la igualdad, los derechos. Los Derechos Humanos. ¿Habrá, así, una oportunidad para la paz? La UE tiene una gran responsabilidad para que se pueda responder a esta pregunta.

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos.