... y el Gobierno sigue tocando la lira

No será porque no se haya repetido hasta la extenuación y se haya pedido una y otra vez a este Gobierno, tan satisfecho de sí mismo, que se pusiera a la tarea y llevara al Congreso una ley de Sanidad para poder enfrentar con una cierta eficacia en todo el territorio nacional una nueva pandemia y cualquier otra desgracia inesperada que pudiera golpear a los españoles.

Como quien oye llover. Y eso que el Tribunal Constitucional le ha tumbado por dos veces otras tantas declaraciones del estado de alarma. El argumento del Alto Tribunal lo entiende cualquiera que esté dispuesto a escuchar su razonamiento. En esencia, lo que ha dicho es que con la declaración del estado de alarma no se pueden suspender derechos fundamentales como son los de reunión o libertad de movimientos. Que eso solo se puede hacer si se aplica un estado de excepción, evidentemente un traje demasiado grande para acometer una lucha contra un virus mortífero que se ha convertido en una pandemia en todo el planeta.

Pero el TC ha dicho más: que el Gobierno no puede delegar en las Comunidades Autónomas medidas de la envergadura de las que dejó en manos de los presidentes regionales. Y también que haber dejado unas decisiones de esa gravedad en un Comité Interterritorial era inconstitucional. Más claro imposible. Pero el Gobierno ha hecho caso omiso de esas sentencias y ha seguido tumbado a la bartola e insistiendo en esa invención de la “cogobernanza” para no tener que asumir la responsabilidad de ninguna de las maneras, lo diga quien lo diga, ni aunque sea el Tribunal Constitucional.

El Gobierno ha hecho caso omiso de esas sentencias y ha seguido tumbado a la bartola

En Portugal existe la figura del “estado de calamidad” y eso es lo que ha permitido a sus gobernantes imponer las medidas necesarias para luchar contra la pandemia. 

Es evidente que el legislador español no previó en nuestra Constitución que pudiera darse una situación como la que llevamos casi dos años padeciendo y por eso nuestro país no dispone de una ley de aplicación nacional para enfrentarse a la que hemos vivido durante estos dos años y a la que ojalá no tengamos que volver a vivir a partir de ahora con la aparición de una nueva variedad del coronavirus, el ya famoso ómicron.

Pero precisamente por eso es imprescindible que el Parlamento discuta y apruebe una ley especial de Sanidad que sirva para adoptar las medidas que cada circunstancia aconseje sin caer en la inconstitucionalidad en que ha caído el Ejecutivo por dos veces y sin que estemos jurídicamente desamparados como ahora lo estamos por culpa de la dejación de funciones del equipo gubernamental de Pedro Sánchez. 

Y la realidad es que a estas alturas seguimos sin disponer de esa ley por la sencilla razón de que el presidente del Gobierno no está dispuesto de ninguna manera a asumir la responsabilidad de liderar la batalla contra el virus. Y se ha inventado la milonga ésa de la “cogobernanza” que consiste fundamentalmente en ponerse de perfil y endiñar el  trabajo y la asunción de responsabilidades a los distintos gobiernos autonómicos y a los tribunales de justicia.

Y mientras cada responsable de las autonomías se esfuerza por encontrar un marco legal y un apoyo judicial a sus decisiones, el Gobierno "se llama andana" y sigue tocando la lira como si el incendio desatado en todo el país no fuera con él. Porque ha decidido que sólo quiere colgarse medallas, aunque no le correspondan, y no cargar con una legislación poco "amortizable" políticamente.

Eso sí, al presidente Sánchez se le llena la boca a la hora de adornarse con el éxito de la vacunación en España, cuando la realidad es que ese logro hay que atribuírselo a cada una de las comunidades autónomas, que han asumido la tarea y la están culminando maravillosamente. Pero ése no ha sido mérito del Gobierno, no lo ha sido por más que lo intenten vender. Es la misma utilización interesada que le llevó a plantar las pegatinas con el cartel de "Gobierno de España" en las primeras remesas de vacunas enviadas por la Unión Europea y que retiró porque se montó un escándalo.

Así las cosas, cada responsable autonómico recurre, porque no tiene otra salida, al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad para pedir autorización para determinadas medidas para las que no está constitucionalmente facultado. Y cada uno emplea argumentos y razonamientos que no tienen por qué coincidir los de una comunidad con los de otra y que pueden estar mejor o peor  sustentados en cada caso. Eso explica en parte las distintas resoluciones de los TSJ, que en unas ocasiones han dado luz verde a las medidas que se les proponen, y en otras se las han negado, como es el caso del pasaporte Covid en el País Vasco. 

¿Qué salida tienen entonces? Recurrir ante el Tribunal Supremo esa negativa de los TSJ de determinadas comunidades. Y así nos encontramos con que por la pura desidia -buscada- del Gobierno los tribunales españoles se ven en la necesidad de hacer algo parecido a legislar, lo cual es intolerable. Se les ha dicho en todos los tonos posibles que los tribunales no están para legislar que es lo que están haciendo ahora para cubrir el hueco que deja en todo el país la inacción consciente y voluntaria de Pedro Sánchez y sus ministros.

Esto es algo imperdonable y que nos aboca a enfrentarnos a la nueva variante ómicron del virus absolutamente desnudos de capacidad legal de reacción. Si tenemos suerte, esta nueva mutación quizá se transmita con más facilidad pero con consecuencias no letales o menos mortíferas que las que padecimos en estos casi dos años.

Pero ese es un deseo, más bien una súplica, al destino porque la realidad es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido dejar a todos los españoles radical y dramáticamente desamparados con tal de no asumir el liderazgo legislativo que le corresponde y ante el que está rigurosamente obligado. Es obligado que dé explicaciones serias, no la relativa al timo de la cogobernanza, de su injustificable negligencia.