Por si eran pocos los frentes que el gobierno de coalición tenía abiertos en esta complicadísima legislatura, uno más ha venido a turbar la compleja geometría variable, no solo parlamentaria sino de paz social que Sánchez debe trenzar cada mañana: la oposición a la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana. Es una polémica que personalmente me molesta mucho porqué España es, sin lugar a dudas, uno de los países más seguros del mundo y es absurdo que haya conflicto entre las fuerzas de seguridad y el Gobierno y su Ministerio de Interior… Absurdo y muy peligroso.
Espero que Marlaska guarde un ‘as’ en su manga, porque lo que se le viene encina puede dejar pequeñas las polémicas devoluciones en caliente de menores a Marruecos"
La imagen que hoy se verá en la calle, este sábado 27 de noviembre, con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado manifestándose contra la modificación de las normas que rigen su actuación, puede contribuir -y no poco- a desgastar la popularidad de un ejecutivo que sabe que la seguridad es una de las cuestiones más sensibles para el sentir de la ciudadanía.
Ni un solo sindicato policial, ni una sola de las asociaciones reconocidas en la Guardia Civil están a favor de esta reforma. Me llama tremendamente la atención que un hombre de un olfato político tan fino, a pesar de las críticas, como es Fernando Grande-Marlaska, se haya prestado a abrir en canal este asunto. No es ninguna broma porque estas protestas suponen el fin de la ‘paz social’ del ejecutivo con sus policías y guardias civiles, cuyo papel es clave en estos tiempos tan convulsos, de postpandemia y de agitación social y laboral, como la que se ha vivido estos días en Cádiz.
Los policías hacen frente común contra el gobierno
El órdago de la crítica es tremendo: en opinión de los representantes de las Fuerzas de Seguridad, el objetivo del gobierno es, nada menos, que presentar a todos los agentes ‘como mentirosos y violentos’. Ahí es nada. Entre las principales novedades para la reforma de esta ley, en vigor desde 2015, está la posibilidad de convocar manifestaciones o concentraciones sin que deban ser comunicadas a la Delegación del Gobierno correspondiente, como hasta ahora. Los socios del gobierno de coalición pretenden también ‘restringir el uso de material antidisturbios’ para las situaciones más extremas e implementar protocolos específicos que obliguen siempre al empleo de los medios ‘menos lesivos’ para las personas. Cabe decir que una de las normas tradicionalmente básicas para cualquier policía es que la respuesta, el uso de la fuerza siempre debe ser proporcional a la agresión y el menor posible. ¿Por qué entonces esta oposición tan dura de los funcionarios policiales?
Esta ‘flexibilidad policial’ podría beneficiar, tanto a incontrolados en manifestaciones de ultraizquierda, por ejemplo, como a ultras racistas y homófobos"
Confieso que, mi escasa experiencia en cuestiones de seguridad me suscita estas dudas que seguro que también son las de muchos ciudadanos. Aquí entramos ya en cuestiones muy específicas, como puede ser, por ejemplo, la de sustituir las famosas pelotas de goma por otros instrumentos menos ‘dañinos’. Estoy seguro de que Marlaska y sus asesores, expertos en esta materia, trabajan ya con los representantes policiales para solucionar esta y otras cuestiones.
Me parece, particularmente, más delicada la cuestión de que durante altercados o protestas, los potenciales detenidos se nieguen a identificarse ante los agentes de la autoridad, como que ocurre habitualmente. Si la norma se modifica en el sentido en que se pretende, la policía podría conducirlos a comisaría en un coche celular, pero mantenerlos sólo dos horas como máximo para después devolverlos al propio lugar donde tal vez se sigan produciendo las algaradas. Me parece un poco surrealista porque -y ya estaba tardando en introducir este elemento en el debate- esta ‘flexibilidad policial’ podría beneficiar, tanto a elementos incontrolados en manifestaciones de ultraizquierda, o sindicales, por poner un ejemplo, como a ultras racistas y homófobos como los que tuvimos que soportar hace no demasiadas semanas en Chueca. Hay más cuestiones: la posibilidad de que desaparezca la ‘presunción de veracidad’ del testimonio de un agente ante el juez. Dicho de otra manera, para que todos me entiendan, dejaría de ser válido ese conocido aserto popular de que, ante los jueces, ‘la palabra del policía siempre tiene doble valor frente a la del ciudadano’.
Bronca política inusitada
La oposición ha cargado con una dureza excepcional contra las nuevas normas que se preparan. He llegado a escuchar auténticas barbaridades, por boca del líder de Vox, Santiago Abascal, como que PSOE y Unidas Podemos preparan una modificación normativa ad hoc para poder volver a ‘quemar las calles’ si pierden el poder en dos años, fecha natural de convocatoria de las próximas Elecciones Generales. ¡Que barbaridad! Si estos son los líderes políticos que deben sacarnos de esta situación sanitaria, política, económica y social tan compleja como la que aún padecemos, ¡que ‘paren España’, que yo me bajo!
Algo más comedida en la crítica ha estado Cuca Gamarra, que ha afirmado que la nueva norma ‘pretende dejar vendidos a los agentes’ y que ‘sólo beneficia al PSOE y a sus socios’. El PP ya ha amenazado con llevar el texto legal al Tribunal Constitucional, recurso habitual como se sabe de la derecha en los últimos tiempos contra toda modificación legislativa que no es de su agrado. He repetido ya en varias ocasiones que tengo mis dudas acerca de la conveniencia de convertir al Tribunal Constitucional, ‘de facto’, en una tercera Cámara legislativa. El portavoz socialista, Felipe Sicilia, ha remarcado que no se pretende más que garantizar derechos fundamentales que con la anterior ‘Ley Mordaza’ del PP no estaban suficientemente protegidos. ¿Quién da más?
Todos contra Grande-Marlaska
No va a ser fácil para el Ejecutivo acallar el descontento policial y político y evitar que la polémica contamine aún más de lo que lo ha hecho ya a la opinión pública. De momento, Marlaska ha conseguido lo que hacía tiempo que no lograba ningún ministro del Interior: unir a policías, guardias civiles y otros profesionales del sector en un único clamor de protesta. Soy consciente de que el ministro lo ha intentado casi todo en las últimas semanas, y que ha explorado vías de diálogo a múltiples bandas en su sede ministerial. Pero no parece haber sido suficiente. Espero que guarde un ‘as’ todavía en su manga porque lo que se le viene encina puede dejar pequeñas las polémicas por las devoluciones en caliente de menores tras la crisis con Marruecos el pasado verano o cualquiera otras con las que la oposición de derechas trata de enredar a un ministro que se ha convertido en la auténtica ‘bestia negra’ del PP, Vox y Ciudadanos. Los convocantes, aglutinados también por una plataforma denominada ‘No a la España insegura’ pretenden juntar nada menos que a cien mil personas.
¡Ojalá por el bien de todos se reconduzca una polémica que parece ya haber entrado en bucle! La ciudadanía sigue sufriendo aún los efectos sanitarios y económicos de esta terrible pandemia y no merece que se abra un fuego más en la ya complicada tarea diaria del ejecutivo, al que el alivio de sacar adelante los Presupuestos no parece que vaya a durarle demasiado.
¿Habrá guerra abierta entre el gobierno de Sánchez y la policía de Malasia? Sinceramente, espero que no.
Por si eran pocos los frentes que el gobierno de coalición tenía abiertos en esta complicadísima legislatura, uno más ha venido a turbar la compleja geometría variable, no solo parlamentaria sino de paz social que Sánchez debe trenzar cada mañana: la oposición a la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana. Es una polémica que personalmente me molesta mucho porqué España es, sin lugar a dudas, uno de los países más seguros del mundo y es absurdo que haya conflicto entre las fuerzas de seguridad y el Gobierno y su Ministerio de Interior… Absurdo y muy peligroso.
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