Lo vivido el pasado jueves en el Congreso durante la votación del decreto ley de la reforma laboral pasará a la historia de nuestra democracia como un suceso vergonzoso, como una falta de respeto a las reglas de juego, algo de lo que debería dar ejemplo la clase política, y también como una burla a la soberanía popular.

En Anatomía de un instante, Javier Cercas se fija en el gesto de incredulidad de Adolfo Suárez cuando las balas aterrorizan a los diputados interrumpiendo el Pleno del Congreso que se celebraba en la tarde del 23 de febrero de 1981. El rostro pétreo del entonces presidente del Gobierno le sirve como epicentro del relato sobre las circunstancias del golpe de Estado de Tejero. El pasado 3 de febrero no vivimos tal atentado contra la democracia, por supuesto, pero sí fuimos testigos de un atropello que aleja a la política del ciudadano, que genera un escepticismo peligroso cuando no un repudio hacia los que nos representan.

Si recordamos lo sucedido -como hizo Cercas con Suárez- nos encontramos con un instante todavía inexplicable. Es el momento en el que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, da por rechazada la reforma laboral ("No queda... Queda derogado el real decreto ley", dijo). Vemos levantarse a los diputados de la bancada del PP y de Vox aplaudiendo una inesperada derrota del Gobierno. Fijémonos en las cara de estupor de Pedro Sánchez, que mira con perplejidad a la vicepresidenta Calviño que a su vez le interroga con un gesto de sorpresa.

Ni un minuto duró la alegría entre las filas de la derecha. Batet rectificó y afirmó que los servicios la Cámara le habían informado de que la reforma había sido "convalidada" por 175 votos a favor y 174 votos en contra. El alborozo cambió de bando. Ahora es la izquierda la que grita y vitorea, la que hace la uve de la victoria, la que imita a la ministra Montero, que aplaude alborozada ante una victoria lograda por los pelos.

Todavía Batet -y ya han pasado casi tres días desde ese instante- no ha explicado públicamente por qué se equivocó.

Fueron momentos de confusión. Se supo casi inmediatamente que los dos diputados de UPN (Sergio Sayas y Carlos García Adanero) que tenían que haber votado "sí" a la reforma, habían votado "no", rompiendo la disciplina de su partido. También se supo que el precio de votar a favor del Gobierno, arreglado por el líder de UPN, Javier Esparza, en una cena con Santos Cerdán -secretario de Organización del PSOE- y con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, había sido salvar de la reprobación al alcalde de Pamplona.

Y pocos minutos después supimos que el voto de la victoria del "si" había sido el del diputado del PP Alberto Casero, que se había equivocado al emitir su voto telemático.

Casero votó desde el domicilio que tiene en Madrid, muy cerca de la sede del PP en la calle Génova. Una gastroenteritis le tenía en cama con una fiebre muy alta. Batet abrió el plazo para el voto electrónico a las 17,15 horas. Mientras que el voto presencial daría comienzo a las 18,15.

Lo importante para el Gobierno era sacar el decreto como fuera. Batet actuó con parcialidad y falta de autoridad. Atribuye al letrado mayor su error al dar por rechazada la reforma y miente cuando afirmó que la Mesa había decidido sobre la rectificación del voto del diputado Casero.

El diputado popular por Cáceres, un hombre de la confianza del secretario general Teodoro García Egea, se dio cuenta de su error, llamó a los servicios jurídicos de la Cámara y a la portavoz de su partido, Cuca Gamarra. Varios miembros del PP, entre los que estaban Ana Pastor -vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso- y Adolfo Suárez Illana - hijo del expresidente Suárez y secretario cuarto de la Mesa- acudieron a hablar con Batet para aclararle lo sucedido. Pero la presidenta se negó en redondo a aceptar el cambio del sentido del voto porque, dijo, no había precedentes de ello. Mientras tanto, Casero se presentó en el Congreso para ejercer su voto de manera presencial, pero no se le dejó entrar en la Cámara aplicando de forma estricta el reglamento.

Tras conocerse el resultado de la votación, Gamarra pidió intervenir pero Batet la cortó en seco. "Señora Gamarra -dijo la presidenta de la Cámara-, precisamente porque la Mesa es conocedora y ha podido analizar lo que usted me va a plantear y es una cuestión técnica de la Mesa, y no de tratamiento del Pleno, no le voy a dar la palabra". Punto final.

En efecto, la decisión sobre si se podía dejar o no votar presencialmente a Casero era algo que compete a la Mesa del Congreso. Pero la Mesa, formalmente, nunca se reunió. Por tanto, Batet no dijo la verdad cuando atribuyó a una "cuestión técnica" analizada por Mesa la decisión de mantener el voto de Casero contrario a su voluntad.

Una hora más tarde, García Egea, Pastor y Suárez Illana se reunieron con Batet en su despacho. La presidenta de la Cámara estaba acompañada por el letrado mayor del Congreso, Carlos Gutiérrez. Fue entonces cuando Batet explicó a los diputados del PP que su error se había debido a que Gutiérrez le había dado mal los datos y que por ello dijo que el decreto había sido rechazado. El letrado mayor permaneció en silencio sin decir esta boca es mía. No obstante, se mantuvo firme en su decisión de no convocar la Mesa para forzar una repetición de la votación. A las once de la noche, Pastor remitió un escrito a la presidenta de la Cámara instándola formalmente a convocar la Mesa apelando al incumplimiento del apartado 6º de la Resolución de la Mesa del Congreso, para abordar la anulación del voto telemático de Casero. Silencio por respuesta.

La reforma laboral ha sido aprobada y tanto el PP como Vox han anunciado sendos recursos ante el Tribunal Constitucional. Ante las acusaciones de "tongo" en la votación de los partidos de la derecha, el PSOE recurrió a Adriana Lastra -conocida por su falta de sutileza- para contraatacar y acusar al partido de Casado de haber "comprado" (sin pruebas) los dos votos de UPN .

"Tongo", "compra de votos"... Como apuntaba ayer en estas páginas Victoria Prego, es la dignidad de la Cámara la que está en juego. Y eso es mucho más importante que la reforma laboral.

Es discutible que la reforma sea una panacea para reducir la temporalidad y, al mismo tiempo, recortar el nivel de paro. Probablemente -también lo hemos dicho en estas páginas- lo mejor que podía haber hecho el PP es abstenerse, ya que la reforma es fruto del diálogo social y da una seguridad jurídica que quedaría en el aire si la nueva legislación queda en suspenso. O mucho peor, si, al final el PSOE cede ante socios tan insensatos y poco comprometidos con la estabilidad como ERC o EH Bildu.

En todo caso, ese es otro debate.

Lo que queda del Pleno del Congreso del 3 de febrero es que el Gobierno ha actuado con lógica maquiavélica: el fin justifica los medios. La interpretación de una norma -por mucho que se empeñe Bolaños, que es en efecto muy listo, pero que trata a todos los demás como si fueran tontos- no puede ir contra la esencia de una votación, que es expresar la voluntad de los diputados. Se equivocó Casero, al igual que se equivocó Batet cuando dio por derrotado el decreto. Pero, cuando una norma tan trascendental -la más importante de la legislatura, según el presidente Sánchez- sale adelante gracias a un voto por error, lo lógico es repetir la votación.

Pero no. Lo importante aquí, según parece, es quién sale victorioso, no importa con que artificios. Se reprocha al PP el cambio del sentido del voto de los diputados de UPN, cuando se sabe y ha sido reconocido públicamente que esos dos votos sirvieron para salvar la cabeza del alcalde de Pamplona. Qué alguien me explique qué tiene que ver la continuidad de dicho alcalde con la reforma laboral.

La política debería ser una actividad noble y respetable. Un arte, llegan a decir algunos. Ante todo, tendría que ser dar ejemplo de honestidad y respeto hacia las opiniones de los demás.

Es la política lo que salta por los aires en ese instante de estupor que recordamos en el Pleno del Congreso del pasado jueves. Piensen en un momento lo que está en juego. Y después que nadie se queje del auge del populismo.