Barra libre del procés con Sánchez

Imagínese que van por la calle y alguien se le acerca y, después de una breve conversación para coger confianza, le agrede brutalmente. La policía lo detiene. Al poco tiempo se celebra el juicio y su abogado -el de usted- en lugar de ponerse de su parte, se pone de perfil y no le defiende a usted como le prometió. Y ahora imagínese que el juez condena a pena de prisión al agresor y a pagarle a usted una indemnización y a devolverle la cartera, que también se la robó sobre la marcha en el asalto. Ahora imagínese que el Consejo de Ministros, sin que el agresor se arrepienta, lo indulta. Y sale libre. Y al salir libre dice que volvería a agredirle a usted de nuevo. Además, como no puede pagar la indemnización a la que fue condenado, pide dinero prestado. ¿Y a quién se lo pide? No se lo va a usted a creer: se lo pide a usted. Usted se lo cuenta todo a esa persona en la que usted un día confió es decir, a su abogado. ¿Y sabe qué hace su abogado? Mirar para otro lado y dejar de defenderle.

Parece una historia peregrina pero, salvando las distancias y los tipos delictivos, esto, está pasando con los condenados en Cataluña por intentar romper la unidad de España (no fue una agresión, fue un golpe de estado; y el robo de su cartera es el gasto indebido de 421 millones de euros de la  Generalitat, concretamente el gasto de las embajadas catalanas que no podían existir). Lo descrito anteriormente es, exactamente, lo que los golpistas indultados, el Consejo de Ministros y la Abogacía del Estado están haciendo en los procedimientos por responsabilidad contable incoado por este asunto en el Tribunal de Cuentas. El Abogado del Estado se ha negado a informar sobre la ilegalidad de los avales, que el Gobierno Catalán que es el perjudicado por dilapidarse 421 millones de su patrimonio ha presentado ante el Tribunal de Cuentas. En lugar de que paguen los sediciosos, mejor que paguemos todos. Fíjense que no son gente anónima: Mas, Puigdemont, Junqueras, Romeva, Pedro Sánchez, altos funcionarios del Estado y de la Generalitat y un largo etcétera.

Y frente a todo este dislate ha tenido que ser una funcionaria del Tribunal de Cuentas que a buen seguro soportara todo tipo de exabruptos en estos próximos días (seguro que también es tildada  de fascista) la que ha puesto pies en pared y ha dicho basta ya, a esta situación delirante. Ha dicho que no es legal que la Generalitat avale con el dinero de todos los españoles unas cantidades presuntamente malversadas por Puigdemont y su banda en la intentona sediciosa del 1 de octubre. Es decir, ha sido una funcionaria quien ha hecho que gane la decencia, el estado de derecho, que se haya defendido la dignidad de todos los españoles sencillamente diciendo que estos tipos asuman personalmente, con su patrimonio, sus casas, sus cuentas bancarias, su responsabilidad por las fechorías que cometieron. Fue utilizado mucho dinero que fue a parar a la basura de un delirio. También hubo dinero para los bolsillos de unos cuantos interesados. Y si no, que le digan a la hermana de Pep Guardiola (de quien recientemente se ha conocido su tendencia a disponer de sociedades en países opacos) trincó más de 80.000€ anuales en no se sabe muy bien qué puesto, de no se sabe muy bien qué oficina de no se sabe muy bien qué supuesta embajada para hacer no se sabe muy bien qué cosas. Eso sí, todo por el “procés”.

El problema en un estado de derecho no son los delincuentes. Sino que quienes tienen que perseguirlos (Fiscal General ) renuncien y quienes tienen que defender los intereses de la nación (Abogacía del Estado) hagan también dejación de funciones.

Desde que Pedro Sánchez decidió convertir España en su cortijo , las instituciones ya no son defendida por quienes juraron hacerlo. Sin entrar ahora en la Fiscalía -ya hablaremos de ella otro día-, la Abogacía del Estado ha pasado de ser el órgano que defendía los intereses de España, a ser el órgano que defiende los intereses de Pedro Sánchez. Y cuando no es por acción, es por omisión. En el caso que nos ocupa, no elaborando ni incorporando el informe preceptivo sobre los avales a petición del Tribunal de Cuentas.

No es la primera vez. Y en los últimos tiempos hemos visto esa degradación de la Abogacía del Estado en un escrito en el juicio del “procés”, eliminando uno de los delitos que un mes antes consideraba supuestamente cometido, o la solicitud de archivo de causas judiciales en los que se ven implicados miembros destacados del PSOE (caso CIS) o como es el tema que nos ocupa, la no elaboración del informe preceptivo que hay que aportar para que el Tribunal de Cuentas. No está muy claro cuál es la solución que se puede articular en Cataluña a corto plazo para que sus dirigentes dejen de situarse permanentemente al otro lado de la legalidad. Pero lo que está claro es que la defensa de la Nación no puede prescindir de la aplicación de la ley y sobre todo no puede estar condicionada por el delirio de un Presidente que carente de un mínimo de ética, necesita a otros delirantes patológicos para seguir gobernando.