SMI, una mínima subida para una gran victoria

El acuerdo alcanzado durante esta semana a punto de concluir entre el gobierno y los sindicatos en torno a la, tan acariciada y por fin materializada, subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cierra uno de los caballos de batalla económicos que más se le habían ‘encabritado’ al Ejecutivo en los últimos meses. Supone además para su artífice, la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, un éxito político de mayor calado incluso del que la crónica de urgencia del frenético día a día haya podido aún calibrar.

Dicen quienes la conocen bien que su tenacidad no tiene apenas parangón con la de ningún otro de los líderes que pueblan el actual paisaje político en España. Y que sus formas, suaves y exquisitas, no debieran confundir a cualquiera de sus contrincantes en una negociación, porque bajo ese guante de seda, Díaz esconde una férrea mano capaz de alcanzar cualquier meta que se proponga, por imposible que se antoje.

Mucho más que una medida testimonial

La subida del SMI, exigida largamente por la parte morada de la coalición gubernamental y por las centrales sindicales, es mucho más que una conquista testimonial, aunque en este caso haya importado más el fuero que el huevo. No parece que, pasar de 950 euros mensuales a 962 euros, sea un insalvable obstáculo económico que justifique la abrupta negativa de la CEOE a unirse al acuerdo. No muy afortunadas me han parecido en esta línea las declaraciones del Gobernador del Bando de España, Hernández de Cos, que, alineado con Antonio Garamendi, ha advertido ya que estos doce euros mensuales suplementarios que percibirán millones de trabajadores pueden poner en peligro la recuperación económica, el crecimiento y suponer además una amenaza letal que destruirá cientos de miles de puestos de trabajo.

¿En serio lo creen así la patronal y el Banco Emisor? Hago mías en este punto las palabras del secretario General de CCOO, Unai Sordo, al recordar que en cuatro años se ha producido un incremento del SMI, de 700 euros a los 950 euros que hasta ahora regían, y ello no ha supuesto ‘tsunami’ alguno que se haya llevado por delante vidas y haciendas de millones de españoles.

Ha subrayado Antonio Garamendi, por el que siento un extraordinario respeto personal y profesional, algunos aspectos que, desde el punto de vista de la comunicación, podría haber matizado, siquiera levemente. El líder nunca debe encontrar el refuerzo de su argumentario buscando una fricción comparativa con el contrincante, en este caso sus oponentes gubernamentales en la mesa de negociación. Menos cuando el ‘patrón de patronos’ ha hecho extensiva su réplica a toda la clase política a la que, prácticamente, ha retado a que ‘paguen nóminas’, para así comprobar como el coste de esos 12 euros más al mes es inasumible económicamente. Creo humildemente que no había necesidad de llegar tan lejos y le hubiera bastado con tratar de demostrar, con argumentos sólidos, en qué forma una subida, por mísera que parezca, del SMI puede, según él, ser tan nociva. Yo mismo, como empresario que soy, no creo que las cosas deban llevarse a tesituras tan extremas.

Dicho lo anterior, debo señalar que tampoco me han parecido acertadas manifestaciones de algunos líderes de la izquierda subrayando que aquellas empresas que no pudieran o quisieran asumir esta subida deberían quedar fuera del sistema. Ni tanto, ni tan calvo, porque eso supondría dejar fuera, precisamente, a muchos miles de trabajadores que cobran de ellas. En aras a la paz social, con otros frentes abiertos como la negociación sobre una nueva prórroga de los ERTE, con la mirada puesta en el próximo 30 de septiembre, sería deseable bajar el pistón de la artillería dialéctica.

¡Hay luz al final del túnel de la enloquecida subida!

El acuerdo en torno al SMI da un balón de oxígeno a un gobierno especialmente castigado, en las últimas semanas casi podríamos decir que en situación de ‘knock out’ económico, por la brutal subida de los precios de la luz. Esta semana ha sido también en la que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cogido el ‘toro por los cuernos’ y -vía varios decretos ley- ha anunciado a las compañías eléctricas que hará revertir sus ‘beneficios extraordinarios’, entre ellos los que técnicamente se denominan ‘windfall profits’, que en castellano significa ‘beneficios caídos del cielo’, es decir, los ingresos extra que revierten en las transnacionales del sector por las emisiones contaminantes que no llegan a generar. Una medida que, unida a la de ‘topar’ los precios del gas natural, ha puesto en pie de guerra al sector, que ha llegado a amenazar -aunque el extremo fue desmentido- con parar, así como suena, las siete centrales nucleares que operan en España. Se aludió a la presunta creación de un clima de inseguridad jurídica que podría llegar a provocar incluso una fuga de capitales. Tengo para mí que España es un país lo suficientemente fiable como para no ser objeto de sospechas en este terreno.

No parece de recibo que, los mismos que llevan semanas acusando al gobierno de pasividad y parálisis ante un problema de primera magnitud, carguen ahora las tintas, cuando la ‘triada capitolina’ de Sánchez, Calviño y Ribera comienzan a tratar de embridar un ‘tsunami’ que amenaza con lastrar parte de la recuperación de nuestra economía, pronosticada para este otoño, y con disparar la inflación, ya que una subida de esta magnitud afecta prácticamente a todos los sectores de la economía. Se podrá debatir si hubiera sido más eficaz atajar la enfermedad por el lado de los costes fiscales, pero la voluntad del gobierno de cortar de raíz esta sangría al bolsillo de los ciudadanos es firme y así hay que reseñarla.

PGE: en marcha y con velocidad de crucero

Las cuestiones a las que me he referido son dos de las claves del arranque de la negociación -cuyo pistoletazo de salida arrancaba también esta semana- de los Presupuestos Generales del Estado. Con el ‘visé’ del Congreso al llamado ‘techo de gasto’, sin las servidumbres en este ejercicio de los topes en materia de déficit y deuda por la situación excepcional derivada de la pandemia, el gobierno ha iniciado la clásica carrera contra el reloj para trenzar el encaje de bolillos que satisfaga a unos y otros, habida cuenta de su falta de mayoría parlamentaria, y conciliar los intereses, en muchas ocasiones contrapuestos, de los distintos grupos políticos y también de las Comunidades Autónomas de uno y otro signo. Como siempre, serán inevitables las voces que pongan el grito en el cielo denunciando los presuntos ‘privilegios’ otorgados, sobre todo a Cataluña, mientras que otros denunciarán las ‘contramedidas’ de otros territorios, con Madrid a la cabeza, y las calificarán de nuevo de ‘dumping fiscal’. Es evidente que, a pesar de los dos años que restan aún de legislatura, a nuestros políticos les resulta complicado sustraerse a la tentación de aplicar la clave electoral a cada uno de sus actos.

Intervención del mercado del alquiler, pensiones… ¡hagan juego!

La negociación de estos PGE reservará también espacios estelares para el debate acerca de una nueva Ley de Vivienda, insistentemente reclamada por Unidas Podemos como instrumento para limitar el precio de los alquileres, inasequibles para millones de jóvenes -y no tan jóvenes-, y respecto a la cual, el ala socialista del gobierno, con Nadia Calviño a la cabeza, alberga serias dudas. Será un pulso apasionante, como también el relativo a la reforma de las pensiones y la introducción del llamado ‘factor de equidad’, que sustituya al periclitado sistema instaurado por el PP en 2012, y que el ministro Escrivá tiene más que perfilado, entre algún que otro recelo por parte de Bruselas, desde donde vigilan todos y cada uno de nuestros pasos presupuestarios. Las ayudas comprometidas han comenzado a llegar ya a buen ritmo, siempre con el compromiso, como contrapartida, de presentar los proyectos exigidos por las autoridades comunitarias que, en número de 16, de aquí a 31 de diciembre, obligarán al gabinete a producir decretos al ritmo de uno por semana.

El ejecutivo se ha comprometido a tener listo este proyecto de Presupuestos a lo largo del próximo mes de octubre. La oposición dice ya que va a ser imposible. Veremos… difícil es, qué duda cabe, pero tengo escrito ya en muchas ocasiones que este equipo gubernamental, con su presidente a la cabeza, trabajan bien bajo presión. Les deseo suerte, más en las actuales circunstancias, con una recuperación económica que se atisba pero que tiene aún que instalarse de pleno en los hogares y en las empresas españolas, porque de ella dependerá el futuro despegue inmediato de este país.