La polémica en torno a las declaraciones al diario inglés The Guardian del ministro español de Consumo, Alberto Garzón, se va a mantener viva por lo menos hasta que se celebren las elecciones en Castilla y León, una región donde el sector ganadero tiene una presencia y un peso muy importantes.
Y se va a mantener viva no solamente porque interesa, y mucho, al Partido Popular, que ya ha registrado una moción de reprobación contra el ministro que ha hecho un magnífico regalo a los populares al poner en sus manos, en plena campaña electoral, la defensa a ultranza del sector, un asunto que parecía ser hasta ahora terreno exclusivo de Vox.
Pero ya digo que la polémica no sólo interesa al PP. También interesa enormemente al PSOE que ve con espanto cómo después de haberse esforzado en regular la producción de carne de modo que cumpla con los muy exigentes estándares de calidad exigidos por la UE, un miembro de su propio Gobierno se lanza a desacreditar la ganadería intensiva en España, que él ha metido en el mismo saco que las macrogranjas, con el argumento de que nuestro país está exportando “carne de mala calidad” proveniente de “animales maltratados”.
El Gobierno no puede permitir que los castellano leoneses se queden con la impresión, falsa, de que el Ejecutivo socialista no se está preocupando por regular y proteger al sector de la ganadería y eso explica que el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, haya hecho ayer, y previsiblemente continuará haciendo estos días, una auténtica tournée por las emisoras de radio y las cadenas de televisión explicando con la solvencia que le falta a su compañero de consejo de ministros, la realidad de la agricultura intensiva en nuestro país.
Y eso es porque en el PSOE son muy conscientes de que si no mantienen el debate abierto de modo que permita que el ministro Planas siga hablando del tema e intentado desmontar la magna metedura de pata del ministro Garzón, sus perspectivas electorales el 13 de febrero van a sufrir un golpe del que no van a poder recuperarse.
Los socialistas necesitan tiempo para enfrentarse a la campaña que ya tiene a punto el PP en defensa cerrada del sector ganadero español y en la que van a acusar a Pedro Sánchez por no hacer algo que de hecho no puede hacer, que es cesar al ministro de Consumo. Necesitan seguir hablando del tema para conseguir alcanzar un control de daños que no acabe por hundirles en las elecciones .
Independientemente de las matizaciones del ministro de Consumo, las afirmaciones contenidas en la entrevista no admiten ninguna duda ni forman parte de ningún bulo"
En Podemos están indignados por el vacío que el Gobierno, con el presidente Sánchez a la cabeza, le están haciendo a Garzón porque sostienen, con un argumento muy manido ya, que estamos ante un bulo montado, cómo no, por la “extrema derecha”.
No señores. Independientemente de las matizaciones que el ministro de Consumo -que cada vez que habla provoca un desastre- hiciera en la entrevista, las afirmaciones contenidas en ella no admiten ninguna duda ni forman parte de ningún bulo. Lo que sucede es que el señor Garzón ha hablado de memoria, con clichés prefabricados y sin conocer la auténtica realidad del sector ganadero español. Bien podría habérselo preguntado antes a su compañero Luis Planas y se habría evitado así hacer una vez más el ridículo. Pero no, para qué va a preguntar nada, si él sabe de lo que habla, no va a saberlo él, con lo listo que es…
Pero se produjo el pasado domingo un hecho muy notable: la seguridad con la que este hombre, al que el cargo le ha venido siempre grande, muy grande, aseguró públicamente: “Doy por hecho que acabaré la legislatura como ministro de Consumo”. Pues, aunque sea sorprendente, resulta que tiene razón.
La cuestión es que Pedro Sánchez no tiene ningún mando sobre la parte podemita de su Gobierno. Y así como tragó con el escándalo de que la mujer de su vicepresidente se hiciera con una cartera de ministra, algo que sería impensable en cualquiera de las democracias europeas, y ha tenido que tragar con que el ministro de Universidades sea un señor que tiene a gala el haber participado en el referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017 y que, por lo tanto, se cisca en la promesa hecha ante Felipe VI de “cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”, se va a tragar también la permanencia de Alberto Garzón dentro de la sala del Consejo de ministros. Y lo que le echen.
Y eso esasí porque el presidente del Gobierno no puede decidir quienes forman parte de éste más que en lo que atañe a la parte socialista del Ejecutivo. En lo demás es un cero a la izquierda y está preso de lo que decidan al margen de s opinión o sus deseos personas como Ada Colau, que fue quien eligió a Joan Subirats para sustituir a Manuel Castells en la cartera de Universidades.
Es un presidente con las manos atadas, cautivo de Podemos en su ambición por alcanzar el poder desde la minoría parlamentaria de sus 120 diputados. Por eso tragará lo que sea menester hasta que decida convocar elecciones, que esa potestad sí que no la ha perdido.
Mientras tanto, seguiremos asistiendo a todo tipo de excesos, errores, torpezas, leyes que no pasan el mínimo exigible para ser presentadas ante el Parlamento, ataques a la Monarquía, pactos indecentes con los proetarras y declaraciones dañinas a los intereses del país, además de falsarias, que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, no moverá un dedo.
Porque no puede. Porque no se lo permiten.
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