La fractura del independentismo no tiene vuelta atrás

El sabotaje de la CUP a los presupuestos de la Generalitat va a tener más consecuencias de las que podrían pensarse porque al decidir Pere Aragonés apoyarse en los Comunes ha roto la alianza de hierro que desde el año 85 tenía unidos a los partidos independentistas ERC, Junts -los herederos de la antigua Convergència- y la CUP y no es fácil que esa alianza vuelva a producirse. Es más, la brecha abierta está condenada a ensancharse.

El presidente de la Generalitat se ha librado de esa manera del chantaje de los anticapitalistas y ha dejado de paso a los de JxCat frente a sus propias debilidades y contradicciones, la menor de las cuales no es el papel progresivamente irrelevante que empieza a representar Carles Puigdemont en la vida política catalana.

Hay que empezar a decir que el ensueño de la Cataluña independiente ha perdido definitivamente su fuerza y ya no aglutina a la mayoría de independentistas en un proyecto de movilización masiva para lograrla. Se ha quedado en eso, en un sueño imposible de hacerse realidad. Y eso determina muchas actitudes que en otro tiempo hubieran sido impensables.

Una de ellas es la de Pere Aragonés, que ha hecho tragar a su socio y adversario, no sólo la ruptura con la CUP sino la mesa de diálogo con el Gobierno y algunos proyectos que los anticapitalistas nunca hubieran permitido y que el president ha cerrado inmediatamente después de pactar sus presupuestos con En Comú Podem.

Una considerable parte de los engañados con las promesas de una Cataluña independiente se han bajado de un convoy en el que han dejado de creer. 

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en conexión con los aprobados en la Generalitat y los que van a salir respaldados en el ayuntamiento de Barcelona constituyen una red de compromisos asumida por ERC que tiene una muy difícil marcha atrás. Todo ello sin que desde Junts se haya movido un dedo para romper el acuerdo que los mantiene en el gobierno de la Generalitat.

Es más, el president no lo ha expresado aún en estos términos pero es más que evidente que él da por amortizado el compromiso asumido ante los anticapitalistas de la CUP de someterse a una cuestión de confianza en el ecuador de la legislatura. 

La negativa a aprobar las cuentas de  Cataluña en realidad ha liberado a Pere Aragonés de unas cuantas servidumbres y ha dejado al partido de Puigdemont en una situación difícil: anclado en los acontecimientos de 2017 y en defensa de una estrategia de confrontación con el Estado como única esperanza de victoria; con un líder carismático, Puigdemont, en sus horas más bajas; con un Consell per la República que nunca ha llegado a arrancar ni a suponer el contrapoder que éste pretendía; y con un líder en Cataluña, Jordi Sánchez, muy puesto en cuestión al que ERC le está colando una y otra vez goles por la escuadra sin que tenga la opción de responder rompiendo el pacto de gobierno porque su partido se juega mucho en el envite.

Junts, aunque no sólo Junts, está además atado por la enorme cantidad de cargos de distinto nivel que están cobrando un sueldo público, lo cual proporciona un poder que fuera de la administración autonómica perdería pero también compromete a mantener a esos cargos viviendo del erario de la Generalitat.

Por lo tanto, su capacidad de maniobra se reduce de manera dramática y su debilidad se pone de manifiesto en el momento en que esa alianza de hierro del independentismo se rompe, como ha sido el caso ahora.

Pere Aragonés parece haber iniciado un camino más inclinado hacia la moderación, lo  cual es lo mismo que decir hacia el autonomismo

A Junts le queda la esperanza de recuperar en las elecciones autonómicas de 2023 las fuerzas perdidas en esta legislatura en la que el partido se encuentra además dividido entre quienes siguen apostando por un choque con el Estado para el que el partido no tiene ya fuerzas, y quienes han comprendido que es mejor regresar a la casilla de salida, cuando Convergència pintaba algo en el Congreso de los Diputados y tenía influencia real y constatable en la vida política española.

Porque lo que es evidente es que las advertencias de los condenados por el Tribunal Supremo y luego indultados por el Gobierno según las cuales “ho tornarem a fer” -”lo volveremos a hacer”- no son más que baladronadas de quienes saben ya muy bien el precio que se paga por incumplir las leyes y violar la Constitución. 

No volverán a hacerlo, por lo menos no en décadas. Es verdad que asumir eso delante de una población a la que se ha embarcado, y embaucado, en una operación destinada desde su inicio al fracaso requiere un largo esfuerzo de asunción de ese fracaso, lo cual exige tiempo. Pero lo que nadie discute a estas alturas, y tampoco ellos, es que una considerable parte de los engañados con las promesas de una Cataluña independiente, próspera y reconocida por todas las democracias del mundo se han bajado de un convoy en el que han dejado de creer. 

En esa fase estamos ahora, en la de que el independentismo fanatizado se enfrente a su propia realidad y vaya modulando sus mensajes y sus apuestas.

En ese sentido, Pere Aragonés se está demostrando más práctico y más rápido que sus socios pugdemonianos. El presidente de la Generalitat sabe bien que, en el caso improbable de que Jordi Sánchez al frente de Junts tomara la decisión suicida de romper su pacto de gobierno, inmediatamente obtendría el apoyo del PSC para sostener la legislatura. 

No a cambio de nada sino con las condiciones que sin duda se le plantearían, pero que le garantizarían acabar su mandato de cuatro años, el gran empeño de un hombre determinado a demostrar a los catalanes que la Generalitat se ocupa de la gestión y de los problemas de la gente, no sólo de las proclamas independentistas que hasta el momento no les han llevado a ninguna parte.

Ahora ha aparecido un elemento aglutinador del independentismo: la defensa de la lengua catalana frente al “ataque que los tribunales pretenden lanzar" al ordenar que la enseñanza en castellano, la lengua oficial del Estado y cooficial en Cataluña, alcance el 25% del curriculum escolar.

Las informaciones sobre el comportamiento de la organización Plataforma per la Llengua -generosamente subvencionada por la Generalitat- ante la contratación de 600 enfermeros andaluces que los defensores del monolingüismo catalán consideran una afrenta para la lengua de ese territorio, es una más de las muchas muestras de xenofobia y totalitarismo que los independentistas exhiben una y otra vez y que les inhabilita para defender sus planteamientos en una democracia.

Los catalanes son mayoritariamente bilingües y resulta tan ridículo que los dirigentes del oficialismo independentista sostengan públicamente que un 25% de clases en castellano acaba con la supervivencia del catalán que van a tener muy difícil argumentar sus afirmaciones ante cualquier foro internacional, como pretenden hacer, según han declarado.

Querrán hacerse fuertes en esa defensa, la única cuestión que ya les queda para compartir a los partidos independentistas. Pero esa estrategia tiene los días contados porque incluso el pactista Salvador Illa se ha declarado favorable a la decisión de los tribunales porque dijo la semana pasada en una cadena de radio “que se imparta otra materia en castellano que no sea lengua castellana no me parece que ataque el modelo que tenemos". Incluso se negó a acudir a la reunión de urgencia que el govern convocó el jueves pasado “en defensa del catalán”. Por eso la estrategia catastrofista no va a darles resultado.

Todos estos aspavientos tienen necesariamente una vida corta. Mientras tanto, Pere Aragonés parece haber iniciado, gracias al empujón que le dió la CUP al sabotearle los presupuestos, un camino más inclinado hacia la moderación, lo  cual es lo mismo que decir hacia el autonomismo, eso sí, reivindicativo, autocomplaciente y plañidero como siempre ha sido el catalanismo desde los tiempos de Prat de la Riba. Lo iremos viendo.