El caso Ghali, un asunto político, no judicial

El proceso abierto por el titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, tiene un aire sospechoso y no solo por la identidad de quienes han presentado las denuncias contra la decisión del Gobierno de autorizar la entrada en España, que se pretendía secreta, del líder de Frente Polisario Brahim Ghali, sino por lo que parece la inconsistencia de una reclamación a la que, inexplicablemente, ha dado acogida el juez imputando primero a Camilo Villarino, que fue jefe de gabinete de la ex ministra de Asuntos Exteriores, y posteriormente a la propia Arancha González Laya, además de no descartar citar también a la ex vicepresidenta Carmen Calvo.

Que la gestión de la entrada clandestina en España fue de una extraordinaria torpeza está fuera de toda duda y ha sido examinada exhaustivamente con motivo de la crisis desatada por Marruecos con la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en respuesta a esa decisión del Gobierno de acoger a Ghali en un hospital por razones humanitarias para que fuera tratado del síndrome del Covid 19.

Eso está claro y la responsabilidad de González Laya y del presidente del Gobierno en esa crisis es grande, pero se trata de una gigantesca metida de pata de índole diplomática que ha tenido para España muy serias consecuencias políticas. No es una cuestión de índole judicial.

Lo cierto es que resulta de una hipocresía rayana en el cinismo el echarse las manos a la cabeza por la entrada sin pasar por el control de pasaportes del líder del Frente Polisario. Esta es una circunstancia que se produce decenas de veces a lo largo del año en cualquier país democrático por razones diferentes: humanitarias, políticas, estratégicas o de inteligencia entre otras. Es el pan nuestro de cada día.

Resulta de una hipocresía rayana en el cinismo el echarse las manos a la cabeza por la entrada sin pasar por el control de pasaportes del líder del Frente Polisario

En el caso que nos ocupa, la razón era humanitaria: Argelia había pedido a España que diera asistencia médica a Brahim Ghali que se encontraba en claro riesgo de muerte inminente. Esa misma petición le había sido cursada por las autoridades argelinas a Alemania que astuta e interesadamente le denegó la entrada para no perjudicar aún más sus ya deterioradas relaciones con Marruecos. España, sin embargo, aceptó.

El problema es que se hizo rematadamente mal porque González Laya no comunicó a su debido tiempo, antes de que los eficacísimos servicios de información marroquíes lo dieran a conocer públicamente, al ministro marroquí de Exteriores la decisión del Gobierno de España y los motivos por los que se había tomado. Por supuesto, todos sabían entonces que no era la primera vez ni sería la última que entraba en nuestro país un dirigente político del Frente Polisario o de cualquier otra nación u organización.

Por eso es una desmesura la denuncia de estos abogados que se han presentado como acusación popular por los presuntos delitos de falsedad documental, malversación, prevaricación y encubrimiento y por los que el juez de Zaragoza ha iniciado procedimiento después de que otro juez, en este caso de Logroño, archivara el caso.

Mi impresión es que este asunto va a acabar en nada, como acabó en nada la querella que, cuando se enteró por la prensa de que estaba en España, la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos presentó ante la Audiencia Nacional contra Ghali por torturas a saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf. El juez Pedraz abrió diligencias y acabó archivando la querella por genocidio porque apreció una total falta de consistencia en el relato.

Con todos estos elementos -y con la información suministrada por el ministerio del Interior según la cual Brahim Ghali posee la nacionalidad española-, la persecución judicial que se está haciendo al líder del Frente Polisario por el procedimiento de denunciar a los dirigentes políticos españoles que tuvieron alguna participación en su entrada pretendidamente secreta en España; o, al revés, la persecución que se está haciendo de los dirigentes políticos españoles que tuvieron participación en la entrada de Ghali a nuestro país por el procedimiento de perseguir al líder del Frente Polisario, parece más uno de los interesados coletazos políticos de la crisis que el episodio abrió con Marruecos que otra cosa.

Mi pronóstico es que la sorprendente y legalmente dudosa decisión del juez de Zaragoza levantará durante un tiempo alguna polvareda en los medios de comunicación pero no llegará a nada. Y que si Marruecos lo quisiera así, esas denuncias, junto con sus desmedidas acusaciones, serían inmediatamente retiradas. Si queda algo de sensatez en este país, esto no va a poner al Gobierno contra las cuerdas.