Todos lo saben y todos son conscientes del escándalo que se va a desatar cuando se compruebe lo que muchos llevamos anunciando desde hace demasiado tiempo y sobre lo que venimos alertando desde que se anunció que PSOE y PP habían llegado a un acuerdo para desbloquear determinados órganos jurisdiccionales.

Pero no el CGPJ, el órgano más decisivo en la medida en que puede acabar con la enorme y dramática cantidad de vacíos que se están produciendo en los tribunales de justicia de segunda y tercera instancias y en la medida en que abre también la llave para culminar la renovación de vocales del Tribunal Constitucional.

No basta con que ambos partidos hayan pactado los cuatro nombres de los candidatos que se proponen al Congreso para que los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Nombramientos les den el visto bueno -si es que se lo dan-  una vez pasado el examen al que hoy mismo se van a someter. 

No basta porque en ese pacto aparente hay una evidente trampa que ya ha sido subrayada con insistencia y es que este aparente acuerdo, que nace con una gravísima tara porque no incluye la renovación del CGPJ, tiene además la vida muy corta: hasta el mes de junio. Ocho meses de ficción si antes no se ha deshecho el nudo gordiano que tiene amarrado al órgano de gobierno de los jueces.

Porque a la altura de junio es cuando toca renovar otro tercio de los vocales del Constitucional, cuatro nombres en total, dos que corresponde elegir al Gobierno y dos que corresponde nombrar al CGPJ pero que no podrá nombrarlos porque el propio Gobierno, a instancias de Podemos, sometió al Parlamento la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial según la cual un Consejo del Poder Judicial que haya sobrepasado el período legal de sus funciones no podrá acometer la tarea de hacer nombramientos.

Así las cosas, a estas alturas son ya 48 las vacantes que no se han podido cubrir en los tribunales españoles y para cuando acabe el año las designaciones pendientes serán ya 58. 

Cómo será la situación, que el CGPJ tomó la decisión la semana pasada de asumir, con carácter extraordinario, las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central ante el pase a la situación de reserva de su auditor presidente. Puesto que el propio Consejo ya no puede, por ley,  nombrar sustituto, ese órgano quedaba paralizado y ésa ha sido la controvertida solución que se adoptó para intentar paliar parcialmente el vacío producido.

A estas alturas son ya 48 las vacantes que no se han podido cubrir en los tribunales españoles y para cuando acabe el año las designaciones pendientes serán ya 58

En estas condiciones, que suponen una auténtica burla a la ciudadanía por parte de los dos partidos de gobierno de España, se alcanzarían niveles de auténtica corrupción política si llegado el mes de junio el Gobierno pretendiera nombrar a los dos candidatos del Tribunal Constitucional que le corresponden mientras mantiene sin la menor capacidad de maniobra, atado de pies y manos y amordazado, al CGPJ. 

Naturalmente, esa jugada propia de trilero del garito más infecto beneficiaría al Gobierno. Pero constituiría un insulto, una agresión de dimensiones gigantescas a las instituciones constitucionales cuya limpieza y probidad estamos todos, y las fuerzas políticas mucho más, obligados a mantener y a respetar.

Esa maniobra indigna -que no se puede aceptar ni siquiera si fuera utilizada como una forma de presión al PP para que ceda en sus posiciones- no se podría producir sin que sus responsables tuvieran que dar cuentas a la opinión pública del asalto perpetrado a la dignidad constitucional. 

Y no digo que dieran cuenta al Congreso porque ya hemos visto cómo los socios del Gobierno dieron su visto bueno sin despeinarse a la ley que priva al CGPJ de una de sus funciones más trascendentales.

Dado que una situación como la descrita nos aproximaría trágicamente a los regímenes autoritarios envueltos en un disfraz de democracia que hoy proliferan en América Latina, y por lo tanto no se puede considerar como algo factible, es obligado reclamar a PP y PSOE que pacten la renovación del órgano de gobierno de los jueces y no alarguen más una situación que es desde hace ya demasiado tiempo insostenible. E impresentable.

El PP tuvo tiempo sobrado, cuando gobernó con mayorías absolutas, de modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que los 12 vocales procedentes de la judicatura fueran elegidos directamente por los jueces. No lo hizo y suya es la grave responsabilidad de su omisión.

Ahora reclama que se implante el cambio que no acometió en su día, cosa que se le debe reprochar con toda rotundidad, pero a su favor cuenta con el respaldo de la Unión Europea, no sólo de la Comisión sino del propio Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa.

Hace tan solo un mes, el 30 de septiembre pasado, GRECO reprochó sin paños calientes la “politización” que padece el Consejo General del Poder Judicial español.

El Consejo de Europa lo deja meridianamente claro: insta a España a “modificar sin demora” el sistema de elección de los 12 vocales jueces para que sean “elegidos por sus pares” de modo que el poder político “no participe en ninguna etapa” del proceso. Más claro no lo puede decir. 

Se puede discutir y se puede pactar que la renovación que urge el PP en esta ocasión se siga haciendo por el sistema de cuotas de los partidos implantado en 1985 pero, eso sí, con el compromiso de modificar la ley en un futuro no demasiado lejano para que cuando toque una nueva renovación se haga ya con el sistema que reclama la UE.

El Partido Socialista no puede seguir enrocándose en una posición de resistencia de la que tendrá que apearse más tarde o más temprano. Y el Partido Popular no puede  tomarse la renovación del CGPJ a título de inventario y dar por supuesto que ese acuerdo no es posible en lo que queda de legislatura y en vista de eso tumbarse a la bartola en espera de tiempos más favorables.

Porque esos tiempos no van a llegar y mucho menos lo van a hacer antes de que ambos partidos se den de bruces con la renovación del tercio de vocales del Tribunal Constitucional.

Ambos partidos están gravemente obligados a superar este bloqueo que está contagiando ya la infección del descrédito a demasiadas instituciones. No pueden llegar a junio ensuciando de esta manera los órganos constitucionales por un mero interés político. Esta es su estricta e insustituible responsabilidad.