Sánchez va a necesitar a Feijóo. Incluso más que a Yolanda Díaz. La guerra ha reducido el margen de maniobra con el que el presidente contaba para relanzar la economía a unos meses de las elecciones generales.

Las líneas maestras del presupuesto tendrán que ser modificadas. Habrá menos crecimiento y se producirá una desaceleración en la creación del empleo. Sin embargo, lo que más preocupa en Moncloa es la inflación, que ya, antes incluso de que los tanques rusos entraran en Ucrania, se situaba en el 7,6% (dato del mes de febrero).

El presidente espera que la próxima cumbre europea le permita llevar al Consejo de Ministros del 29 de marzo bajadas del IVA para el gas y los carburantes. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le dijo a Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, con el que se entrevistó la semana pasada, que el Gobierno estaba dispuesto a "topar" el precio del gas para moderar la subida de los precios de la electricidad. No se quieren cometer los errores del pasado otoño. El hachazo a las eléctricas, que hizo levitar de placer a Podemos, se transformó en un boomerang para el Gobierno, que tuvo que dar marcha atrás en su cruzada demagógica. Ahora toca consenso.

Cuando el presidente habla de "pacto de rentas" lo hace pensando en que el IPC va a superar el 10% esta primavera. Quiere evitar que la subida de precios se traslade a los salarios y que ello provoque un círculo vicioso que haga perder competitividad a la economía, algo que, por desgracia, ya hemos vivido en España. El "pacto de rentas" significa que los sindicatos tendrán que aceptar pérdida de poder adquisitivo. En el Gobierno se baraja la cifra del 3% como orientación a los interlocutores sociales. La CEOE ve con buenos ojos esa cifra. No la consideran disparatada. Los sindicatos tampoco están por la labor de montarle una huelga general a este Gobierno. El miedo a las consecuencias de la guerra cuida la viña de la paz social.

La inflación media este año rondará el 8%, pero Bruselas no va a permitir que las pensiones suban tanto. Se avecinan tiempos difíciles en los que Sánchez va a necesitar a Feijóo

Sin embargo, los sindicatos ya no tienen el monopolio de la repulsa. Los transportistas, los agricultores, los pescadores, los autónomos... ven cómo, tras dos años de pandemia, ahora tienen que sufrir una subida de precios que les va a complicar aún más la existencia.

Pero lo peor es lo que va pasar con los pensionistas. La ley Escrivá, aprobada el pasado 28 de diciembre, garantiza la revalorización de las pensiones. Es decir, que los jubilados no pierden poder adquisitivo. El cálculo se hace con la inflación media de cada año, según reza la norma. Pues bien, los expertos calculan que la inflación media de este año -eso sin que la guerra se extienda a otros países europeos- puede rondar el 7% o el 8%. ¿Pueden subir las pensiones este año un 8%? La respuesta es "no". Bruselas no va a permitir ni a Escrivá, ni a Díaz, ni a Sánchez la chulería de subir las pensiones en ese porcentaje. Como mucho, las pensiones en 2023 podrán subir un 4%, con lo que la pérdida de poder adquisitivo, por primera vez en muchísimos años, rondará esa cifra: el 4%.

Por eso, como decía al principio de este artículo, el presidente va a necesitar la ayuda del líder de la oposición. Sánchez, que ha agradecido el apoyo del PP al envío de armas al gobierno de Ucrania, no sólo va a necesitar la ayuda de Feijóo para que el presupuesto de Defensa alcance el 2% del PIB (como pide la OTAN y repudia Podemos), sino también para que asuma los sacrificios económicos a los que obliga la situación de guerra.

El descontento social se va a visualizar en los próximos meses. Incluso podríamos estar a las puertas de un 15-M al revés. Es decir, que la repulsa fuera canalizada y rentabilizada por Vox.

Ese es el dilema con el que se va a enfrentar Feijóo nada más que asuma la presidencia del PP en el Congreso de Sevilla: aceptar un gran pacto de Estado para compartir con el Gobierno los sacrificios económicos que se avecinan, o dejar sólo a Sánchez en la gestión de la crisis.