El proceso abierto por el titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, tiene un aire sospechoso y no solo por la identidad de quienes han presentado las denuncias contra la decisión del Gobierno de autorizar la entrada en España, que se pretendía secreta, del líder de Frente Polisario Brahim Ghali, sino por lo que parece la inconsistencia de una reclamación a la que, inexplicablemente, ha dado acogida el juez imputando primero a Camilo Villarino, que fue jefe de gabinete de la ex ministra de Asuntos Exteriores, y posteriormente a la propia Arancha González Laya, además de no descartar citar también a la ex vicepresidenta Carmen Calvo.

Contenido Exclusivo para suscriptores

Para poder acceder a este y otros contenidos debes de ser suscriptor.

¿Ya estás suscrito? Identifícate aquí