La demagogia tiene las patas muy cortas. El 10 de agosto de 2021 será recordado como el día en el que el precio de la electricidad alcanzó el récord de los 120 euros por MWh. ¡Y eso con un Gobierno compuesto por dos partidos que prometieron que cuando llegaran al poder recortaría el precio de la luz! Ver ahora los vídeos en los que el antes líder de Podemos, Pablo Iglesias, arremetía contra el poder de las eléctricas da un poco de vergüenza ajena.

Interpretar la factura de la luz no es fácil. Incluso los expertos tienen dificultades para explicar todos sus intringulis. Hay tantas cosas que lo integran que a veces uno se olvida de alguno de sus componentes, que son muchos. Luego entraremos en ello.

Lo peor de las subidas que estamos viviendo este verano, que, según los expertos, se mantendrán durante meses, es que afectan a 10 millones de hogares que pertenecen a las personas con menos ingresos, que son los que tienen la llamada tarifa regulada (PVPC). Los clientes con tarifa libre -contratos negociados con las empresas- están pagando ahora precios más bajos por consumir la misma electricidad que los de la tarifa regulada.

Para que se hagan una idea, el precio es ahora tres veces mayor que el que se pagaba hace un año. Con la actual evolución de costes, una familia con tarifa regulada pagará más de 50 euros al año consumiendo lo mismo que el año anterior. A algunos esto les puede parecer poco, pero si tenemos en cuenta que los hogares a los que afecta son en los que viven parados, pensionistas o trabajadores con salarios bajos, la cosa cambia. Ejemplo: la revalorización de una pensión de 1.000 euros (con una inflación de dos puntos) supone 20 euros al mes. Es decir, que la subida de la luz se come dos meses y medio de la compensación por la pérdida de poder adquisitivo.

¿Por qué se está produciendo esta escalada de precios? ¿A quién beneficia este sinsentido?

Respondamos a la primera pregunta y dejemos para el final la determinación de responsabilidades.

Si uno pregunta a un experto, la respuesta es simple: el precio del gas y el coste de las emisiones de CO2 están disparados. Ahora un poco de teoría. Las energías limpias (eólica, hidráulica, solar) son las primeras en entrar en el sistema para abastecer al consumo. Si estas no son suficientes para ello, entonces entran las demás: ciclo combinado (que utiliza gas), nucleares y térmicas (castigadas por el CO2). Es ahí donde se dispara el precio. La demanda de gas ha aumentado exponencialmente, sobre todo en Asia, multiplicando por dos su precio. Otro tanto ha pasado con las emisiones de CO2.

La tarifa regulada (unos 10 millones de hogares) es la que sufre la escalada de precios. Es la tarifa que pagan los más pobres. Mientras tanto, el Gobierno aumenta sus ingresos con la subida del coste de emisiones de CO2

La estructura de la factura, volvemos a este asunto, es compleja, pero así, en grandes porcentajes, podríamos decir que el coste de la producción propiamente estimado viene a ser el 30% del total. El resto se corresponde con impuestos, tasas y costes de distribución. Los impuestos suponen más que el coste de producción. Hace unas semanas, ante la subida imparable de la factura, el Gobierno decidió retirar de la factura el 7% del impuesto del valor sobre la producción -un concepto equívoco- y que supone 1.700 millones a repartir entre los sufridos consumidores. Además, bajó el IVA del 21% al 10% (más o menos lo que se paga en otros países de nuestro entorno), lo que rebajaría el coste a repartir en la factura en otros 1.200 millones. Pues bien, el Estado, a pesar de esas medidas, que el Gobierno dijo que frenarían la carrera de precios al alza, ingresará este año prácticamente lo mismo que en 2020 gracias al aumento del consumo: unos 7.000 millones de euros.

Así que vemos que, en principio, el que no pierde es el Gobierno, que ingresará lo mismo que el año pasado vía impuestos.

Ahora vamos al CO2. La Unión Europea, más chula que un ocho, decidió que el Viejo Continente lideraría las políticas de reducción de emisiones. Una de las medidas que implantó fue la de castigar a las emisiones que producen el calentamiento del planeta. Pero esa política limpia no redunda en beneficio del consumidor. No. A quien beneficia es al Estado, que es quien ingresa los elevados precios que se pagan por la emisión de gases contaminantes. Este año, por ejemplo, el Gobierno ingresará unos 2.500 millones por las emisiones de CO2. Más o menos el doble que en 2020.

Hace también unas semanas, ustedes lo recordarán porque dio lugar a mucha chanza, el Gobierno se afanó en recomendarnos el uso del horno en la madrugada y tonterías por el estilo para ahorrar en la factura. Pues eso tampoco ha dado resultado. Los precios han subido tanto que incluso en las llamadas horas valle es más caro que antes a las horas punta.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, debería haber sido sincera y reconocer que el tránsito hacia una economía libre de emisiones (o casi) iba a traer como consecuencia un encarecimiento del coste de la electricidad. Muchos ciudadanos se lo hubiéramos agradecido. Pero ese rasgo de honestidad tal vez hubiera tenido un alto coste en votos. Sobre todo, para un Gobierno que prometió un recibo de la luz más barato.

Así que tenemos, por un lado, a los consumidores con menos ingresos soportando los vaivenes de los precios. Al Gobierno, beneficiándose de ello. ¿Y los vampiros de las eléctricas? Las empresas gasistas son las que ganan dinero con la subida del gas. Para las eléctricas (incluso las que tienen ciclo combinado), los efectos de este disloque son más bien neutros.

¿Qué hacer? Una alternativa, a medio plazo, sería sacar del precio de la luz recargos que no le son propios (como sucede con los gastos de la seguridad social). Pero, a corto plazo, lo que debería hacer el Gobierno es cambiar el sistema por el que se fija la tarifa. Al menos para evitar sustos. En otros países europeos el precio se fija con una media de costes estimados a seis meses, periodo durante el cual el consumidor sabe lo que va a pagar. También se podría compensar de alguna forma a los consumidores de la tarifa regulada por esos picos de precio.

Mientras tanto, prepárense para un verano de infarto. ¡Se aproxima una ola de calor!