Muchos meses de negociaciones, de tiras y aflojas entre el Gobierno y los agentes sociales, siempre con la espada de Damocles de Bruselas sobre la testa, el Ejecutivo de Sánchez ha cerrado, por fin, el círculo de la reforma aboral. Tras su aprobación por decreto en el último Consejo de Ministros del pasado año tocaba ahora su convalidación parlamentaria. Un trámite que se ha producido, sí, aunque de una forma completamente chusca, inesperada y rocambolesca.
Fueron, al final, 175 los votos favorables al texto gubernamental, frente a 174 en contra. Pero ni muchos menos lo fueron ‘quienes tenían que serlo’, o al menos, los que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hubieran esperado. El conocido como ‘bloque de la investidura’ acabó por romperse el pasado jueves, 3 de febrero. ERC, Bildu y PNV cumplieron con sus amenazas y dejaron sólo al Gobierno en uno de los momentos más delicados de la legislatura. A cambio, Sánchez y Díaz recibieron el inesperado -hasta hace unas semanas- apoyo de Ciudadanos, con Arrimadas y Bal celebrando fervorosamente al final de la votación el triunfo de Sánchez como si hubiera sido suyo… ¡y el del PP!, mejor dicho, el de un diputado del grupo popular, Alberto Casero, que se equivocó a la hora de emitir telemáticamente su voto y anotó un ‘sí’ en vez de un ‘no’. Un sufragio que a la postre se manifestó como decisivo puesto que era el ‘número 175’, el que deshacía el empate entre los partidarios del proyecto gubernamental y sus detractores.
Una sesión parlamentaria surrealista
El caos y el griterío en el que devino el final de la agónica sesión parlamentaria fue digno casi de los que a veces contemplamos en algún parlamento del sudeste asiático, o de cualquier película del mejor neorealismo italiano. Acusaciones por parte de los populares hacia la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de conducta ‘antidemocrática’, amenazas del primer grupo de la oposición de agotar ahora hasta el final la vía de reclamación administrativa, y si es necesario llegar hasta el Tribunal Constitucional, y una exhibición de triunfalismo por parte del Gobierno que, aunque justificada, no convendría exagerar puesto que, aunque por el momento, el resultado legal de la votación sea favorable a sus intereses, no debe hacerles olvidar que es producto de un error y que la realidad es que en el momento presente son más los diputados que están en contra de esta reforma laboral que quienes la respaldan. Y lo que es más preocupante: el hecho de que ERC y Bildu se apartaran el jueves del núcleo de apoyo a Sánchez podría ser un principio de algo más serio, de la ruptura del llamado ‘bloque de la investidura’. Lo que ocurra a partir de ahora, ya que aún estamos a mitad de la legislatura, dependerá por entero de la habilidad negociadora del propio presidente y de su fiel escudero, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que deberán empezar a hilar muy fino de cara a conseguir, día a día, esa ‘geometría variable’ que pueda conducirles, sin mayores sobresaltos, a un final relativamente ordenado y tranquilo de los dos años que quedan por delante hasta las próximas elecciones generales, que deberían tener lugar en las postrimerías de 2023… o algunos meses más tarde, si prospera la intención gubernamental de prorrogar este plazo a causa de la Presidencia española de la UE.
Los navarros, bajo la lupa
Especial atención merece la posición de los dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero. Tras anunciar durante las horas previas a tan trascendente votación que votarían a favor, en el sentido en el que les había indicado la dirección de su partido que así lo había acordado con el PSOE, finalmente se alinearon con la oposición de derechas, PP y Vox, y en contra del texto del gobierno. Sé que es habitual, sobre todo en España, que algunos representantes públicos tengan un escaso respeto por la disciplina de partido, pero me temo que, en este caso, ambos diputados deberán dar muchas explicaciones que justifiquen su cambio de actitud. La sanción de sus superiores políticos la tienen segura, aunque es cierto que en el trasfondo del problema se encuentra la inexistencia en la legislación española del famoso ‘mandato imperativo’ que en la práctica se traduce que el parlamentario puede hacer uso del escaño como si fuera suyo, obviando que fue elegido en la lista cerrada de una determinada formación política. Tengo para mí que, en los próximos días, iremos conociendo más detalles que expliquen esta actitud de los dos diputados navarros.
Casero: la nueva estrella del despropósito político nacional
Probablemente hoy, el hombre más buscado de España sea el diputado popular Alberto Casero, que se ha hecho célebre y se ha convertido en tendencia en las redes sociales en muy pocas horas, bien a su pesar. Casero ha declarado, incluso ha dirigido una misiva a la presidenta del Congreso de los Diputados, que fue consciente en tiempo real de su error y que trató en primera instancia de solventar telefónicamente el enredo, pero que ante la imposibilidad de contactar con los servicios de la Cámara se personó en el Congreso de inmediato. La oposición popular ha puesto el grito en el cielo ya que, según parece, la policía impidió el acceso de Casero puesto que la votación ya había concluido.
A favor de que se repita la votación, como exige el PP, se esgrime una normativa de 2012 en la que se establece que los votos emitidos telemáticamente deben ser luego confirmados por cada interesado. Se aduce desde fuentes gubernamentales y desde el propio Congreso que se trata de un protocolo claramente superado puesto que, diez años después, los modernos sistemas informáticos, que entonces no existían, establecen y garantizan estas confirmaciones de manera automática. Los populares han amenazado con llegar al Tribunal Constitucional si no consiguen su propósito por la vía administrativa. Creo sinceramente que, a pesar de lo bochornoso del error, por increíble que resulte, no les quedará más remedio que apechugar democráticamente con él y aleccionar de cara al futuro a sus diputados y senadores… ¡Para que no les vuelva a pasar! Debo decir de todas formas que tampoco me parece políticamente inteligente que el ministro Félix Bolaños haya insistido en que cada semana se producen muchos errores en toda suerte de votaciones parlamentarias, naturalizando así algo que no debería ser normal en absoluto.
La polémica está servida, por si hacía falta aún más crispación a la ya enrabietada vida pública española. Lamentablemente, el cachondeo en la calle, también. Es fácil recurrir ahora a la demagogia de que los diputados y senadores se embolsan en torno a unos 70.000 euros anuales ‘sólo’ por apretar de vez en cuando un botón… ¡y que ni eso saben hacer bien! Flaco favor le ha hecho esta polémica y la tremenda metedura de pata del señor Casero a la estabilidad política y social de esta convulsa España que acaba de estrenar un año, 2022, repleto aún de incertidumbres, aunque al final haya sido por una buena causa: reconducir la precariedad laboral del mercado español, que falta le hace a nuestra maltrecha economía.
El pasado 23 de diciembre los sindicatos UGT y CCOO y los empresarios de la organización CEOE anunciaron que aprobaban […]Muchos meses de negociaciones, de tiras y aflojas entre el Gobierno y los agentes sociales, siempre con la espada de Damocles de Bruselas sobre la testa, el Ejecutivo de Sánchez ha cerrado, por fin, el círculo de la reforma aboral. Tras su aprobación por decreto en el último Consejo de Ministros del pasado año tocaba ahora su convalidación parlamentaria. Un trámite que se ha producido, sí, aunque de una forma completamente chusca, inesperada y rocambolesca.