Pedro Sánchez ha cerrado el año con una victoria política incuestionable: el pacto de los sindicatos y la CEOE para modificar la reforma laboral que aprobó el Gobierno de Rajoy. Esta nueva legislación laboral ha sido bautizada por algunos como la "reforma Díaz", en honor a la ministra de Trabajo (para disgusto de Calviño, que también reclama la paternidad del acuerdo).

Como ya hemos explicado en El Independiente, no se trata de la derogación del decreto aprobado en 2012, sino de unas modificaciones, pocas aunque sustanciales, que giran en torno a dos vectores: devolver poder a los sindicatos en la negociación colectiva y reducir la temporalidad.

El pacto no ha gustado a los socios del Gobierno (PNV, Bildu y ERC), que amenazan con votar en contra del decreto, que incluso ha sido recibido con un sonoro silencio por parte del ex vicepresidente Pablo Iglesias, lo que evidencia que también en el seno de UP hay mar de fondo contra una reforma que, a su entender, no es más que "humo", y que, en todo caso, ha quedado corta en relación a lo pactado en el acuerdo para la formación del gobierno de coalición.

Esa posición crítica de los independentistas e izquierdistas, que obligará al Gobierno a buscar otras alianzas, era de esperar. No ha sorprendido en absoluto. Ellos sólo aceptan la "derogación" de la reforma del PP o, en caso del PNV, que prevalezca lo negociado en el País Vasco sobre cualquier otro ámbito.

Sin embargo, la respuesta frontalmente contraria al pacto de Pablo Casado ha suscitado recelo entre algunos dirigentes de su propio partido, como los presidentes de Galicia (Nuñez Feijóo) y de Andalucía (Moreno Bonilla), que han le pedido un poco de prudencia, leer la letra pequeña antes de disparar.

El problema de Casado es que, en su atropellada comparecencia de esta semana, no explicó con argumentos por qué se opone a la "reforma Díaz", más allá de que todo lo que venga de este Gobierno, a su entender, no puede ser bueno.

Al margen de la táctica política, y de la confirmación de que Génova ha decretado el estado de guerra permanente en un año en el que, como mínimo, habrá elecciones en Castilla y León y en Andalucía, la cuestión es si la norma, que se tramitará como decreto ley a partir de mediados de febrero en el Congreso, es buena o no para la economía. En resumen, si con la "reforma Díaz" se va a crear más y mejor empleo.

Para empezar, lo primero es saber en qué situación nos encontramos. El crecimiento económico no está siendo tan fuerte como el consenso de las instituciones estimaba a mediados de 2021. De hecho, lo que se percibe en España y toda Europa es que el cuarto trimestre va ser peor que el tercero. A saber: estamos ante una desaceleración. Un menor crecimiento (influido por la virulencia de la variante ómicrom) que coincide con una alta inflación que, muy probablemente, se mantendrá durante los primeros meses de 2022 y que amenaza con superar el listón del 7%. Siento decirles esto cuando todos acabamos de brindar porque el año que empieza sea mejor que el que acabamos de despedir.

La limitación a la contratación temporal llega cuando la economía empieza a desacelerarse y en pleno repunte de la inflación. Veremos cómo la "reforma Díaz" no ayuda a crear empleo

Con esa situación en perspectiva (menor crecimiento, más inflación), una limitación en la contratación temporal no va a ayudar a crear empleo, sino todo lo contrario. La práctica eliminación de los contratos por obra y de servicio (de los que, hay que reconocerlo, se ha abusado), no va a favorecer la contratación y, por tanto, aunque el número de contratos fijos aumentara porcentualmente, en números absolutos es probable que incluso éstos disminuyan respecto a los que se han contabilizado en los últimos meses de 2021.

Entonces, ustedes se preguntarán con razón, ¿por qué la CEOE ha aprobado la "reforma Díaz"? Antonio Garamendi quería llegar a un acuerdo. Le parecía que no pactar dejaba las manos libres al Gobierno de coalición para ir mucho más allá y modificara de forma lesiva otros aspectos de la legislación que ahora, con el pacto, se han logrado salvar. Esto es cierto, aunque no creo que Bruselas hubiese dado a Pedro Sánchez luz verde para llevar adelante lo que pretendían sus socios.

Garamendi, también lo hemos contado aquí, sacó adelante el "sí" de la CEOE con notables discrepancias. Fomento y CEIM, nada menos que las patronales Cataluña y Madrid, algo así como el 40% del PIB, se mostraron contrarias a la firma, además de otras organizaciones sectoriales tan importantes como Anfac (automóvil) y Asaja (la agricultura). Este conato de rebelión no se ha sofocado con el mero acto de la firma de acuerdo. Hay muchos empresarios que están a la expectativa. Vamos a ver lo que ocurre cuando la reforma entre en funcionamiento, para lo que el decreto da tres meses de plazo.

Los grandes empresarios (algunos de ellos señores del Ibex) querían un acuerdo y así se lo dijeron al presidente de la CEOE ¿Por empatía con Sánchez? No, más bien por puro interés: las grandes compañías se juegan mucho con los fondos europeos y su posición sobre la reforma es un dato que el Gobierno tendrá en cuenta a la hora del reparto. Tu me ayudas, yo te ayudo.

Pero qué va a hacer el pequeño y mediano empresario, ese que todavía no sabe ni adonde llamar para recibir el maná de Bruselas, cuando la cruda realidad le haga pensárselo dos veces antes de contratar a un nuevo trabajador. El test sobre la "reforma Díaz" lo veremos a lo largo de 2022, más bien en el último semestre del año. Entonces, dicen los empresarios escépticos, las cañas se tornarán lanzas y la oposición en el seno de la CEOE se convertirá en clamor, poniendo en un brete al bien intencionado Garamendi.

La presión política y mediática para que Casado de su brazo a torcer y admita la abstención de su partido ante la aprobación del decreto va a ser, está siendo ya, intensa. No le ayuda, desde luego, que la FAES (Aznar) haya hecho un comunicado apostando por la "reforma Díaz" como mal menor. A la FAES no la financian las pequeñas empresas que son las que crean más del 80% del empleo, sino las grandes que esperan obtener un buen bocado de las ayudas europeas.

Este no es un asunto fácil. Desde luego, la "reforma Díaz" se queda muy lejos del programa de máximos al que aspiraba Podemos y la propia Yolanda Díaz cuando todavía no aspiraba a ser la líder de la izquierda. Podía haber sido peor, sí. Un acuerdo, como reconoce en privado el presidente de la CEOE, siempre es mejor que un conflicto. En eso, tiene razón. Pero la pregunta a la que tiene que responder Garamendi es si esta reforma ayuda a lograr -como él desea en su tuit de felicitación para 2022- "un tejido empresarial competitivo que cree empleo y riqueza".

Me temo que una respuesta sincera sería decepcionante para los que han saludado este acuerdo como un triunfo del diálogo social en el que los trabajadores, por primera vez, "recuperan derechos".

En cuanto a Casado, haría bien en prepararse para la que se le viene encima. Aunque, al margen de las formas, en este asunto creo que tiene razón.