Finalmente, la reforma laboral de Rajoy no será derogada. El acuerdo al que han llegado el Gobierno, la patronal y los sindicatos modifica algunos aspectos de la legislación vigente desde 2012, pero mantiene otros esenciales como la flexibilidad que reclamaba Bruselas o la indemnización por despido (que seguirá siendo de 20 días por año trabajado para los ERE).

La negociación de este pacto social, que es bueno para el país porque cierra un foco de conflicto y disipa dudas sobre la regulación del mercado laboral, ha durado nueve meses. En ese tiempo, lo más sorprendente ha sido la evolución de la ministra de Trabajo.

Yolanda Díaz ha pasado de comprometerse a "derogar" la reforma del PP en el Congreso de UGT celebrado a mediados del mes de mayo, a afirmar en noviembre que la derogación "técnicamente no es posible", hasta concluir con un acuerdo en el que consolida la contratación temporal, aunque se reduzcan sus modalidades.

El pacto ha sido posible porque todos han cedido. En especial, el Gobierno.

Los sindicatos han aparcado su pretensión de acabar con la temporalidad a cambio de recuperar la fuerza perdida en la negociación: los convenios de sector prevalecerán sobre los de empresa y cuando estos venzan seguirán vigentes hasta que se firmen otros nuevos (la conocida ultraactividad). En ese equilibrio el Gobierno ha sido un catalizador: más poder sindical a cambio de mantener una flexibilidad que, sin embargo, no convierte al mercado laboral en una selva en la que se pueden encadenar contratos sin fin.

Antonio Garamendi ha logrado sacar adelante el pacto en la Ejecutiva de la CEOE, pero con alto coste. Patronales tan importantes como Foment (Cataluña), CEIM (Madrid), Anfac (automóvil) y Asaja (agricultores) mostraron su oposición a un acuerdo que entienden desequilibrado a favor de los sindicatos, aunque no votaron en contra; se abstuvieron. El presidente de la CEOE siempre ha defendido que un mal acuerdo vale más que un buen conflicto. La cuestión es si las modificaciones a la reforma de 2012 restarán o no dinamismo en la creación de empleo y si el mayor poder sindical no redundará en una subida de costes laborales, justo cuando la inflación amenaza con recortar el poder adquisitivo de los trabajadores.

La ministra de Trabajo ha actuado con pragmatismo. Para su futuro proyecto político era mejor un pacto social que aprobar una reforma sin consenso.

Pero lo más interesante es, insisto, la evolución de Díaz. En una primera aproximación podría decirse que Nadia Calviño (respaldada por Bruselas) ha ganado la batalla. La ministra de Economía siempre mantuvo que la derogación no era una buena idea. Incluso forzó en octubre la presencia de técnicos de su ministerio y del de Seguridad Social en la mesa de negociación. Sin embargo, no es que Calviño le haya torcido el brazo a Díaz. No. Es que Díaz ha sopesado que, para ella, para su futuro político, un acuerdo valía más que una bronca con la CEOE.

La que sale reforzada es la ministra de Trabajo, quien, en un tuit lanzado ayer, bautizó ya conocida como "reforma Díaz" como la "legislación laboral en favor del trabajo decente".

La Yolanda Díaz de finales de 2021 no es la misma que intervino en el Congreso de la UGT puño en alto. La ministra y futura candidata a liderar un movimiento que competirá en las elecciones por arrebatarle al PSOE la hegemonía de la izquierda ha ido modulando su lenguaje y sus formas en aras de ganar terreno en el amplio mar de los votantes socialdemócratas. Como dijo en una entrevista en La Cafetera, ella no quiere quedarse marginada en la esquinita de lo que queda a la izquierda del PSOE. Quiere construir un proyecto transversal, en el que el papel de Podemos quedará reducido a ser un actor más en un conglomerado en el que ella quiere agrupar a distintas tendencias y grupos progresistas (desde los votantes de Ada Colau a los de Compromís).

Díaz quiere tocar todos los palos y por eso gestionó con mimo y discreción su visita al Vaticano. La foto con el Papa Francisco vale su peso en oro si se piensa que hay un grupo importante de votantes de izquierda que profesa la religión católica.

Para ese perfil moderado, ansioso de pescar votos en el caladero socialista, era mucho mejor un acuerdo que una postura maximalista en la legislación laboral. Por ello, la "reforma Díaz" es un peldaño más en la carrera de la ministra de Trabajo para liderar a toda la izquierda.