La Constitución de 1978 resiste incólume a los ataques

La celebración oficial, hoy, del día de la Constitución tendrá de nuevo, como tuvo el año pasado, un aire de excepcionalidad dentro de la emergencia porque no se celebrará, como era tradicional y esperemos que vuelva a serlo el año que viene, en el Salón de los Pasos Perdidos y con la presencia de políticos, periodistas y representantes de la sociedad civil. Y con las ausencias de rigor, que en eso la tradición también hace escuela.

No va a ser así por segundo año consecutivo. Será un acto fuera del edificio del Congreso y carecerá inevitablemente del aire de solemnidad y de homenaje colectivo a nuestra Carta Magna que siempre tuvo. Cosas de la pandemia y de las cifras crecientes de contagios que se están registrando en buena parte de España.

Formalidades aparte, aun siendo éstas muy importantes para mantener la cohesión social en torno al texto constitucional que ha procurado a los españoles el período más estable en términos políticos de nuestra Historia, además de haber permitido un desarrollo económico desconocido hasta ahora en España, la actualidad aconseja la formulación de otras consideraciones.

Se sientan demasiadas fuerzas que son enemigas declaradas del texto constitucional y cuya aspiración más clara sería la de acabar con ella

La realidad es que en el actual Congreso de los Diputados, que sería el responsable en última instancia de una posible reforma de la Constitución, se sientan demasiadas fuerzas que son enemigas declaradas del texto constitucional y cuya aspiración más clara sería la de acabar con la obra jurídica y política que dio y sigue dando forma a esta España como pleno Estado de Derecho y como espacio de garantía para el ejercicio de las libertades y para la convivencia.

Todas esas fuerzas, todas sin excepción, forman parte de lo que constituye el pacto con el Gobierno de Pedro Sánchez, todas ellas son socias del Ejecutivo. Es más, una de esas fuerzas se sienta en el Consejo de Ministros

En esas condiciones es completamente imposible abordar una posible reforma de la Constitución porque es general y está fundamentado el temor a que por el menor resquicio abierto con otro propósito se cuele el intento por parte de cualquiera de esos partidos políticos para intentar darle la vuelta al texto constitucional y acabar derribándolo o modificándolo gravemente hasta dejarlo irreconocible .

No es que sea posible una reforma a fondo y por la vía directa. No lo es y en la propia Constitución está reglado el procedimiento para abordar las modificaciones sobre todo del tramo reforzado.

No es eso, el temor a abrir la vía de cualquier reforma de la Constitución es que se aprovechara la coyuntura para abrir el debate, previamente cebado en la dirección deseada por sus enemigos, sobre, por ejemplo la Monarquía como forma de Estado de España.

No sería la primera vez, sino la enésima, que eso se intenta porque precisamente es la forma de Estado la que está descrita en el artículo 1 de nuestra Constitución. Lo cual significa que, discutido el artículo 1, discutido todo el ordenamiento jurídico-político que emana del texto. 

Por eso es obligado ser precavido y no caer en la ingenuidad académica de pensar que todo puede ser sometido a debate

Por eso es obligado ser precavido y no caer en la ingenuidad académica de pensar que todo puede ser sometido a debate. Eso es cierto y hasta saludable, en el ámbito de la reflexión intelectual pero, dada la situación parlamentaria de hoy, resultaría del todo insensato abrir la discusión.

Pero la tranquilidad de los constitucionalistas está garantizada porque para cualquier reforma son necesarios los votos favorables de los dos tercios de la Cámara, lo cual significa que sin la colaboración del Partido Popular no es posible abordar ningún cambio en la Constitución. Eso lleva a situaciones absurdas en casos como el que sigue.

Cómo será el grado de desconfianza que los partidos constitucionalistas tienen puesta ahora mismo en los socios del Gobierno que el PP ni siquiera ha abierto hasta el momento la mano para que se puedan introducir cambios -que no son reformas, hagamos esta obligada precisión- en cuestiones nulamente arriesgadas como puede ser una nueva redacción del artículo 49 de la Constitución española: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título [De los derechos y Libertades Fundamentales] otorga a todos los ciudadanos”.

En 1978 cuando los españoles refrendaron masivamente la Constitución, el lenguaje era distinto y la sensibilidad de la ciudadanía también. Pero a día de hoy, el calificar a cualquier discapacitado como “disminuido” constituye una ofensa y una minusvaloración de un colectivo muy diverso y que en el año 2008 en que se publicaron los datos por el Instituto Nacional de Estadística sumaban 3,85 millones de personas, el 8,5% de la población, número y porcentaje que habrán aumentado en los 13 últimos años.

El artículo cuya redacción propone el movimiento asociativo de la discapacidad y que asumió el Gobierno, incluye, además de la sustitución del término “disminuido” por el de “discapacitado” la obligación de los poderes públicos de promover su igualdad real y efectiva.

Pues bien, es tal la desconfianza del PP sobre el destino final de un cambio, aunque sea ése, que como se ve no abre ni de lejos ninguna vía a una reforma constitucional, que se ha negado a respaldarlo con el argumento de que “no es el momento político oportuno” debido a la presencia en el Gobierno “ de partidos que cuestionan abiertamente la Constitución española y cuya voladura pretenden”.

Esto sucedió en septiembre pasado y provocó la desolación y también la irritación de las distintas asociaciones de discapacitados que argumentan, con toda razón, que esta no es una cuestión política sino de derechos humanos.

Pero la tensión provocada por las presiones constantes de los socios del Gobierno por desacreditar y atacar a la Corona -la clave de bóveda de nuestra Constitución- y al Poder Judicial, cimiento y garantía de nuestro Estado de Derecho lleva a la resistencia numantina a abordar ningún retoque, por aconsejable que sea, del texto constitucional.

Los intentos proseguirán y serán intentos coordinados, planificados, insistentes, a veces muy dañinos

Los intentos proseguirán porque tantos los ultraizquierdistas, como los independentistas, como los proetarras, como los antisistema, no han renunciado aún a su objetivo más esencial: acabar con la Constitución española de 1978 para instaurar sus particulares modelos autoritarios y antidemocráticos. Serán intentos coordinados, planificados, insistentes, a veces muy dañinos.

Pero nuestra Carta Magna ha resistido y seguirá resistiendo incólume a los ataques por una razón definitiva: somos muchos, la inmensa mayoría, quienes la defendemos y seguiremos defendiéndola frente a sus enemigos que, precisamente por eso, también son los nuestros.