Se veía venir que esta reunión de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno no iba a servir para nada porque no puede servir para nada una cumbre convocada sin preparación alguna, sin discusión previa, sin saber cuál es la posición de cada cual y sin haber hecho el más mínimo esfuerzo de consensuar antes unos mínimos en los que todos los representantes de las comunidades autónomas, que afrontan situaciones muy diferentes con problemas y pirámides de edad distintos, pudieran estar de acuerdo.
Esto ha sido una frivolidad desde el comienzo hasta el final a cargo de Pedro Sánchez que se ha limitado a recordarnos el muy alto grado de vacunación que hemos alcanzado en España y los objetivos que ya conocíamos de vacunar a los niños mayores de cinco años e inolcular las terceras dosis a toda la población adulta.
Y como eso ya lo sabíamos no tenía ningún sentido que el presidente del Gobierno nos lo planteara como si hubiera sido una conclusión derivada de la reunión de ayer tarde porque no lo era.
No hay ninguna fuente científica que asegura que llevar la mascarilla por la calle nos protege de nada
En definitiva, lo único que el presidente ha asumido en su calidad de jefe del Ejecutivo español es precisamente la medida que todos los expertos consideran inútil para luchar contra el virus: el uso de la mascarilla en exteriores. Es que no hay ninguna fuente científica que asegure que llevar la mascarilla por la calle nos protege de nada porque justamente es en el exterior, es decir, al aire libre, cuando el virus desaparece a gran velocidad empujado por el aire circundante. Lo han explicado miles de veces desde cientos de organismos y revistas científicas.
Pues bien, aparte de la política de vacunación masiva que continuará en los plazos que ya conocíamos, el Gobierno anuncia la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el exterior. No sabemos a qué ley se van a remitir para imponer las sanciones correspondientes a ese previsible incumplimiento pero lo que sí sabemos es que la gente se indignará ante una medida arbitraria y sobre todo inútil salvo que estemos en concentraciones masivas. Pero para combatir ese riesgo ya existían medidas. El presidente ha demostrado ser completamente impermeable a la voz de la ciencia.
Que cada presidente haga lo que quiera o lo que pueda con sus conciudadanos
De todo lo demás, a saber, criterios para reuniones multitudinarias propias de estas fiestas como la Nochevieja, que se celebra igual en todas partes de España, o las cabalgatas de Reyes a las que acuden los niños más pequeños, los que no están vacunados, el presidente del Gobierno se ha puesto una vez más de lado y, envuelto en su palabra favorita cuando de luchar contra el virus se refiere -cogobernanza-, ha concluído que cada presidente haga lo que quiera o lo que pueda con sus conciudadanos.
De aprobar un fondo de dinero añadido para que las comunidades luchen contra el virus, nada de nada. Los Presupuestos cuentan con una partida de 7.000 millones de euros a repartir entre las 17 comunidades y de ahí el Gobierno no se va a mover.
Ha anunciado Pedro Sánchez otra medida que, dadas las circunstancias, es igualmente inútil: el incremento de rastreadores del Ejército, algo que al comienzo de la pandemia resultaba efectivo pero a estas alturas resulta inabarcable dada la extraordinaria capacidad de contagio del nuevo virus ómicron. No hay posibilidad humana de controlar cuántas personas han podido ser infectadas por un positivo de covid y mucho menos si es asintomático como parece que es el 40% de quienes padecen la enfermedad.
Con la legislación existente las comunidades tienen bastante para arreglarse"
Pedro Sánchez
Por lo que se refiere a una medida, esta sí necesaria, la ley de Pandemias, que reclamaron todos o casi todos los presidentes, ésa ni está ni se le espera. Lo ha dicho Pedro Sánchez con toda claridad. Dice que con la legislación existente las comunidades tienen bastante para arreglarse.
Lo que no ha explicado es por qué, si eso es cierto, los líderes autonómicos están acudiendo una y otra vez a sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia e incluso con recursos ante el Tribunal Supremo para que les den el visto bueno y validen jurídicamente a las medidas que pretenden adoptar. El lehendakari vasco Íñigo Urkullu insistía en poder contar con una cierta seguridad jurídica a la hora de enfrentarse al virus. Ni caso.
Sí ha dicho que para descargar la saturación de los centros de Atención Primaria se podrán contratar profesionales de países no comunitarios y quienes dentro de la Sanidad estén jubilados o prejubilados sin que por ello pierdan sus prestaciones. Y eso es muy razonable pero no se necesita una cumbre de presidentes para poner en marcha esa medida.
En definitiva, una reunión improvisada, nulamente planificada, y que ha dado como resultado inevitable y previsto la inutilidad. Una vez más, los presidentes autonómicos han sido abandonados a sus propias fuerzas y a atenerse a sus propios criterios. Para llegar a esa conclusión la XXV conferencia de presidentes estaba de más. Podía no haberse celebrado.
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