Presupuestos: se abre la veda a las exigencias de cada uno

Se ha abierto la ventanilla de las Peticiones del Oyente, que es como deberíamos empezar a llamar a las negociaciones del Gobierno para amarrar una mayoría parlamentaria suficiente con la que aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Y no hay que buscar muy lejos para toparse con el primer escollo, no menor: las exigencias del propio socio del Ejecutivo. Podemos sabe que su trayectoria es claramente descendiente en términos electorales y que su implantación territorial está deshecha. Su futuro es, por lo tanto, bastante negro.

Pero todavía tiene una posibilidad de recuperar el aliento suficiente que le devuelva la vida que se le está escapando si es capaz de rentabilizar al máximo las oportunidades que le ofrece el pertenecer al Gobierno.

Algunas de esas oportunidades ya las ha aprovechado en su favor la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, sucesora de Pablo Iglesias en el más alto nivel gubernamental y heredera de sus logros: desde la implantación, por defectuosa que esté siendo, del famoso Ingreso Mínimo Vital, pasando por la aplicación y la extensión temporal de los ERTE hasta llegar al aumento del Salario Mínimo Interprofesional, todas esas medidas del Gobierno le han sido adjudicadas a ella y en esa misma medida han pasado a formar parte del catálogo de conquistas sociales que Podemos exhibe como suyas y no del sector socialista.

Ahora ha llegado el momento de negociar dentro del Gobierno los Presupuestos como paso previo a iniciar las negociaciones con los socios de legislatura y con el resto de formaciones políticas presentes en el Congreso. Y aquí se empieza a jugar la partida decisiva.

Podemos no se puede permitir no imponer su sello en materia de impuestos. No le importa que para estudiar en profundidad una futura reforma fiscal el Gobierno haya constituido un comité de expertos en la materia que tendrán que tener listas sus conclusiones y sus propuestas al final de febrero del año que viene, lo que significa que no habrá reforma fiscal hasta el ejercicio de 2023.

Eso no le conviene a Podemos que necesita, exige, que alguna medida que tenga una fácil venta entre su clientela se aplique desde ahora mismo y esté incluida dentro del proyecto de Presupuestos que el Gobierno presente ante el Congreso para su discusión y eventual aprobación.

¿Y qué medida más resultona y de más fácil colocación entre los suyos que una subida de impuestos a los ricos? De hecho, la concreción de ese incremento de la fiscalidad a las rentas más altas está incluida en el pacto de coalición firmado en noviembre de 2019 por ambas fuerzas políticas. En eso se van a basar los dirigentes de Podemos para exigir del PSOE una cesión a la que éstos -léase Nadia Calviño y María Jesús Montero como cabezas de lista- de momento, se niegan.

Y, al margen de lo oportuno o conveniente de una subida que tiene de entrada un tinte demagógico indisimulable, tiene mucho sentido la resistencia socialista a introducir esa medida cuando están pendientes de las conclusiones del comité de expertos que les servirán de guía para abordar un reforma fiscal seria, equilibrada y operativa.

El primer escollo al proyecto de Presupuestos se ha alzado dentro del propio Gobierno y requerirá una larga y negociación en la que Podemos no puede en modo alguno, y no está dispuesto, a salir perdedor.

De entrada, como ya cuenta Cristina De la Hoz en su crónica, la primera que ha recibido un desmentido de sus socios ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Economía Nadia Calviño, a la que han tumbado de un manotazo su anuncio de que el anteproyecto de Presupuestos podría ser aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de septiembre o el 5 de octubre a más tardar.

“Es imposible” dicen desde Podemos en una demostración de que no van a tragar con la pretensión socialista de orillar esa subida fiscal desgajada de la reforma que pretenden abordar.

Se abre ahora una negociación previa a la aprobación del Gobierno de su propuesta a las Cortes. La sangre no llegará al río como no ha llegado en enfrentamientos anteriores dentro del propio Ejecutivo. Se trata en todo caso de calibrar cuál de los dos sectores consigue doblarle el brazo al otro. 

Pero vaya por delante que para Podemos una victoria en este punto puede fortalecer de una manera electoralmente rentable para ellos su imagen de principales, o incluso únicos, defensores del escudo social frente a los socialistas. Una imagen que esperan traducir en votos. La decisión final está como siempre en las manos de Pedro Sánchez.

Mientras tanto, al otro lado de la valla del palacio de La Moncloa esperan a su vez los socios de legislatura con sus propias peticiones que traducirán en exigencias en cuanto se abran las negociaciones. En estas mismas páginas Iva Anguera de Sojo da cuenta de la pretensión de ERC de condicionar la ley del audiovisual en favor de las lenguas cooficiales del Estado a base de incluir sus pretensiones en la negociación presupuestaria. 

Eso también estará en la balanza cuando se empiece a negociar el voto favorable de Esquerra Republicana al proyecto de Presupuestos. Y suma y sigue, todo aquel partido cuyos votos sean imprescindibles para aprobar las cuentas del Estado, pondrán encima de la mesa sus reclamaciones que tendrán el peso y la capacidad de influencia que tenga su apoyo parlamentario. Preparémonos para ver cosas insólitas en la ley que salga finalmente del Congreso.