Ni en su comparecencia de cierre de curso político del 29 de julio, ni ayer en Casa América, que se ha convertido en el Rodiezmo de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno hizo mención al problema de Cataluña.
¡Y eso que estamos a tan sólo tres semanas de que se reúna la mesa de diálogo, un foro exigido por los independentistas para fijar el calendario de desconexión con España!
¿Casualidad? ¿Olvido? No. El presidente ha optado por dejar a Cataluña fuera de la agenda política, lo que significa que está convencido de que este asunto no le proporciona ningún rédito político. Y, lo que es más importante, que descarta que el independentismo vuelva a las andadas... al menos a corto y medio plazo.
La pérdida de peso específico del problema catalán en el debate político nacional es un dato relevante: hace tan sólo cuatro años estábamos ante un auténtico desafío al Estado de Derecho, que derivó en la declaración unilateral de independencia, el referéndum ilegal del 1-O y que concluyó con la aplicación por primera vez en la historia del artículo 155 de la Constitución, que limitaba las competencias de la Generalitat a cuestiones meramente administrativas.
El cambio en la situación viene dado por factores objetivos que tienen que ver con el cansancio de una sociedad sometida durante años a una fuerte tensión y por el sentimiento de frustración que generaron los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017.
Tras la concesión de los indultos, el presidente no quiere ceder más. Hasta tal punto el tema ha dejado de interesarle, que está dispuesto a no sentarse en la mesa de diálogo
Resumamos esos factores objetivos:
1º Las elecciones catalanas del 14 de marzo de 2021 dieron una mayoría clara del independentismo, pero, a diferencia de lo que ocurrió en diciembre de 2017, ERC ganó en votos y escaños a JxC. La derrota de Carles Puigdemont en el bloque independentista supone un cambio cualitativo: pasar de un planteamiento utópico y sentimental a otro más práctico, más pegado al terreno, que representa ERC. Por otra parte, el partido que ganó en votos y empató con ERC en escaños (33) fue el PSC, lo que significa la apuesta de una parte importante de la sociedad catalana por la moderación.
2º El 22 de junio pasado el Consejo de Ministros aprobó el indulto para los condenados del procés, entre ellos el líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Los presos se habían convertido en un elemento movilizador transversal, la argamasa que unía al independentismo. Por muy contraria a derecho que nos parezca esta medida, en la práctica ha tenido el efecto de restar tensión en la sociedad. Se rompió el cordón umbilical que unía la libertad de los presos y la independencia, que ahora ya se ve como una aspiración a largo plazo.
3º Como consecuencia de esa cierta relajación de sectores importantes del soberanismo, la independencia ha ido perdiendo fuelle en la sociedad catalana. La última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), publicada el 28 de mayo de este año, reflejaba que un 48,7% de los catalanes están en contra de la independencia, mientras que un 44,9% se muestra a favor. Poco a poco, la independencia va perdiendo fuelle en la sociedad catalana, y de ello son conscientes lo nacionalistas.
4º Esa conciencia de que las masas ya no están dispuestas a arrojarse a la calle, como lo hicieron entre 2014 y 2017, es lo que ha llevado a que este año la fecha mítica del 11 de septiembre ya no se plantea como una apuesta para ver cuánta gente se moviliza, sino como un acto casi institucional y en el que se van a poner de manifiesto las diferencias profundas entre los más radicales (CUP, JxC y ANC) y los sectores más pragmáticos (ERC). De hecho, los cien primeros días de Pere Aragonés al frente de la Generalitat se han cumplido con una agenda más bien pobre en lo que se refiere a las tradicionales reivindicaciones soberanistas. Tal vez, lo más destacado de este periodo haya sido la decisión de ampliar el aeropuerto del Prat, que ha provocado fuertes tensiones internas en su gabinete y la airada respuesta en contra de Podemos y de la CUP.
5º Han sido precisamente los empresarios los que han empujado a ese acuerdo y los que, de una forma clara y rotunda, han apostado por la vía de diálogo con el gobierno central, descartando aventuras como las que llevaron a la huida de miles de empresas de Cataluña. La burguesía catalana, que coqueteó abiertamente con el independentismo, ha comprobado en carne propia el elevado coste de alimentar la idea de una república catalana. Los grandes empresarios quieren tranquilidad, proyectos y recuperar poco a poco una pujanza que ahora reside en la Comunidad de Madrid como locomotora económica de España.
6º La agenda catalana ha tenido un alto coste de imagen para el Gobierno de Sánchez fuera de Cataluña. El rechazo a los indultos fue una de las bazas que aprovechó Pablo Casado para recuperar el pulso del PP. Por tanto, cuanto menos se hable de Cataluña, mejor para el gobierno. De ahí que pueda asegurarse que la elusión del tema por parte del presidente del Gobierno no es algo fortuito, sino el fruto de una reflexión política. Algo que, por cierto, ya defendía el defenestrado Iván Redondo.
7º Hasta tal punto ese distanciamiento es real que fuentes del propio Gobierno dan por seguro que Sánchez no se sentará en la mesa de diálogo. No quiere quemarse en una negociación que todos saben concluirá en fracaso.
Los riesgos para Sánchez de esta política de ninguneo hacia Cataluña, para centrarse en la recuperación y en la agenda social, es mínimo. El presidente necesita el apoyo de ERC para aprobar los presupuestos, pero eso se da por hecho en Moncloa. Sobre todo, porque los republicanos son los menos interesados en provocar un enfrentamiento frontal con el gobierno de coalición, algo que, de producirse, sólo beneficiaría a sus socios de JxC y a los antisistema de la CUP.
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